El auto contra Puigdemont sienta las bases para impugnar la amnistía ante la UE y la ONU

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El auto de imputación de Carles Puigdemont y otros dirigentes independentistas por su implicación en Tsunami Democràtic sienta las bases para impugnar la futura ley de amnistía ante los tribunales europeos y Naciones Unidas. La resolución dictada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, sostiene que el perdón de los supuestos delitos de terrorismo presuntamente cometidos por los responsables de la plataforma clandestina supondría una vulneración de la legislación internacional y los compromisos adquiridos por España en acuerdos multilaterales. Incluye, además, en su escrito la muerte de un ciudadano francés que convierte en inadmistiable al expresident catalán con la actual redacción de la norma.

Del auto del magistrado se deduce la colisión existente entre una imputación que sitúa a Puigdemont como investigado por terrorismo y la amnistía que negocia el PSOE con Junts y ERC. Castellón deja entrever su intención de elevar el conflicto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a través de una cuestión prejudicial. Considera, y así lo refleja, que olvidar delitos de este tipo iría contra directivas de la UE e incluso resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y protocolos internacionales suscritos por España.

Ese paso abre la puerta a la intervención directa de la Justicia comunitaria en los planes de Pedro Sánchez. El órgano judicial de la UE entraría en acción si el alcance de la amnistía resultara incompatible con el derecho europeo. Para empezar, si una cuestión prejudicial se admite a trámite en el tribunal con sede en Luxemburgo, produciría efectos suspensivos sobre el procedimiento afectado, paralizando así la aplicación del olvido de los delitos para el expresident. Al contrario de lo que sucede con la cuestión de inconstitucionalidad, cuyos tiempos de resolución rondan de media los seis meses o un año, el fallo se alargaría en este caso bastante más, hasta los dos años.

La prejudicial, además, colocaría la amnistía en el centro del debate en Europa, al afectar a un eurodiputado. Sánchez asumiría el riesgo de afrontar una resolución contraria en la que se determine que su ley contradice el derecho de la UE aunque sea a medio plazo. En esos meses de espera y según advierten distintos juristas, se pueden adoptar medidas cautelares para que queden garantizados los fines del procedimiento, según se regula en los puntos 17 y 29 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

En el auto, el juez da varias pistas. Menciona, por ejemplo, la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo, que compromete al Reino de España “a la adopción de medidas efectivas para la persecución de los delitos de terrorismo”. “Dada la armonización que en esta materia se ha efectuado de algunos tipos penales relacionados con el terrorismo, se puede afirmar que nos encontramos ante una materia que es derecho de la Unión Europea”, dice el instructor.

El auto también menciona, con toda la intención, la perturbación que provocaron las acciones de Tsunami en infraestructuras críticas europeas, como los aeropuertos de Barcelona y Madrid y la principal vía de comunicaciones y transporte de mercancías entre España y el resto de Europa.

Terrorismo y UE

“Si bien no existe una definición universal de terrorismo, en el ámbito del derecho de la Unión Europea sí que se han tratado de armonizar y delimitar algunos conceptos (...) la Unión se basa en los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se fundamenta en los principios de la democracia y el Estado de derecho, que son comunes a los Estados miembros”, destaca la resolución.

Respecto a la ONU, el auto se refiere al mandato del Consejo de Seguridad que obliga a la persecución de los delitos de terrorismo como “cuestión esencial para la seguridad nacional e internacional de los ciudadanos". "El organismo obliga a asegurar su enjuiciamiento", sostiene el magistrado.

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La imputación de Puigdemont llegó por sorpresa este lunes después de que, hace solo unos días, la Guardia Civil planteara sus conclusiones finales en la investigación sobre Tsunami. La implicación de otros líderes independentistas, como la dirigente de ERC Marta Rovira, venía señalándose en los sucesivos informes presentados en la instrucción.

Aunque la mayoría de los presuntos cabecillas de Tsunami están vinculados a ERC, la sombra de Puigdemont emerge continuamente a lo largo del sumario. La Guardia Civil señala en el informe que remitió la semana pasada a la Audiencia Nacional que intervino comunicaciones en las que se alude veladamente al expresidente de la Generalitat. En una de ellas, el editor Oriol Soler, situado en la cúspide de la plataforma, le pregunta a Oleguer Serra, dirigente de Òmnium Cultural, si cree que el "gran jefe" le conoce.

