Puigdemont pide parar el juicio del Tribunal de Cuentas en pleno atasco de la amnistía
La continuidad del juicio queda ahora a la espera de este nuevo recurso, pero también de las negociaciones que su partido está llevando a cabo en Bruselas con el Gobierno
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Carles Puigdemont acaba de presentar un escrito ante el Tribunal de Cuentas en el que pide suspender el juicio que está previsto para el próximo 17 de noviembre. El expresidente catalán y otra treintena de altos cargos catalanes se enfrentan a una condena de hasta cinco millones de euros por el referéndum del 1-O y el presunto desvío de fondos para la acción exterior, pero, en pleno atasco de las negociaciones sobre una ley de amnistía, su defensa argumenta que "el Tribunal de Cuentas no puede pronunciarse en ningún caso sobre la responsabilidad contable (...) mientras no exista una resolución penal firme".
El escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, asegura que el hecho de que la jurisdicción contable sea compatible con la penal no quiere decir que ambas puedan actuar simultáneamente: "Es más, podrían darse resoluciones contradictorias vulnerando gravemente los derechos de mis mandantes, sin perjuicio de la vulneración de la seguridad jurídica que podría generarse al producirse o no unos hechos dependiendo de la jurisdicción en la que nos encontremos".
Los líderes del procés, con Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras a la cabeza, ya trataron de frenar el procedimiento durante la fase previa, pero la consejera del tribunal, Elena Henáez, rechazó sus argumentos. La Fiscalía reclama tres millones de euros a los encausados y Sociedad Civil Catalana (SCC) eleva la cifra hasta los cinco. La consejera en ningún caso puede condenar por un importe superior al que solicitan, por lo que el máximo posible queda fijado por la demanda de estos últimos.
La continuidad del juicio queda ahora a la espera de este nuevo recurso, pero también de las negociaciones que el propio Puigdemont está llevando a cabo en Bruselas con el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la amnistía. Aunque el texto definitivo aún no se conoce, todo apunta a que no limitará el perdón al ámbito penal y afectará también al procedimiento que se sigue en el Tribunal de Cuentas.
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Abre la puerta a seguir el juicio contra Junqueras
El abogado Gonzalo Boye presenta este nuevo escrito en nombre de Puigdemont y los también huidos Antoni Comín y Clara Ponsatí. A lo largo de nueve páginas, incide en que ninguno de ellos ha sido todavía condenado por el Supremo en la causa del procés, lo que impide seguir adelante con este juicio en el Tribunal de Cuentas: "El procedimiento penal en contra de mis representados constituye un elemento previo, fundamental y necesario para determinar cualquier eventual responsabilidad contable".
Boye defiende que la suspensión de la vista es imprescindible para "salvaguardar las garantías constitucionales", "la presunción de inocencia" y "el derecho de defensa". Según destaca, el juicio se centra en el 1-O y la acción exterior, por lo que "es evidente que se trata de los mismos hechos" que el Supremo aborda en la causa del procés y se basa "exclusivamente" en la condena que este tribunal impuso a Oriol Junqueras y el resto de altos cargos que no huyeron en 2019.
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Boye abre incluso la puerta a mantener el juicio contra estos últimos, pero considera que en el caso de Puigdemont, Comín y Ponsatí no hay discusión posible: "Mis representados todavía no han sido juzgados, por lo que procede, cuando menos respecto de ellos, la suspensión de las presentes actuaciones por manifiesta prejudicialidad penal". El abogado apunta para ello a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y descarta la posibilidad de "procesos paralelos sobre los mismos hechos, incluidos los no penales".
"Es, por lo tanto, inviable, que un mismo hecho pueda existir o no dependiendo de la jurisdicción en la que estemos", critica. "Repugna a los principios más esenciales del Estado de derecho, y desde luego al derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, el que dos jurisdicciones puedan conocer simultáneamente de una supuesta responsabilidad civil derivada de unos mismos hechos".
Carles Puigdemont acaba de presentar un escrito ante el Tribunal de Cuentas en el que pide suspender el juicio que está previsto para el próximo 17 de noviembre. El expresidente catalán y otra treintena de altos cargos catalanes se enfrentan a una condena de hasta cinco millones de euros por el referéndum del 1-O y el presunto desvío de fondos para la acción exterior, pero, en pleno atasco de las negociaciones sobre una ley de amnistía, su defensa argumenta que "el Tribunal de Cuentas no puede pronunciarse en ningún caso sobre la responsabilidad contable (...) mientras no exista una resolución penal firme".