eleva los gastos del 'procés' a cuatro millones

La Guardia Civil descubre que Mas ya montó en 2014 una 'app' para robar datos del IRPF

La Generalitat gastó 500.000 euros meses antes de la primera consulta del 9-N en un sistema para apropiarse del impuesto de la declaración de la renta, competencia exclusiva del Estado

Foto: El expresidente de la Generalitat Artur Mas (c). (EFE)
El expresidente de la Generalitat Artur Mas (c). (EFE)

La investigación sobre los gastos del 'procés' ha elevado la presunta malversación hasta los cuatro millones de euros y salpica ya a Artur Mas. La Guardia Civil ha descubierto que su Gobierno desarrolló en 2014 una aplicación informática para apropiarse de la mayor cantidad posible de datos de las declaraciones de la renta (IRPF) y poder gestionar así en el futuro ese impuesto de competencia estatal. El Ejecutivo de Carles Puigdemont terminó desactivando el programa en 2016 para apostar por otra estrategia más agresiva con la que buscaba quedarse, además del IRPF, los ingresos por IVA, impuesto de sociedades e impuestos especiales (alcohol, tabaco, hidrocarburos...). El sistema estaba prácticamente listo para entrar en funcionamiento al día siguiente de la declaración unilaterial de independencia (DUI).

Los investigadores del Instituto Armado han averiguado ahora que el origen de ese plan se remonta a 2014. Documentos y correos electrónicos intervenidos en la operación Anubis revelan que el Govern de Mas encargó un sistema a la multinacional tecnológica IBM para acumular información del IRPF justo en los meses anteriores a la primera gran consulta independentista del 9-N. El plan coincidió con una campaña de la Asamblea Nacional Catalana que llevaba por lema 'Declara't a Catalunya' y tenía como objetivo que los ciudadanos presentaran voluntariamente su declaración de la renta ante el organismo de recaudación de la Generalitat.

“El objetivo principal de esta aplicación informática fue el de alimentar las bases de datos de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) con la información relativa al IRPF que contenían las copias de las declaraciones tributarias de aquellas personas que estimasen oportuno entregarlas a la ATC, tras haber realizado la liquidación correspondiente ante la AEAT”, expone un informe de la Guardia Civil —con fecha del pasado 10 de octubre y 165 páginas de extensión— al que ha tenido acceso El Confidencial. Los investigadores subrayan que el propósito último del programa era “obtener de forma unilateral la mayor cantidad posible de información relativa a un impuesto, el IRPF, cuya competencia correspondía en exclusiva a la Administración estatal”.

El desarrollo de esta aplicación, que recibió el nombre de 'Gestor de entradas', fue dirigido por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat —el mismo organismo que se encargó de desarrollar la página web del 1-O y construir el armazón informático de la consulta—, y supuso un desembolso para las arcas públicas de 511.720,95 euros que, a juicio de la Guardia Civil, elevan de nuevo el desvío de fondos al 'procés'.

Mas no logró los resultados que esperaba por la falta de colaboración ciudadana y el sistema acabó siendo desmantelado por su sucesor. Según el informe, 'Gestor de entradas' fue dado de baja del catálogo de aplicaciones del CTTI por el Govern de Puigdemont en 2016. Sin embargo, a partir de ese momento se puso en marcha otra estrategia mucho más ambiciosa. El nuevo plan consistió, sostienen los investigadores, en centralizar en la ATC la recaudación de los impuestos que se pagan en Cataluña, incluidos los de competencia estatal. “Bajo el pretexto de alcanzar un mayor grado de eficiencia en la recaudación de estos tributos y una simplificación en los trámites burocráticos, los responsables de la Generalitat perseguían pasar a controlar una cifra que oscilaba entre los 4.500 y 5.000 millones de euros anuales, para llegado el momento en el que declarasen la independencia, poder financiar inicialmente la nueva administración estatal de Cataluña”.

La estrategia llegó a materializarse. La Guardia Civil ha comprobado que el Ejecutivo de Puigdemont encargó nuevamente a IBM el desarrollo de un módulo llamado 'back office SAP TRM', que precisamente sirvió para que la ATC pudiera gestionar de forma masiva los impuestos del Estado, una facultad que excedía holgadamente sus competencias. Por esta otra aplicación, que se ocultó en un sistema denominado eSPRIU aparentemente normal, la Generalitat abonó a la multinacional estadounidense otros 241.382,30 euros. “Era un elemento necesario para que el programa pudiese cumplir la función para la que había sido implementado”, concluye la Guardia Civil.

El informe suma a las dos partidas anteriores los 6.287 euros que pagó el Govern entre enero de 2016 y enero de 2017 para costear varios viajes de trabajo realizados por altos cargos de la Generalitat para recopilar información sobre las estructuras de la Cataluña independente. Se han detectado reuniones en Eslovenia, Noruega, Londres, Irlanda y Flandes.

La Guardia Civil acusa al actual vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que en 2017 era secretario de Economía, de falsear un informe de gastos para ocultar que el verdadero propósito del desplazamiento a Eslovenia, en que él participó, era “recibir asesoramiento por parte de las autoridades eslovenas acerca de los pasos a seguir para la creación del Banco Central de Cataluña”, como demuestra la abundante documentación incautada al respecto en los registros de la operación Anubis.

Pere Aragonès, a la izquierda, junto a Quim Torra. (EFE).
Pere Aragonès, a la izquierda, junto a Quim Torra. (EFE).

Hasta ahora, la Guardia Civil había detectado gastos en la financiación del 'procés' que sumaban 3.260.796 euros, incluyendo los sobres de la consulta, el envío de las tarjetas censales, la publicidad institucional, la contratación de los observadores internacionales y las obras de reforma de una nave anexa del CTTI para dar soporte a los colegios el día del referéndum. Con estos capítulos descubiertos ahora, la cifra total se dispara ya hasta los 4.020.186 euros, una cantidad que apuntala la acusación contra los líderes independentistas por malversación de caudales públicos.

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