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Moncloa pierde el control del relato de la amnistía en Bruselas en un ambiente tenso
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Ofensiva del Partido Popular Europeo

Moncloa pierde el control del relato de la amnistía en Bruselas en un ambiente tenso

Los socialistas no logran tener la iniciativa sobre la amnistía en el debate público de Bruselas y el PP llevará el asunto a la Eurocámara, pero la Comisión Europea no intervendrá salvo que se den las condiciones

Foto: El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell. (EFE/EPA/Olivier Matthys)
El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell. (EFE/EPA/Olivier Matthys)
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El Gobierno jugaba con una ventaja fundamental a la hora de explicar la amnistía en Bruselas a los socios europeos y las instituciones comunitarias: en general, los no españoles tienen una imagen positiva y algo indiferente hacia la idea. A muchos les parece algo bueno si ayuda a que desaparezca un problema del que vienen escuchando hablar desde 2017. Cuando el lunes pasado el Financial Times publicó un editorial en el que aseguraba que la amnistía era un “riesgo que merece la pena correr”, muchos en España se llevaron las manos a la cabeza, pero la verdad es que reflejaba bastante bien lo que se pensaba en Bruselas y en otras capitales europeas.

Pero justo el día en que los socialistas han presentado el proyecto de ley de amnistía, el Gobierno ha visto cómo ha perdido la iniciativa a la hora de explicar esa medida a nivel europeo: primero a través de un medio de comunicación muy influyente en Bruselas, después con la ofensiva del Partido Popular Europeo (PPE) y Ciudadanos a través de la Eurocámara y por último por las palabras de un exministro de Sánchez, Josep Borrell, actual jefe de la diplomacia europea, que se ha mostrado crítico. La Moncloa sí que ha hecho calar su explicación en sectores importantes donde se encuentra el poder duro, en la Comisión Europea, con la que ha habido una interlocución continua durante meses que ha hecho que el Ejecutivo español tuviera muy claro cuáles eran los terrenos pantanosos que el texto legal no debía explorar. En principio, el Gobierno no debería tener problemas serios con la institución. Sin embargo, a nivel público y de comunicación, el Gobierno no ha dado ningún tipo de explicación sobre la estrategia detrás de la amnistía.

Todo se limitó a la estrategia de puertas adentro. La primera vez que Pedro Sánchez mencionó la palabra amnistía fue en la rueda de prensa posterior a la cumbre de Granada, rodeado de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Charles Michel, presidente del Consejo de la UE. El mensaje implícito que enviaba el presidente en funciones era de consumo interior: que Bruselas respaldaba la idea. En la estrategia, Europa jugaba un papel doméstico. Pero el Gobierno no ha trabajado todo lo que rodea a ese poder duro de la capital comunitaria, todo ese ecosistema propio de periodistas, generadores de opinión y políticos.

En el ejercicio de la discreción en la negociación, los socialistas han descuidado el frente de la opinión pública en Bruselas. Y se empezó a torcer este lunes, a las 7:12. La rutina matutina de Bruselas está muy marcada desde el momento en que uno se despierta: leer la newsletter diaria de Politico, el portal de noticias europeas de referencia, revisar el Financial Times, tomar un café y saludar a tu pareja. En ese orden. Desde los altos funcionarios de la Comisión Europea, los embajadores y los diplomáticos, hasta los becarios y los últimos que han llegado a la capital comunitaria. Y todos ellos este lunes por la mañana se han despertado con una newsletter que carga de forma durísima contra el Partido Socialista Obrero Español y contra Pedro Sánchez.

La newsletter se hace eco de las protestas de las organizaciones judiciales y señala que “en todo el espectro político, políticos, jueces e intelectuales han advertido sobre una crisis constitucional”, niega la narrativa socialista de que Junts acata la Constitución a través de un desmentido rotundo por parte de Aleix Sarri, jefe de gabinete de Carles Puigdemont, y ataca de forma directa y descarnada la idea del cupo catalán, dando por hecho que Barcelona se quedaría con todos los impuestos: “En Bruselas, Sánchez insta a las capitales ricas como Berlín a mostrar solidaridad redistribuyendo su riqueza entre las más pobres. Que no se entere el canciller alemán, Olaf Scholz, de que, dentro de España, Sánchez está considerando la demanda de Junts de que Cataluña se quede con el 100% de los impuestos recaudados allí”.

