Dos policías piden personarse como víctimas en la investigación contra Tsunami

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Dos agentes de la policía acaban de presentar un escrito ante la Audiencia Nacional en el que solicitan personarse como perjudicados directos de las acciones de la plataforma Tsunami, a la que el juez Manuel García-Castellón investiga por delitos de terrorismo y en la que figuran como imputados Carles Puigdemont y Marta Rovira. En un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, aseguran que presentan lesiones derivadas de los actos de "terrorismo callejero" que se produjeron en la jornada de huelga del 18 de octubre de 2019. El Juzgado ha aceptado su personación como acusación particular, lo que amplía la posibilidad de afianzar -como defiende el instructor- que los disturbios provocaron víctimas y heridos de consideración.

El escrito que firma el despacho Fuster Fabra indica que después de varios días de incidentes, el día 18 de octubre de 2019, se habían convocado diversos eventos con potencial incidencia en el orden público. Los policías se encontraban de servicio aquel día, en el Equipo de Mando y Apoyo del jefe de la II UIP, y tenían como principal cometido la protección de la Jefatura Superior de Policía. El primero de ellos recibió un impacto muy fuerte de un objeto lanzado por los manifestantes que golpeó sobre el lado derecho de su casco, cayendo al suelo desplomado y perdiendo el conocimiento por completo, mientras que el segundo recibió un fuerte impacto en su mano, mientras formaba parte del operativo, sufriendo una grave fractura abierta en el radio de su brazo derecho con desplazamiento, y que, tras varias intervenciones quirúrgicas no llegó a resolverse. Este último ha sido jubilado a la edad de 45 años. Ambos se encontraban en la Plaza de Urquinaona cuando sucedieron los hechos.

En su última resolución, el juez destacaba la necesidad de indagar en las posibles víctimas, entre las que destaca la muerte de un ciudadano francés que sufrió un infarto durante el bloqueo de Tsunami al aeropuerto de El Prat de 2019. “El análisis de los hechos expuestos no permite excluir, en absoluto, que Tsunami Democràtic pudiera tener la consideración de grupo terrorista". También hacía expresa mención a las heridas recibidas por la Policía.

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En el caso de Puigdemont, García-Castellón le ofrecía la posibilidad de comparecer voluntariamente ante la Audiencia Nacional por tratarse de un miembro del Parlamento Europeo. Si no lo hace, cursará el correspondiente suplicatorio para que se le levante esa especial protección y obligarle a comparecer como investigado. "Se trata de una de las personas de las que está acreditado indiciariamente (...) que acudió a las reuniones que se celebraron en Ginebra los días 29 a 31 de agosto de 2019, y donde pudo haberse planificado la actuación de Tsunami Democràtic", explicaba el auto.

La defensa de los agentes presenta como prueba de las lesiones, los informes médicos del día de los hechos, "sin perjuicio de que más adelante se aporten otros informes posteriores donde puede comprobar la gravedad y la evolución de las lesiones". La ley de amnistía registrada por el PSOE este lunes especifica que se borrarán aquellos delitos de terrorismo que no cuenten con sentencia firme, como es el caso que se encuentra, aún, en fase de instrucción.

La Fiscalía no comparte el criterio del instructor y ya ha recurrido tanto la imputación de Puigdemont como de Rovira al considerar que "los indicios que se consignan resultan insuficientes". Según concluye en un escrito presentado el pasado viernes, ninguna de las pruebas recabadas permite "sostener la existencia de una organización o grupo criminal ni tampoco su carácter terrorista”.

Al descartar los indicios de terrorismo, la Fiscalía complica la continuidad de la causa en la Audiencia Nacional, que es el tribunal competente para investigar esta clase de delitos. Si logra imponer su criterio, la investigación quedaría en manos de los juzgados de Barcelona: "El fiscal interesa la revocación de la resolución impugnada declarando la incompetencia de la Audiencia Nacional para conocer del procedimiento con inhibición al órgano judicial competente territorialmente