"El gran jefe"

En otra comunicación entre Soler, alias Rigoberta, y el diputado de ERC en el Parlament, Rubén Wagensberg, alias Konan, ambos se refieren a un "líder" que habría ocupado una posición preeminente en el organigrama de Tsunami. "Nos contestó él en persona, pero cuando le hicimos la propuesta del vídeo ya no nos dijo nada más. Solo se me ocurre ir allá, pero yo ahora mismo por temas familiares me es muy complicado. Estamos apretando desde aquí para que conteste". La Guardia Civil cree que los interlocutores hablaban de Puigdemont, fugado a Bélgica.

Existen evidencias, además, de que Puigdemont asistió a una cumbre celebrada en Ginebra a finales de agosto de 2019 en la que se perfilaron los últimos detalles de Tsunami. A aquel encuentro también acudieron la secretaria general de ERC, Marta Rovira, alias Matagalls, la exdirigente de la CUP Anna Gabriel, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, Oleguer Serra, el jefe de la estructura financiera de Waterloo, Jaume Cabani Massip, y la mano derecha de Puigdemont, Josep Lluís Alay.

Este último aparece en numerosas ocasiones en el informe de la Guardia Civil por su papel de enlace con el máximo responsable de Junts. En otra de las conversaciones, el recién imputado Jesús Rodríguez Sellés, un periodista que habría actuado como dinamizador de las movilizaciones, pide a Alay que pregunte a Puigdemont cuál cree que es el mejor momento para lanzar el mensaje de presentación de Tsunami Democràtic, evidenciando así su ascendencia sobre el grupo.

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El expresidente de la Generalitat también estuvo al tanto de la evolución de las protestas. Uno de los cabecillas de la revuelta, Josep Campmajó, alias Ainvar the Druid y Canalla, escribió a Puigdemont para quejarse de la estrategia comunicativa de Tsunami. "El MHP [Quim Torra] escondido. Del todo. Aislado. Parece que hace un Junqueras. Buch [consejero de Interior entonces] acojonado y perdiendo los papeles. Estamos a un paso de perder el control absoluto del territorio", lamentó Campmajó.

"Si hay algún muerto"

Puigdemont contestó segundos después demostrando nuevamente su autoridad: "La imagen exterior no es tan dramática como se ve en el interior. De momento, la opción generalizada es que hay una reacción de indignación por unas sentencias escandalosas y que los disturbios son importantes, pero que no se alejan de lo que son ahora las protestas en las grandes ciudades del planeta. El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro, y confirmará lo que siempre he dicho (y que me llevó a decidir ir al exilio): perdemos”.

En otra ocasión, un banquero suizo, Nicola Foglia, contactó con Alay para trasladarle que quería contribuir económicamente al bloqueo del Aeropuerto de El Prat, como adelantó El Confidencial el pasado viernes. Alay le respondió que haría una consulta para averiguar cuál era la mejor forma de inyectar dinero en Tsunami. Finalmente, contestó a Foglia que debía ingresar los fondos en una cuenta de Suiza que estaba abierta a nombre de Cabani, antiguo administrador de la Fundación Catglobal, piedra angular del Consell de la República de Puigdemont.

El instructor detalla a lo largo del auto los indicios que considera respaldan que se investiguen los hechos por terrorismo. Además de la afectación a infraestructuras esenciales, tipificada desde 2015, menciona la muerte de un ciudadano francés que sufrió un infarto durante el bloqueo de Tsunami del Aeropuerto de El Prat de 2019, las graves heridas recibidas por un agente de la Policía Nacional y los centenares de heridos que dejaron las protestas. También pide determinar si durante los altercados hubo uso de armas. El texto de la amnistía que negocia el PSOE planteaba amnistiar a los acusados por hechos terroristas siempre que no se hubieran producido fallecidos o heridos de gravedad. Ese hecho añade otro grado más de dificultad al perdón que continúa pactándose en Waterloo y arrastra dificultades técnicas desde hace días. La Fiscalía ya ha anticipado que recurrirá.