Poco después, el PPE ha emitido un comunicado conjunto de su presidente, el alemán Manfred Weber, junto con la líder de la delegación española, Dolors Montserrat, de nuevo cargando contra la amnistía. Los democristianos europeos tienen atado que la semana que viene, durante el pleno que se celebrará en Estrasburgo (Francia), se realice un debate sobre la situación del Estado de derecho en España. Cuentan con el apoyo del grupo de los liberales (Renew Europe) y de los ultraconservadores (ECR), además, quizá, de los ultranacionalistas (ID), por lo que el asunto saldría adelante y se incluiría en la agenda. Pero es que incluso si alguno de ellos falla, a los populares europeos les toca escoger el “debate temático” de la semana que viene, por lo que podrían incluirlo también por esa vía. En resumen: la semana que viene en Estrasburgo se discutirá sobre la amnistía y la situación en España, aunque dicho debate no tendrá ningún efecto legal.

Foto: Carles Puigdemont el pasado 9 de noviembre en Bruselas. (Reuters/Yves Herman)

El PPE no está solo en ese ambiente hostil. Este mismo lunes, ALDE, el núcleo duro de los liberales europeos de Renew Europe, la formación continental liderada por el partido de Emmanuel Macron, ha emitido también un duro comunicado. "La defensa del Estado de derecho y un poder judicial independiente no son negociables en nuestra democracia europea. Los liberales europeos se mantienen firmes en su compromiso inquebrantable de defender el Estado de derecho”, ha explicado Ilhan Kyuchyuk, vicepresidente de ALDE.

Será un debate agresivo, “hispano-español” como se le llama aquí: probablemente dominado por los eurodiputados españoles de distintas formaciones que se enzarzarán en un cruce de acusaciones, pero al mismo tiempo los partidos españoles intentarán buscar a un par de colegas extranjeros que logren transmitir el mensaje de que el asunto importa más allá de los Pirineos. España acostumbra a llevar muchos asuntos nacionales al pleno de la Eurocámara, para aburrimiento y queja de eurodiputados de otras nacionalidades. De hecho, en marzo ya se abordó la situación del Estado de derecho en España en un debate muy bronco. Pero esta vez es distinto. Hay un ambiente menos favorable a la Moncloa y las palabras de Borrell tampoco ayudarán a los intereses de los socialistas.

El golpe de Borrell

Y es que el lunes siguió empeorando para el Ejecutivo español. Al finalizar un Consejo de Asuntos Exteriores, el alto representante de la Unión para Política Exterior fue preguntado por la amnistía y los acuerdos del PSOE con Junts y ERC. “Todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política previa pueden imaginar lo que pienso”, ha explicado Borrell, que en su cargo de jefe de la diplomacia europea debe tener cuidado de no mezclar su rol institucional y sus opiniones personales y políticas. “Sin conocerla con detalle no me puedo pronunciar, pero sí conozco los acuerdos políticos alcanzados con dos partidos independentistas y ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones lógicas, por otra parte, porque se trata de un problema complejo y difícil sobre el cual en su momento, no ahora, me expresaré”, ha asegurado en rueda de prensa.

Foto: Josep Borrell. (EFE/Franck Robichon)

Poco después, preguntado por sus palabras, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores en funciones, que había estado con Borrell todo el día, ha asegurado que ningún ministro le ha preguntado por la amnistía y que, sin embargo, muchos ministros se han acercado a felicitarle por la reelección de Sánchez. Pero la realidad es que el asunto ha ido permeando, que cada vez más se habla de ello en charlas informales, en cafés y cervezas con amigos y conocidos, sin que eso signifique que los curiosos por la situación estén en contra de la amnistía. El Gobierno quiere trasladar la imagen de que el asunto ni siquiera existe fuera de España. Pero la realidad es que Borrell no ha respondido a preguntas de ningún medio español: ha sido el periodista del periódico francés Le Monde el que le ha pedido su opinión sobre el asunto.

