El último informe sobre Tsunami deja a sus 'capos' al borde de la imputación por terrorismo

El último informe de la Guardia Civil sobre Tsunami Democràtic contiene datos que dejan a los presuntos cerebros de la plataforma al filo de una imputación por terrorismo, aunque la previsible ley de amnistía que negocia el PSOE con los partidos independentistas diluiría cualquier responsabilidad penal.

El documento policial incorpora mensajes de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otros supuestos cabecillas de las protestas contra la sentencia del 1-O que evidencian que el grupo quería perturbar el orden constitucional y "generar una situación de crisis generalizada en el Estado español", unas motivaciones perseguidas expresamente por la legislación antiterrorista. Otras comunicaciones indican que Carles Puigdemont aprobó la creación de Tsunami y estaba al corriente de sus diferentes acciones.

El instructor del caso, el juez Manuel García-Castellón, pretende pronunciarse en las próximas horas sobre las implicaciones de los nuevos indicios criminales descubiertos por el Instituto Armado. El artículo 573 del Código Penal, actualizado en 2015 para incorporar una directiva aprobada por la Unión Europea en 2002, expone que se considerará terrorismo "cualquier delito grave" contra la libertad o el patrimonio que tenga por fin "subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo", así como aquellas actividades que busquen "alterar gravemente la paz pública", entre otros supuestos.

La Guardia Civil señala en su informe de implicación de Tsunami Democràtic, enviado la semana pasada a la Audiencia Nacional, que esos eran precisamente los fines que perseguían Rovira y el resto de líderes independentistas, como el exconsejero de ERC Xavier Vendrell y el actual diputado autonómico de la misma formación Rubén Wagensberg, que dirigieron la entidad ocultándose tras nombres en clave y aplicaciones informáticas de máxima seguridad. Su propósito era generar "una estructura y una dinámica capaz de plantear una resistencia a largo término" para desafiar al Estado, según las comunicaciones intervenidas. Todas las movilizaciones de Tsunami fueron "planeadas premeditadamente con esa clara intencionalidad", añaden los investigadores.

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El informe pone como ejemplos de esa estrategia, usando palabras de los organizadores, "la ocupación de los bancos, en la que se pretendía causar un perjuicio económico en algunas de las empresas que conforman el Ibex 35"; "el bloqueo de la actividad del Aeropuerto de El Prat, intento de cerrar los accesos del centro de control aéreo Enaire de Barcelona Gavià y el intento de bloqueo de los accesos al Aeropuerto de Barajas para trasladar las consecuencias de la represión y de la falta de diálogo al núcleo económico del Estado", y "el llamamiento a desobedecer a la Junta Electoral con la convocatoria de una jornada de actividades culturales, políticas y festivas para la jornada de reflexión, fijada el día 9 de noviembre de 2019".

También encajaría en ese patrón "el colapso de la frontera entre España y Francia a su paso por La Junquera (Girona) para", según expresiones de los líderes de Tsunami, "aislar al Estado español de Europa en su frontera norte". El corte implicó el cierre durante tres jornadas de la principal conexión de transporte de mercancías entre España y el resto del continente. Otros mensajes demuestran que los cabecillas de Tsunami sabían que esta acción provocó un daño de 15 millones de euros a la economía nacional solo en sus primeras horas.

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La Guardia Civil recuerda que la mayoría de sus convocatorias acabaron con graves disturbios y altercados. También subraya que Tsunami no fue un movimiento espontáneo, sino un plan urdido en secreto a lo largo de más de un año para vehicular todas las protestas contra el dictamen del 1-O. "Los ideólogos y las personas que pusieron en marcha el proyecto cuentan con una trayectoria activista y de movilización social, siendo un elemento común en todos ellos su constante celo por mantener en secreto su identidad". Sin embargo, pese a las extremas precauciones que adoptaron sus dirigentes para no ser descubiertos, la plataforma consiguió un elevado grado de coordinación y especialización.

En ese sentido, el documento policial apunta que Tsunami contó con una "estructura de apoyo en materia comunicativa, logística, legal, económica u operativa, entre otras". "Las labores propias de estos ámbitos o áreas de trabajo eran desarrolladas por equipos de personas seleccionadas según su experiencia profesional y aptitudes, conformando así una organización", concluye la Guardia Civil. Esta descripción del funcionamiento de Tsunami equipararía este colectivo con otras organizaciones terroristas clásicas.

Las diligencias contra el grupo comenzaron a instruirse justamente en la Audiencia Nacional ante la acumulación de indicios de que sus acciones podían ser constitutivas de un delito de terrorismo. El juez Manuel García-Castellón se inclina por esa interpretación y el informe de la Guardia Civil le ofrece más argumentos para sostener esa tesis.

Por contra, el fiscal del procedimiento cree que los hechos encajan en el tipo penal de desórdenes públicos. La reciente personación como acusación popular de la asociación Dignidad y Justicia y del partido político Vox, que han anunciado que pedirán que los involucrados sean investigados por terrorismo, incrementa considerablemente las posibilidades de que prospere esta tipificación. En ese caso, los investigados por Tsunami se sumarían a los 12 miembros de los CDR a los que se les intervino material explosivo y que ya están procesados por terrorismo.