La Fiscalía recurre la imputación de Puigdemont en Tsunami y descarta el terrorismo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la imputación del expresidente catalán Carles Puigdemont y de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por terrorismo en la investigación sobre Tsunami Democràtic al considerar que "los indicios que se consignan resultan insuficientes". Según concluye en un escrito presentado este mismo viernes, ninguna de las pruebas recabadas permite "sostener la existencia de una organización o grupo criminal ni tampoco su carácter terrorista".

Al descartar los indicios de terrorismo, la Fiscalía complica la continuidad de la causa en la Audiencia Nacional, que es el tribunal competente para investigar esta clase de delitos. Si logra imponer su criterio, la investigación quedaría en manos de los juzgados de Barcelona: "El fiscal interesa la revocación de la resolución impugnada declarando la incompetencia de la Audiencia Nacional para conocer del procedimiento con inhibición al órgano judicial competente territorialmente".

En el caso de Puigdemont, la Fiscalía sostiene que "no puede establecerse conjetura alguna respecto de la responsabilidad penal en el presente procedimiento". En cuanto a Rovira, apunta a que "no está en absoluto acreditado (...) labores de coordinación" y limita su papel al de mostrar "simpatía o apoyo a la plataforma". El recurso también descarta la necesidad de citar al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, como testigo para aclarar una reunión que se produjo en Ginebra para la supuesta planificación de Tsunami: "Desconocemos qué relevancia puede tener el testimonio de esta persona, además de por su notoriedad pública".

Según la Fiscalía, “no se han acreditado jerarquías, ni distribución de funciones entre los investigados, ni la existencia de un órgano directivo, ni tampoco la perpetración concertada de diferentes hechos delictivos”. "Tsunami Democràtic, en lo que se ha podido acreditar en el procedimiento, no deja de ser más que un perfil de Twitter y, en su fase más avanzada de los hechos, una app diseñada para acceder a códigos QR que permitiera el conocimiento de comunicados emitidos por esa supuesta entidad".

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El recurso apunta a que solo cabe atribuir "delitos de desórdenes públicos" a algunos de los imputados, pero en ningún caso a Puigdemont y Rovira: "Los únicos hechos delictivos que constan en las actuaciones serían los llevados a cabo en el aeropuerto de El Prat y en el puesto fronterizo de la Junquera y respecto de los hechos tan solo consta la participación de dos investigados en la elaboración de comunicados, así como la participación de alguno otro en los citados hechos".

La Fiscalía también descarta que exista vinculación alguna entre los imputados y la muerte de un ciudadano francés por un infarto durante el bloqueo al aeropuerto de El Prat, una línea de investigación que amenazaba con complicar la aplicación de la amnistía a esta causa: "No es posible atribuir a ninguno de los investigados fallecimientos, lesiones o daños", sostiene en su recurso. "Cuestión distinta es la responsabilidad civil que generaron los hechos".

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Carga contra el juez

A lo largo de 23 páginas, el fiscal Miguel Ángel Carballo lanza varias críticas contra Manuel García-Castellón, el juez a cargo de la investigación. "La pertinencia en el presente caso de la interposición directa del meritado recurso se deduce de la propia actuación procesal del Instructor", advierte.

De hecho, el fiscal ni siquiera ha interpuesto un recurso de reforma para que sea el propio García-Castellón quien revise sus argumentos, sino que ha optado por el recurso de apelación para elevar el debate a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: "Resultaría estéril la interposición previa de recurso de reforma contra dicha resolución".

Carballo critica que el propio juez reconoce en su auto "la actual imposibilidad de establecer de manera segura la calificación como de terrorismo" y apunta a la "futura práctica de diligencias" para tratar de confirmado. Entre estas diligencias, Carballo destaca el "inverosímil" intento de atribuir a los investigados la muerte del ciudadano francés, "el uso de armas o instrumentos semejantes" y las lesiones sufridas por 125 personas que, según argumenta, se trataría "con toda probabilidad de manifestantes que se habrían enfrentado a la policía".

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El fiscal denuncia que "la investigación se ha quedado lejos del verdadero esclarecimiento" en determinados aspectos y subraya que el presunto desarrollador de la plataforma a nivel tecnológico ni siquiera aparece como una persona "físicamente real ni identificada" en el procedimiento. En su lugar, apuntan a una "personalidad ideada" a la que se refieren como Joanna Sala y que no es más que "un rostro de perfil en las redes diseñado informáticamente".

Carballo también critica las conclusiones de la Guardia Civil sobre la supuesta existencia de "una estructura asociativa completa compuesta por numerosas personas coordinadas". Según argumenta, Tsunami no es más que "un medio de convocatoria" y "el único aporte probatorio que puede ofrecer el informe policial para tal consideración serían las propias manifestaciones".

En el caso concreto de Puigdemont, pone el foco en el hecho de que el juez opte por ofrecerle la posibilidad de declarar de forma voluntaria por tratarse de un diputado del Parlamento Europeo: "Resulta cuando menos ingenuo que una persona prófuga de la Justicia, precisamente desde el 2 de noviembre de 2017, cuando este mismo representante del Ministerio público solicitó que se decretase su busca y captura en el procedimiento de la Audiencia Nacional que precedió a la causa especial tramitada con posterioridad en el Supremo, se le ofrezca la posibilidad de comparecer voluntariamente ante este Tribunal".