Bruselas lleva España a la Justicia europea por la falta de independencia de Adif

La Comisión Europea lleva al Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no estar aplicando correctamente las normas para la creación de un "espacio europeo ferroviario común". El Ejecutivo comunitario considera que España "infringe varias disposiciones", en concreto en lo referente al papel del administrador de infraestructuras, Adif, señalando que existe una falta de independencia del administrador, pero también de Renfe. En caso de que el TJUE dé la razón a la Comisión Europea y el Gobierno mantenga su incumplimiento, Bruselas puede solicitar el establecimiento de multas diarias.

La directiva europea establece que el administrador de infraestructuras debe ser independiente y, aunque los técnicos comunitarios admiten que una reciente ley da a Adif "un nivel adecuado de independencia a la hora de establecer el sistema de tarificación", Bruselas señala que "la legislación española incluye una disposición transitoria que suspende la aplicabilidad de las nuevas normas hasta que el administrador de infraestructuras apruebe y publique las nuevas disposiciones". El problema, señalan desde el Ejecutivo comunitario, es que dicha ley no establece ningún plazo determinado para que Adif establezca esas nuevas disposiciones. "Si bien España modificó su legislación relativa a la determinación de los cánones por la utilización de infraestructuras en un sentido que podría cumplir los requisitos establecidos en la Directiva, parece que el nuevo sistema aún no está operativo", señalan los técnicos comunitarios, debido a la disposición transitoria.

"A menos que se actúe con rapidez, las tasas de acceso a las vías se considerarán de facto impuestos, que se establecerán en las próximas leyes de presupuestos españoles para 2024 y 2025. En estas circunstancias, existe el riesgo de que el antiguo sistema siga aplicándose hasta 2024 y 2025. En consecuencia, las empresas ferroviarias no podrán impugnar los derechos de acceso a las vías. Al estar recogidas en una ley, dichas acusaciones no pueden impugnarse ante los Tribunales españoles", señala la Comisión Europea en un comunicado.

Falta de independencia

"Además, no está claramente garantizada la independencia de los consejos de administración de los administradores de infraestructuras (Adif) y de la empresa ferroviaria correspondiente (Renfe)", señala la Comisión Europea en su comunicado. "Teniendo en cuenta la composición del consejo de administración, que es nombrado por el Ministerio de Transportes, el derecho del ministerio a poner fin al mandato de sus miembros y las normas relativas a la toma de decisiones, cabe concluir que el Estado es capaz en efecto de ejercer una influencia decisiva en los acuerdos del consejo de administración, incluidos los que afectan a los precios de los billetes", subraya el Ejecutivo comunitario.

Desde el año 2018, la Comisión Europea emplaza a España a que cumpla con la directiva. Y el Gobierno siempre ha arrastrado los pies. Ha ido cumpliendo, pero dejando siempre cosas pendientes. En 2019 el ministerio avisó a Bruselas de que ya había resuelto los problemas indicados en la primera carta del Ejecutivo comunitario, pero este tuvo que aclarar que todavía había cosas por abordar. De nuevo en 2022 el Gobierno informó a la Comisión de que ya había trasladado la directiva europea a la legislación nacional, pero de nuevo ahora los técnicos comunitarios consideran que todavía quedan cosas pendientes.

La liberalización del mercado ferroviario está siendo un éxito para los consumidores, pero un verdadero dolor de cabeza para Renfe. La francesa Ouigo y la hispanoitaliana Iryo están haciéndose cada vez más fuertes en las dos primeras rutas que se han liberalizado, la Madrid-Barcelona y también entre la capital y Valencia, y ya han quitado el control a AVE. Recientemente, la Comisión Europea también abrió una investigación contra Renfe por su sistema de venta de billetes online. "A la Comisión le preocupa que la supuesta negativa de Renfe a suministrar estos contenidos y datos en tiempo real pueda impedir que las plataformas compitan con los propios canales digitales directos de Renfe en perjuicio de los consumidores", señalaba el Ejecutivo comunitario.