El Gobierno autoriza ahora la escolta a Puigdemont en Waterloo por "grave situación de inseguridad"

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Carles Puigdemont quiere volver a gozar de privilegios inmediatos, aún antes de aprobarse la ley de amnistía. El pasado lunes 6 de noviembre, su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay, envió una carta al consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, para solicitarle una escolta urgente debido a la “grave situación de inseguridad”. Le exige “la asignación inmediata y con carácter de urgencia de los efectivos de escolta de Mossos que son necesarios para el desarrollo de las funciones del president Carles Puigdemont (…) teniendo muy presente el aumento del nivel de peligrosidad y riesgo para la persona, detectado especialmente desde hace algunas semanas, hecho que es público y notorio”. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado esta misma mañana que el Gobierno tramitará dicha petición, pese a tratarse de un prófugo de la Justicia que, si a día de hoy pisa territorio nacional, tendría que ser detenido.

"Nadie cuestiona la seguridad de las personas, por muchas diferencias ideológicas que pueda haber", ha suscrito Bolaños en una entrevista en RAC1, donde también ha avanzado que cree "que el Ministerio del Interior la tramitará y seguro que resolverá lo que proceda". Lo cierto es que Puigdemont ha sido increpado en lugares públicos por ciudadanos que le han gritado improperios: desde Alemania a Bruselas, pasando por Collioure, el fugado ha tenido que soportar imprecaciones de ciudadanos españoles que le reconocían por la calle.

El mandatario fugado siempre ha tenido un miedo atroz a cualquier agresión. En Alemania, poco después de ser puesto en libertad tras su detención en marzo de 2018, un ciudadano le increpó en un lugar público (solamente le gritó: "Golpista") y él se asustó. Desde aquel momento, comenzó a hacer partícipes a su entorno de que temía por su seguridad e incluso por su vida. A partir de ese momento también realizó frecuentes viajes a Hamburgo, desplazándose a menudo por el país teutón para minimizar el riesgo de agresión.

La crispación de una parte de la sociedad española le supone ahora otro peligro añadido, ya que no hace mucho fue abucheado en Bruselas. Por ello, como ya hiciera en otras ocasiones, Alay apela a que Puigdemont es expresident y, como tal, tiene derecho a llevar escolta. El jefe de gabinete echa en cara al conseller Elena que hace 22 meses que le envió una carta haciendo la misma petición, pero que no recibió contestación. En la nueva misiva, exige el derecho a otorgarle “la máxima protección”, aunque obvia el hecho de que es aún un prófugo de la Justicia española. Pese a todo, las circunstancias han cambiado, con un pacto firmado y una ley de amnistía en la cocina.

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El Ministerio del Interior matiza a El Confidencial que por el momento no tienen ninguna petición de escolta por parte del expresidente Puigdemont encima de la mesa. Añaden que, si esa solicitud de protección personal se ha cursado a los Mossos d'Esquadra, la Policía catalana es un cuerpo integral con competencias para adoptar la decisión que entiendan más acertada, sin participación del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

"Tiene derecho a escolta"

Fuentes de la consejería de Interior señalan a El Confidencial que "la petición de escolta no es nueva. Pero, cuando esa escolta es en un territorio fuera de Cataluña, hemos de pedir permiso al Ministerio del Interior. Ya la pidieron los exconsejeros Miquel Buch y Miquel Sàmper. El conseller Elena también la pidió hace unos meses, pero la denegaron. Ahora parece que la cosa va por mejor camino".

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Desde el Govern se entiende que, “como expresident, tiene derecho a llevar escolta. Así lo dice la ley. Pero, como vive en Bélgica, no es una decisión que dependa de nosotros, sino del Ministerio del Interior. El ministro Fernando Grande-Marlaska es quien tiene la última palabra”. Tras el pacto al que llegaron JxCAT y PSOE, la situación se ha aclarado mucho y, de hecho, si sale adelante la ley de amnistía, Puigdemont no tendrá ningún cargo pendiente ante la Justicia, por lo que conservará intactos todos sus derechos como expresidente.

Durante estos años, Puigdemont ha mantenido en su palacete de Waterloo una discreta escolta de seguridad formada por mossos de permiso. Según ha podido conocer El Confidencial, una quincena de agentes se han ido turnando para realizar labores de vigilancia en el palacete, aunque tienen prohibido salir al exterior para impedir que les puedan descubrir. La vigilancia se realiza desde una sala del edificio, cuyo exterior está plagado de cámaras. Durante años, la seguridad fue coordinada por el sargento Lluís Escolà, recientemente condenado, junto al exconsejero de Interior, Miquel Buch, por realizar labores de escolta de Puigdemont cuando oficialmente tenía que cumplir su labor de asesor del conseller. Buch fue condenado a cuatro años y medio de cárcel y Escolà, a cuatro años de prisión.

Buch había pedido al Ministerio del Interior permiso para poner escolta al fugado, pero el Gobierno central siempre denegó la petición. De ahí que simulase la contratación de Escolà como asesor y que este siguiese a Puigdemont por medio mundo como escolta pese a que oficialmente decía que tenía una grave lesión de espalda que le impedía trabajar de guardaespaldas.