Laura Borràs, la pieza 'fuera de juego' en el puzle de la ley de amnistía

El caso de la presidenta de Junts per Catalunya (JxCAT), Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de cárcel en marzo pasado por corrupción, no encuentra acomodo en el listado de exonerados por la ley de amnistía. Fuentes solventes señalaron a El Confidencial que una persona cercana a Borràs llegó a proponer a Carles Puigdemont que si ella quedaba fuera de la lista de beneficiados por la amnistía "no habría acuerdo". Desde el PSOE, se observó la cuestión con cierto escepticismo: "Pues no habrá acuerdo". Pero Puigdemont tenía mucho más que ganar firmando que boicoteando el pacto y, al final, dio luz verde al mismo.

Con el redactado provisional de la ley, el caso de Laura Borràs no entra en ninguno de los supuestos que podrán acogerse a la amnistía. La presidenta de Junts fue la directora, entre 2013 y 2016, de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), un organismo dependiente de la Consejería de Cultura. En ese periodo, adjudicó a su amigo Isaías Herrero un total de 18 contratos que ascendieron a 335.700 euros. En el ordenador de Herrero se hallaron correos enviados por Borràs dándole órdenes sobre cómo realizar las trampas para que se le adjudicasen los contratos de la ILC. Las aplastantes pruebas determinaron, al final, su condena, ante las protestas de Borràs, de su círculo más íntimo y de algunas plataformas radicales y de extrema derecha que la defendieron hasta la extenuación.

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En algunos sectores de Junts, en ERC y en la CUP, el parecer es unánime: el caso de Borràs no tiene nada que ver con la política, sino que es de corrupción y, por tanto, no ha de afectarle la ley de amnistía. JxCAT no planteó nunca directamente el tema al PSOE, según indican a El Confidencial tanto fuentes del PSOE como de los independentistas. Pero la mención a "casos de lawfare" en uno de los párrafos del acuerdo abría la puerta a incluirla en una componenda política futura. De hecho, Borràs cambió en 2022 los estatutos de su partido para no ser cesada de su cargo si finalmente era condenada: introdujo una cláusula por la que un militante condenado por sentencia firme en un caso de lawfare no sería cesado de sus cargos. Así, se blindó en la presidencia del partido y cuando fue condenada a cuatro años y medio en marzo pasado, no se inmutó y se aferró a su sillón.

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Aplicando la misma fórmula, quería blindarse ante la Justicia introduciendo el concepto de lawfare en el pacto con el PSOE. Puigdemont aceptó la propuesta para poder incluir también a su círculo más íntimo en la ley. "El de Borràs es un caso claro de corrupción. Es típico. Estaremos atentos para que no se produzcan circunstancias extrañas en los casos que se acojan a la amnistía", aducen fuentes de ERC a este diario. En principio, según coinciden distintas fuentes, el caso Borràs no entrará en la lista de beneficiados por la amnistía, aunque con las trampas y minas introducidas en el texto no puede descartarse cualquier eventualidad.

Los que se libran

Sí entran, en cambio, los casos de los fugados en Bélgica (Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret) o en Suiza (Marta Rovira y Anna Gabriel), de los condenados por el 1-O (Oriol Junqueras y otros exconsellers, además de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los Jordis, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart) que cumplieron diversas condenas de cárcel o los altos cargos del Govern pendientes aún de juicio por desobediencia, prevaricación y malversación (entre ellos, el actual presidente del grupo de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, el presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, y la consejera de Cultura, Natàlia Garriga).

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Los que fueron condenados por el 9-N, es decir, Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, quedarán libres de culpa, pero no tendrán derecho a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa. No obstante, los 33 altos cargos del Govern con una causa pendiente en el Tribunal de Cuentas sí se verán beneficiados, salvo si ya hubiese "resolución administrativa firme y ejecutada", cosa que no existe aún, lo que les ahorrará a los independentistas sanciones por un monto de más de cinco millones de euros, que en buena parte ya fueron aportados por la caja de resistencia, y el resto, avalado por la Generalitat. Los miembros de la Mesa del Parlament condenados por desobediencia quedarán libres de culpa, lo mismo que el cesado expresident Quim Torra.

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También quedarán libres de culpa los dirigentes de Tsunami Democràtic a quienes se acaba de imputar el delito de terrorismo (con Carles Puigdemont y Marta Rovira a la cabeza) y los integrantes del comando de los comités de defensa de la república (CDR) detenidos durante la operación Judas, en septiembre de 2019, que preparaban atentados por toda Cataluña. Asimismo, se desactivan las acusaciones contra los activistas que hayan sido juzgados o tengan causas pendientes por alborotos públicos, los alcaldes y concejales condenados o pendientes de juicio por desobediencia y prevaricación y, supuestamente, los policías que intervinieron en el 1-O para hacer cumplir las resoluciones judiciales.

El intento de incluir al abogado Gonzalo Boye dentro del grupo de amnistiados no será posible, puesto que el letrado está acusado de blanqueo de dinero para el narco Sito Miñanco, que nada tiene que ver con el independentismo. Su inclusión en los casos de lawfare estaba cogida por los pelos: los independentistas aprovechan para asegurar que si no hubiese sido el abogado de Carles Puigdemont, posiblemente no lo hubiesen procesado o hubiese tenido un trato más afable, una afirmación demasiado arriesgada, por cuanto los casos en los que intervino con Miñanco son antiguos, no están conectados con el independentismo y siguieron su curso sin interferencias políticas.

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Las trampas del texto

El proyecto de ley tiene sus trampas en el redactado: perdona todo "atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, resistencia u otros actos contra el orden y la paz pública" de los independentistas, pero excluye "los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad". Con ello, pueden ser condenados los policías que hubiesen provocado un herido entre los manifestantes que los atacaban arrojándoles vallas, ladrillos o cócteles molotov, pero no los alborotadores.

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También excluye "los actos tipificados como delitos de tortura o de tratos inhumanos o degradantes". No deja de ser curioso que las acusaciones de los independentistas contra agentes del orden siempre contienen el concepto de torturas (un independentista llegó a calificar de tortura el hecho de que el tono de llamada del móvil de un agente eran los compases del himno nacional de España) o tratos degradantes, por lo que el proyecto permite que se condene a los agentes del orden por unos sucesos, liberando de culpa a los que les atacaban. Además, durante los disturbios, hubo agentes gravemente heridos, cuyos atacantes quedarán ahora libres de culpa. Curiosamente, también excluye los "delitos de terrorismo". Pero ¿cómo incluir entonces a la docena de activistas que preparaban atentados con bombas caseras? Pues, sencillamente, añadiendo la coletilla "siempre y cuando haya recaído sentencia firme". Como todavía no hay sentencia contra los miembros del comando de CDR que preparaban atentados, quedan incólumes. Y lo mismo cabe decir de los implicados en el tema de Tsunami.

Excluye también, sorprendentemente, "los delitos en cuya ejecución hubieran sido apreciadas motivaciones racistas, antisemitas, antigitanas u otra clase de discriminaciones referentes a la religión y creencias de la víctima, su etnia o raza, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad…". Todas esas actuaciones nada tienen que ver con el procés ni con la independencia. En este apartado, no nombra, por ejemplo, posibles cuestiones de catalanofobia o de hispanofobia, que podrían ser los delitos más usuales durante el decenio negro de Cataluña.