La Fiscalía recurrirá la imputación de Puigdemont y Rovira por terrorismo
El recurso del Ministerio Público complicará la continuidad de la causa en la Audiencia Nacional, que es el tribunal competente para esa clase de delitos
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional se prepara para recurrir la imputación del expresidente catalán Carles Puigdemont y de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por posibles "actos de terrorismo" en el marco de la investigación sobre Tsunami Democràtic, informan fuentes jurídicas. El magistrado Manuel García Castellón ha notificado su imputación este mismo lunes, pero el Ministerio Público considera que los hechos no van más allá de un presunto delito de desórdenes públicos agravados.
Al descartar los "actos de terrorismo", la Fiscalía complica la continuidad de la causa en la Audiencia Nacional, que es el tribunal competente para investigar los delitos de terrorismo. Si logra imponer su criterio, la investigación quedaría en manos de los juzgados de Barcelona.
Los investigados por terrorismo
El magistrado defiende que del "análisis de los hechos expuestos no permite excluir, en absoluto, que Tsunami Democràtic pudiera tener la consideración de grupo terrorista". Su auto destaca para ello algunas de las acciones que llevaron a cabo, como el bloqueo del Aeropuerto de El Prat, el intento de cerrar los accesos del centro de control aéreo Enaire de Barcelona Gavià y el intento de bloqueo de los accesos al Aeropuerto de Barajas. También advierte sobre la necesidad de investigar la muerte de un ciudadano francés durante el mencionado bloqueo de El Prat por un infarto y el posible "uso de armas u otros instrumentos" durante estas protestas.
Junto a Puigdemont y Rovira, el magistrado extiende la investigación a la mano derecha del expresidente catalán, Josep Lluis Alay, y otras nueve personas: Xavier Vendrell, exmilitante de Terra Lliure y exsecretario de Organización de ERC; Oriol Soler, empresario de la comunicación de la órbita de ERC; Marta Molina, secretaria de Movimientos Sociales de ERC; Josep Campmajó, empresario que presuntamente ejercía como lugarteniente de Vendrell; Jesús Rodríguez, empresario y trabajador del periódico La Directa; Jaume Cabani, cerebro económico de la estructura de Puigdemont en el extranjero; Oleguer Serra, consejero ejecutivo de Òmnium Cultural; Nicola Flavio, que presuntamente realizó una aportación económica a Tsunami, y Ruben Wagensberg, diputado y cuarto secretario del Parlament de Cataluña por ERC.
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En el caso de Puigdemont, García-Castellón le ofrece la posibilidad de comparecer voluntariamente ante la Audiencia Nacional por tratarse de un miembro del Parlamento Europeo. Si no lo hace, cursará el correspondiente suplicatorio para que se le levante la correspondiente inmunidad y obligarle a comparecer como investigado.
A la espera de la amnistía
El Gobierno de Pedro Sánchez sigue negociando mientras tanto con Junts Per Catalunya los últimos flecos de la ley de amnistía. Como ha informado El Confidencial este mismo lunes, el borrador de la proposición de ley, todavía en revisión, especifica que no son amnistiables los actos terroristas, pero limita esta salvedad a aquellos hechos que se hayan saldado con muertes. Aunque Puigdemont, Rovira y el resto de investigados de Tsunami en principio iban a beneficiarse de ese 'perdón', ahora queda por ver la línea de investigación sobre la muerte de un ciudadano francés.
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En el procedimiento en el que se ha enviado a juicio a 12 miembros de los CDR por terrorismo, no se plantearía esa duda: están acusados de planear atentados y acumular sustancias explosivas, pero sin haber causado ninguna víctima cuando fueron arrestados.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se prepara para recurrir la imputación del expresidente catalán Carles Puigdemont y de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por posibles "actos de terrorismo" en el marco de la investigación sobre Tsunami Democràtic, informan fuentes jurídicas. El magistrado Manuel García Castellón ha notificado su imputación este mismo lunes, pero el Ministerio Público considera que los hechos no van más allá de un presunto delito de desórdenes públicos agravados.