¿Por qué la muerte por infarto de un hombre en 2019 puede complicar la ley de amnistía?

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El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón imputó este lunes al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y a la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, por posibles “actos de terrorismo” en el marco de la investigación sobre Tsunami Democràtic. Esta decisión abre un nuevo frente a Puigdemont y complica que él mismo pueda acogerse a la futura ley de amnistía en este procedimiento concreto.

La clave radica en que el magistrado ha ordenado investigar la muerte de un ciudadano francés que sufrió un infarto durante el bloqueo de Tsunami al aeropuerto de El Prat de 2019. El borrador de la proposición de ley de la amnistía, que todavía se está revisando, especificaría que no son amnistiables los actos terroristas que se hayan saldado con muertes, y esa es la posibilidad a la que García-Castellón apunta de forma directa en su resolución.

"El análisis de los hechos expuestos no permite excluir, en absoluto, que Tsunami Democràtic pudiera tener la consideración de grupo terrorista", sostiene el juez. "Oficiar a la unidad investigadora para que informe sobre el fallecimiento de la persona de la que se hicieron eco los medios de comunicación el 14 de octubre de 2019, su posible vinculación con la acción de bloqueo del acceso al aeropuerto y su identificación a los efectos de poder citar a sus familiares como perjudicados".

Los hechos ocurrieron en octubre de 2019, cuando un viajero francés de 65 años sufrió un infarto en la T2 del Aeropuerto de Barcelona. El hombre caminó cuatro kilómetros para dirigirse al aeropuerto, bloqueado por las concentraciones del Tsunami. El viajero fue trasladado en helicóptero al Hospital de Bellvitge, donde falleció horas más tarde.

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Si los investigadores confirman esa "vinculación" entre la muerte del ciudadano francés con la protesta de Tsunami, Rovira y las otras 10 personas investigadas por terrorismo tampoco podrían beneficiarse de la amnistía en este procedimiento: "Los hechos anteriormente descritos pueden ser constitutivos de diversas infracciones, entendiendo este magistrado que, desde la provisionalidad inicial de este momento, pueden tener la consideración de actos de terrorismo".

La Fiscalía recurrirá la decisión

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no comparte el criterio del juez y se prepara ya para recurrir su decisión. El Ministerio Público considera que los hechos no van más allá de un presunto delito de desórdenes públicos agravados.

Al descartar los "actos de terrorismo", la Fiscalía complica la continuidad de la causa en la Audiencia Nacional, que es el tribunal competente para investigar esta clase de delitos. Si logra imponer su criterio, la investigación quedaría en manos de los juzgados de Barcelona.

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Sin embargo, la propia Fiscalía emitió el 19 de julio un informe en el que calificó los disturbios de Tsunami como acciones terroristas. El documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, sostenía que la plataforma cometió actos que se enmarcarían en los delitos de terrorismo. El fiscal de guardia Joaquín González presentó este escrito durante las vacaciones de verano, pero su compañero a cargo del caso, Miguel Ángel Carballo, entonces ausente por el periodo estival, no comparte su criterio.