El Tribunal de Cuentas rechaza suspender el juicio contra Puigdemont por desviar fondos al 1-O
La Fiscalía reclama tres millones de euros a los ex altos cargos catalanes, mientras que la acusación que ejerce Sociedad Civil Catalana (SCC) eleva la cifra hasta los cinco
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F7d4%2F55a%2F26f%2F7d455a26f3fb52e906cf1c1f4d3226ca.jpg)
El Tribunal de Cuentas (Tcu) ha rechazado suspender el juicio del próximo 17 de noviembre por el presunto desvío de fondos para el referéndum del 1-O y la acción exterior del independentismo. Carles Puigdemont había solicitado paralizar la vista porque el Tribunal Supremo aún no le ha condenado y, por tanto, no se le puede exigir ninguna "responsabilidad contable", pero la consejera del Tcu, Elena Hernáez, ha desestimado su recurso: "La sentencia del Tribunal Supremo aportada por los solicitantes no resulta de aplicación a su caso concreto".
Tras conocer el rechazo, Puigdemont ha presentado un nuevo escrito en el que pide declarar por videoconferencia. Lo hace con la siguiente redacción: "El molt honorable president se encuentra, por razones y como consecuencia de su cargo, en estos momentos y en el día previsto para su declaración fuera de Cataluña y de España".
El juicio sentará en el banquillo a Puigdemont y otros 34 ex altos cargos catalanes, entre los que destacan el también expresidente catalán Artur Mas y el líder de ERC Oriol Junqueras. La Fiscalía les reclama tres millones de euros por estos hechos, mientras que la acusación que ejerce Sociedad Civil Catalana (SCC) eleva la cifra hasta los cinco. La consejera en ningún caso puede condenar por un importe superior al que solicitan, por lo que el máximo posible queda fijado por la demanda de estos últimos.
La decisión de seguir adelante con el juicio se produce horas después de que Puigdemont haya cerrado un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez que garantiza la aprobación de una ley de amnistía. Aunque el texto definitivo de esta norma aún no se conoce, todo apunta a que no limitará el perdón al ámbito penal y afectará también a este procedimiento del Tribunal de Cuentas.
La aprobación definitiva de la amnistía en ningún caso se producirá antes del 17 de noviembre, pero, una vez presentada la iniciativa en el Congreso, las partes podrán volver a la carga y pedir el aplazamiento. Tras completarse el trámite parlamentario, el Tribunal de Cuentas tendrá que decidir a su vez si la aplica de forma inmediata o trata de presentar una cuestión de inconstitucionalidad, lo que implicaría bloquear sus efectos hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Esta sería la primera vez que el Tribunal de Cuentas recurre a esta figura y existe cierto debate sobre si puede o no hacerlo, al tratarse de un órgano que no forma parte del Poder Judicial.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F780%2F5af%2F518%2F7805af518ede704d346bda521208e253.jpg)
Puigdemont deja vendido a Junqueras
El argumento de Puigdemont de que el Tribunal de Cuentas no podía enjuiciarle porque el Supremo todavía no le ha condenado dejaba vendidos a Junqueras y otros ex altos cargos: "Mis representados todavía no han sido juzgados, por lo que procede, cuando menos respecto de ellos, la suspensión de las presentes actuaciones por manifiesta prejudicialidad penal", argumentaba el abogado Gonzalo Boye en nombre de Puigdemont y los también huidos Antoni Comín y Clara Ponsatí. "El Tribunal de Cuentas no puede pronunciarse en ningún caso sobre la responsabilidad contable derivada de una conducta presuntamente delictiva mientras no exista una resolución penal firme".
Su escrito abría así la puerta a continuar con el juicio contra los líderes del procés que ya fueron condenados por el Tribunal Supremo, entre los que se encuentra Junqueras, pero también el exconsejero de Asuntos Exteriores Raül Romeva. De hecho, la defensa de Puigdemont apuntaba de forma directa a su condena de octubre de 2019 para argumentar que el procedimiento del Tribunal de Cuentas se ha "basado exclusivamente" en esa sentencia.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F202%2F088%2F606%2F202088606ab1f806b8ee4c56de35d1f7.jpg)
Esta no era la primera vez que la defensa de Puigdemont trata de librarse del Tribunal de Cuentas con un argumento que no es aplicable al resto. En diciembre de 2022, durante la audiencia previa, su defensa alegó que el procedimiento debía detenerse tanto para él como para Comín y Ponsatí por la inmunidad de la que gozaban como eurodiputados. La consejera del tribunal, Elena Hernáez, también rechazó en aquella ocasión sus argumentos.
El Tribunal de Cuentas (Tcu) ha rechazado suspender el juicio del próximo 17 de noviembre por el presunto desvío de fondos para el referéndum del 1-O y la acción exterior del independentismo. Carles Puigdemont había solicitado paralizar la vista porque el Tribunal Supremo aún no le ha condenado y, por tanto, no se le puede exigir ninguna "responsabilidad contable", pero la consejera del Tcu, Elena Hernáez, ha desestimado su recurso: "La sentencia del Tribunal Supremo aportada por los solicitantes no resulta de aplicación a su caso concreto".