Artur Mas, condenado a pagar 4,9 millones por la consulta del 9-N

El expresidente catalán Artur Mas ha sido condenado por el Tribunal de Cuentas a pagar de forma solidaria con otros nueve miembros del Govern 4,9 millones de euros por su responsabilidad contable en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, informan fuentes jurídicas a El Confidencial. Además de Mas, también tendrán que afrontar partes menores de este pago la exvicepresidenta Joana Ortega, el exconsejero de Presidencia Francesc Homs y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau, así como cargos funcionariales de la Generalitat.

El juicio tuvo lugar en octubre, un año después de que el Tribunal de Cuentas impusiese la fianza total de 5.251.948,17 euros para garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en aquella consulta declarada ilegal, unos fondos que debían pagar de forma subsidiaria los investigados y que como no se abonó en tiempo y forma, fue confiscada en embargos de bienes inmuebles a los afectados.

El TSJC se hizo cargo de la jurisdicción penal, por la que condenó a Mas a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional con el 9-N

El Tribunal de Cuentas dividió el coste que considera que supuso la celebración del 9N en varios bloques para calcular esta cantidad y concluyó que Artur Mas figuraba en todos ellos, por lo que tendría que responder por los 4,9 millones si los demás no pueden hacer frente al reembolso. En lo que se refiere al resto de condenados, el tribunal solo les considera responsables de algunos bloques y el pago que les exige es menor: Ortega 865.674 euros por la web institucional, la fabricación del material de la votación, el pago de un seguro para los voluntarios y el soporte informático construido; Homs 1.979.063 por la campaña de publicidad institucional, el soporte informático, el envío de correos a los ciudadanos y el centro de prensa que montó el Govern, y Rigau 2.800.735 por la compra de ordenadores.

El resto de condenados por el Tribunal de Cuentas son cargos funcionariales de la Generalitat: Luis Beltrán, 698.685,15 euros por el soporte informático; Josefina Valls, 81.143,15 por el material utilizado en la consulta; Ignasi Genovés y Jordi Vilajoana, 806.403,52 euros por la campaña de publicidad; Jaume Domingo, 307.962,71 euros por el envío de correos postales, y Teresa Prohias, 21.767,90 euros por un contrato menor. Asimismo, la sentencia del Tribunal de Cuentas desestima "por falta de legitimación pasiva" la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado al considerar que reclama fondos para la Generalitat pero no para el Estado.

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El Tribunal de Cuentas se ha encargado de la jurisdicción contable, es decir, las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se hizo cargo de la jurisdicción penal, por la que condenó al expresidente a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional, así como a la exvicepresidenta Joana Ortega (un año y nueve meses) y la exconsejera de Enseñanza (un año y medio) por ser cooperadoras necesarias del delito de desobediencia.

Los 7.000 ordenadores del 9-N

Al margen de Mas, el Tribunal de Cuentas impone el mayor pago a la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau, a quien exige 2.800.735 por la compra de los ordenadores que fueron utilizados en la consulta. Según se explica en la sentencia, la exconsejera "firmó una solicitud de soluciones TIC dirigida al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) haciendo constar como objeto de la misma la prestación de servicios tecnológicos elementales no integrados en otras soluciones, que representan 7.000 ordenadores personales al coste de 400 euros IVA incluido".

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Los portátiles fueron entonces entregados entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2014 en delegaciones territoriales de la Generalitat o en sedes de las empresas con las que se habían firmado los contratos, entre las que el fallo destaca Fujitsu, tras lo que se "efectuó la instalación en los ordenadores del programa informático diseñado para el registro de asistentes a las mesas de votación". Una vez finalizada la consulta, la propia Fujitsu se encargó "de la desinstalación de los programas y borrado de datos y contenidos relacionados con el proceso participativo", lo que permitió que el 16 de diciembre se repartieran los ordenadores por distintos centros escolares de Cataluña en un intento de justificar su compra como material escolar.

"Nos han traído por venganza"

A su salida del juicio el pasado octubre, Mas defendió que los ordenadores portátiles que se utilizaron eran para las escuelas catalanas, tachando así de "irrelevante" que los 2,8 millones de euros con los que se adquirieron hubieran estado previamente consignados en la partida para el referéndum que anuló el Tribunal Constitucional. "Nos han traido aquí por venganza", denunció el expresidente frente al Tribunal de Cuentas.

"Una vez usted ha hecho una modificación de partida, el dinero no queda en una partida concreta para una finalidad específica, o va a otra partida o a un fondo de contingencia que sirve para atender prioridades a criterio del Gobierno. Imagino, aunque como presidente de la Generalitat no entraba ahí, que se hizo así", defendió el político, tratando así de desmarcarse de la financiación de la consulta del 9 de noviembre.