Un ambiente hostil

El Gobierno partía con ventaja inicial en este asunto. Von der Leyen evitará siempre que pueda tener un enfrentamiento con Sánchez, porque siempre ha tenido una muy buena relación con él, el Ejecutivo español siempre la ha apoyado y es un socio fundamental si quiere la reelección. Y tener a Von der Leyen de tu lado es muy importante, porque la alemana tiene un control sin precedentes de todo lo que pasa dentro de la Comisión Europea. Por otro lado, Bruselas tenía claras cuáles eran sus líneas rojas, como había mostrado en el pasado: respetar el presupuesto de la Unión Europea, algo que ya había advertido cuando la reforma del Código Penal afectó a la malversación, y cualquier mención en la ley que pudiera generar dudas respecto a la separación de poderes, como habría sido la mención del lawfare. El Gobierno ha tenido cuidado de no pisar esas dos minas.

Eso no ha evitado que incluso así, con una muy buena relación con Von der Leyen y un intercambio constante con la Comisión Europea, Didier Reynders, comisario de Justicia, enviara una carta pidiendo más información sobre la ley de amnistía el pasado miércoles, un día antes del acuerdo entre PSOE y Junts. Aquella misiva enfureció al Gobierno en funciones, que lo vio como una intromisión. El importantísimo número de quejas que se están recibiendo, tanto por parte de ciudadanos anónimos como de organizaciones y también del Partido Popular y también de la delegación de Ciudadanos en la Eurocámara, pero sobre todo el posicionamiento unánime de organizaciones judiciales de todas las sensibilidades políticas, han hecho que en Bruselas se mire con especial atención la situación.

Foto: El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders. (EFE/EPA/Georgi Licovski)

Pero incluso así la Moncloa sigue contando con ventaja. La estrategia de los populares pasa en gran medida por hacer que la Comisión Europea intervenga, y salvo que haya algo en lo que muy claramente tenga competencias, el Ejecutivo comunitario no va a tomar medidas. Pero el ambiente a nivel público empieza a ser hostil y eso tampoco ayuda en nada. Muchos bruselenses habrán recibido su primera información sobre el asunto con una newsletter muy dañina para el Gobierno este lunes por la mañana, y muchos otros habrán visto al jefe de la diplomacia europea mostrarse en contra ese mismo día por la tarde. El debate de la semana que viene será agresivo y duro, e incluso sin tener ningún efecto práctico hará que haya atención sobre el asunto.

La narrativa es solamente eso: la narrativa. Uno no gana o pierde únicamente por la narrativa, pero es un factor importante a tener en cuenta. Pero el Gobierno ha perdido la iniciativa a la hora de marcar una narrativa. Incluso el editorial del Financial Times de la semana pasada, que reflejaba tan bien la imagen que en general se tiene de la situación, era claro sobre algo: sabían que el acuerdo se está haciendo solamente para sacar adelante la investidura. No compraban que hubiera una estrategia de concordia de fondo. Sencillamente defendían que se trataba de un riesgo que merecía la pena asumir, incluso si era por las razones equivocadas. Lo que ha ocurrido en la última semana y especialmente en las últimas horas es que algunos se preguntan si políticamente era de verdad una apuesta que mereciera la pena hacer.

El Gobierno jugaba con una ventaja fundamental a la hora de explicar la amnistía en Bruselas a los socios europeos y las instituciones comunitarias: en general, los no españoles tienen una imagen positiva y algo indiferente hacia la idea. A muchos les parece algo bueno si ayuda a que desaparezca un problema del que vienen escuchando hablar desde 2017. Cuando el lunes pasado el Financial Times publicó un editorial en el que aseguraba que la amnistía era un “riesgo que merece la pena correr”, muchos en España se llevaron las manos a la cabeza, pero la verdad es que reflejaba bastante bien lo que se pensaba en Bruselas y en otras capitales europeas.

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