El fiscal jefe de la AN desactivó la acusación por terrorismo en Tsunami tres días después del 23-J

Un fiscal de la Audiencia Nacional calificó los actos de Tsunami Democràtic como delitos de terrorismo el pasado 19 de julio, tras concluir que existían "multitud de indicios de solidez incuestionable que convergían en esa hipótesis". Sin embargo, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, envió al Juzgado Central de Instrucción número 6 otro escrito para desactivar esa tipificación. La corrección se tramitó el 26 de julio, solo tres días después de las elecciones generales, según prueban ambos documentos, a los que ha tenido acceso El Confidencial.

La Audiencia Nacional abrió la investigación sobre Tsunami en octubre de 2019 y, desde ese momento, la intervención del tribunal especial estaba justificada por los indicios de terrorismo. Durante el plazo en el que la instrucción se mantuvo en secreto, el Ministerio Público no discutió la competencia de este órgano judicial, a la espera de que se produjeran avances en la investigación. Al llegar el pasado julio, el fiscal sustituto durante las vacaciones estivales se encontró, sin embargo, con la obligación de responder a un escrito de una defensa que rebatía, precisamente, la competencia de la Audiencia Nacional.

Según desvelan los dos informes, un mes antes, el 12 de junio, se había dictado una providencia instando a la Fiscalía a que se pronunciara sobre la prórroga de la instrucción de la causa. La defensa del investigado Oriol Soler Castanys se manifestó en contra de extender la instrucción y reclamó que el procedimiento se remitiera a los juzgados de Barcelona.

El fiscal sustituto Joaquín González se opuso a la petición de Soler, argumentando que los incidentes y movilizaciones violentas contra la sentencia del 1-O constituían, evidentemente, un delito de terrorismo según el artículo 571 del Código Penal, que castiga las actividades de "organizaciones o grupos terroristas". Por esa razón, el procedimiento debía seguir instruyéndose en la Audiencia Nacional.

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El representante del Ministerio Público recordó en su escrito que esa calificación había venido "manteniéndose desde el inicio de las actuaciones, mediante dictámenes que se ratifican en el presente". Sustentó su tesis en los atestados elaborados por la Guardia Civil, que reflejaban la gravedad de los hechos y "permitían sostener de manera razonable el juicio aún provisional según el cual se ha cometido un delito de terrorismo".

Pero solo una semana después de la incorporación de ese escrito al sumario, el fiscal jefe Alonso maniobró para eliminarlo. Tres días después de las elecciones del 23-J, de las que Pedro Sánchez salió como favorito para la presidencia del Gobierno, el responsable del Ministerio Público comunicó al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia que se había producido "un traslado erróneo".

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"Sin perjuicio de la competencia provisoria de ese juzgado, el ministerio fiscal no se encuentra realmente en condiciones, a la vista del estado del procedimiento, para adelantar su criterio de una forma taxativa y concluyente sobre si procede o no la citada de inhibición [a Barcelona]", dijo Alonso, para añadir a continuación que la calificación del fiscal González no podía entenderse "como definitiva" y debía "matizarse".

El fiscal jefe también destacó que la postura final se adoptaría a la vista del informe de conclusiones finales que, ya por entonces, se había reclamado a la Guardia Civil. Para dictaminar el fondo del asunto, señaló Alonso, "es necesario que se incorpore a la causa el informe ejecutivo final conjunto ya peticionado (así como otras diligencias que quedan pendientes de ser recibidas)". La frase indica que el fiscal urgía esa recopilación de indicios de la fuerza policial investigadora, reclamada hace meses y cuya incorporación a las actuaciones hace unos días desencadenó la calificación del juez instructor, que atribuye a Puigdemont y Rovira delitos terroristas.

Fuentes fiscales consultadas por El Confidencial insisten en destacar que el informe del fiscal González se debió a "un desafortunado error" e indican que su teoría no encaja con la del fiscal a cargo del caso, Miguel Ángel Carballo, que entonces se encontraba ausente. El Ministerio Público va a recurrir el último auto del juez y lo hará defendiendo como tipo penal los desórdenes públicos agravados, precisamente la tesis que apoyaban las defensas en aquel momento.

Alonso recibió este martes la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidió el acto y se encargó personalmente de imponerle la condecoración. Después, los dos posaron en una fotografía junto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que también acudió a la entrega.

Escrito de Boye

Precisamente unas horas después del auto del juez y del anuncio de recurso de la Fiscalía, también este martes, el abogado Gonzalo Boye presentó un escrito en el que desliza que las motivaciones del impulso a la causa están vinculadas al lawfare. “A lo largo de los últimos años hemos visto cómo han proliferado procedimientos penales, sancionadores administrativos o de derivación contable cuya única razón de ser es en función de contra quién o quiénes se dirigen”, dice.

También critica "la banalización expresamente censurada por la Unión Europea" del delito de terrorismo, que "prohíbe presentar como actos terroristas aquellos que no son más que el ejercicio legítimo de derechos fundamentales". "Resulta inimaginable pensar que este juzgado haya estado investigando como delito de terrorismo unas manifestaciones o protestas ciudadanas, por muy masivas o concurridas que hayan sido", concluye.