El Gobierno envía la ley de amnistía a Bruselas y pide reunirse con la Comisión para explicarla

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, quiere viajar a Bruselas y reunirse con Didier Reynders, comisario de Justicia, y Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea, para explicarles la ley de amnistía. Son los dos comisarios que podrán pronunciarse sobre dicha norma. Así lo confirman fuentes de la Comisión Europea poco después de que el Gobierno haya enviado el texto de la norma al Ejecutivo comunitario para que sea analizada por sus servicios jurídicos. El Ejecutivo en funciones, por medio de la portavoz, Isabel Rodríguez, también se ha referido a este movimiento de la Moncloa y ha asegurado que se trata de un "compromiso" del Gobierno tras el intercambio de cartas de la pasada semana.

El miércoles de la semana pasada, Reynders envió una carta a Bolaños y también a Pilar Llop, ministra de Justicia, pidiéndole más información sobre la futura ley de amnistía. Aquella misiva, que llegaba en la víspera del anuncio del acuerdo entre el PSOE y Junts, enfureció a la Moncloa. El ministro de la Presidencia escribió una carta cargada de ironía para responder de forma rápida al comisario de Justicia, señalando que no era el Gobierno, sino los grupos parlamentarios los que presentarían dicha norma, aunque sí le emplazaba a una reunión que "sirva para que conozca la apuesta del Gobierno por la definitiva superación de la grave crisis institucional, política y social que se vivió en Cataluña".

Este martes, Bolaños ha remitido a Reynders la "continuación" de la misiva para informarle del registro de la norma en el Congreso por parte del grupo socialista en la Cámara Baja y le adjunta una copia. El dirigente socialista recuerda que el texto debe seguir ahora su camino parlamentario, pero le reclama esa reunión "a la mayor brevedad posible". En el mismo sentido va la carta enviada a Jourová, según el escrito que ha adelantado elDiario.es y al que ha tenido acceso esta redacción. "Seguro que será de su interés", apunta el ministro de la Presidencia en el texto enviado a la política checa que ejerce como vicepresidenta de la Comisión con las competencias en Valores y Transparencia.

Isabel Rodríguez, después del que será la última reunión de este Consejo de Ministros, ha recordado que la pasada semana "no existía" la ley y ha asegurado que el Ejecutivo está "encantado" de compartir la norma con las instituciones europeas. Ha insistido en que el escrito es "impecable desde el punto de vista jurídico y está anclado en el marco constitucional".

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Marisol Hernández

En principio, los servicios jurídicos de la Comisión Europea no deberían encontrar demasiados problemas en la ley. El Gobierno conocía los límites y las líneas rojas del Ejecutivo comunitario, porque la comunicación ha sido constante a todos los niveles, y ha tenido cuidado, moviéndose dentro de ese espacio. Eso incluía evitar cualquier mención al lawfare o referencia clara que indicara una interferencia en la independencia de los jueces, y que se amnistiaran delitos relacionados con el presupuesto de la Unión Europea. El segundo caso está claramente incluido en las excepciones de la ley, y la primera lectura del texto indica que el Gobierno tampoco incluyó ninguna referencia que pudiera generarle problemas en el primero de los casos.

El texto, en su exposición de motivos, alude directamente al derecho de la Unión Europea donde, asegura, el perdón general está "perfectamente homologado". También recuerda que, en el orden constitucional, "buena parte de los países de nuestro entorno geográfico e influencia jurídica" contemplan la amnistía. La norma alude también a sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avalan las amnistías.

El ambiente será algo tenso con Reynders. En su carta, el belga, que comparte familia europea con Ciudadanos, señalaba que había “serias preocupaciones en relación con los debates en curso sobre la posible adopción de una ley de amnistía”. La Comisión Europea está recibiendo muchísima presión. Recibe miles de quejas de ciudadanos anónimos, pero también de organizaciones y asociaciones. Ha preocupado especialmente el posicionamiento unánime de todas las grandes asociaciones judiciales de todas las sensibilidades políticas. Además, el Partido Popular Europeo llevará el asunto al pleno de la Eurocámara la semana que viene en Estrasburgo, lo que aumentará la presión sobre el Ejecutivo comunitario. Incluso si no hay problemas técnicos o jurídicos, en Bruselas habrá mucha presión política y social.