Puigdemont asumió en un mensaje cifrado que habría "algún muerto" por Tsunami

La investigación judicial sobre Tsunami Democràtic revela que los cabecillas de la plataforma asumieron que los disturbios contra la sentencia del 1-O podían desencadenar una tragedia. La Guardia Civil intervino un mensaje cifrado de Carles Puigdemont en el que este dio por hecho que los altercados y el bloqueo de infraestructuras clave como el aeropuerto de El Prat y la autopista AP-7 provocarían algún "muerto". Pese a ello, los partidos y entidades que se ocultaban detrás de Tsunami siguieron adelante con su calendario de protestas.

La causa que dirige en secreto desde hace tres años y medio el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional atribuye un papel protagonista a ERC en el diseño y las movilizaciones de Tsunami, pero también sitúa en la cúspide de esa organización clandestina a Puigdemont y a varios de sus lugartenientes, como su mano derecha, el historiador Josep Lluís Alay; el responsable de sus finanzas, Jaume Cabaní Massip, y el publicista y actual director de la estructura técnica de la autodenominada Casa de la República en Waterloo (Bélgica), Sergi Miquel, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso.

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Una de las pruebas que figuran en el sumario es un mensaje enviado por Puigdemont al resto de dirigentes de Tsunami solo unas horas después de que el Tribunal Supremo dictara sentencia. El expresidente de la Generalitat, fugado a Bélgica desde 2017, admitió que las manifestaciones estaban teniendo un impacto muy reducido fuera de España. "La imagen exterior no es tan dramática como se ve en el interior", compartió Puigdemont. "De momento, la opinión generalizada es que hay una reacción de indignación por unas sentencias escandalosas y que los disturbios son importantes, pero que no se alejan de lo que son ahora las protestas en las grandes ciudades del planeta", reconoció.

A continuación, el líder de Junts per Catalunya se mostró preocupado por el riesgo de que los enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad y los sabotajes dejaran alguna víctima mortal, pero no solo por la posible pérdida de vidas humanas, sino también por las consecuencias que un hecho de ese calibre tendría en la estrategia de comunicación del movimiento secesionista. "El problema puede venir", opinó Puigdemont, "si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro, y confirmará lo que yo siempre he dicho (y que me llevó a decidir el exilio): perderemos".

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La predicción de Puigdemont solo se cumplió en parte. El bloqueo del aeropuerto de El Prat provocó la muerte de un viajero francés de 65 años que tuvo que recorrer a pie cuatro kilómetros de distancia con su equipaje para no perder el vuelo en el que tenía previsto regresar a su país. Cuando llegó a la Terminal 2, cayó desfallecido. Fue trasladado en un helicóptero al Hospital de Bellvitge, pero los médicos no pudieron salvar su vida. Se trata del primer y único muerto ocasionado por el procés, pero el episodio fue silenciado y no sumió al independentismo en la crisis que había vaticinado Puigdemont en el mensaje interceptado por la Guardia Civil.

El peso, en ERC

Aunque el grueso de la dirección política, la propaganda y la movilización de las bases fue liderado por altos cargos de ERC con Marta Rovira a la cabeza, las diligencias que instruye el juez Manuel García-Castellón prueban que Puigdemont colocó a varios de sus peones en el organigrama de Tsunami. El historiador Josep Lluís Alay, responsable de su oficina, actuó como su interlocutor con el resto de fuerzas y entidades secesionistas, y comandó las relaciones institucionales. También buscó alianzas en el extranjero, con especial interés en la Rusia de Vladímir Putin.

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Por su parte, Jaume Cabaní se encargó del aparato de financiación. La operación Voloh del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona contra el desvío de fondos públicos al procés destapó que Cabaní, ingeniero de formación, controlaba hasta 11 cuentas bancarias relacionadas con la red del procés en el exterior y que montó una sociedad mercantil en Estonia en agosto de 2019, solo unas semanas antes de que comenzaran las movilizaciones de Tsunami. Para evitar ser descubierto, Cabaní se comunicaba con el resto de implicados a través de mensajería cifrada y ocultando su identidad bajo el nombre en clave de Canabo.

El otro soldado de Puigdemont en la jefatura de Tsunami fue el publicista Sergi Miquel. Como reveló El Confidencial, su labor consistió en dirigir la célula de ingenieros e informáticos que desarrolló la aplicación que permitió a la plataforma anunciar por sorpresa las diferentes acciones que habían pactado previamente los responsables políticos. De Miquel dependían, entre otros, los técnicos Elíes Campo Cid, Jordi Baylina y Pau Escrich. Los cuatro fueron investigados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el programa Pegasus por su implicación en Tsunami. El sumario de la Audiencia Nacional acredita esa vinculación.

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Se da la paradoja de que el propio Campo elaboró un informe el año pasado que denunció el supuesto acoso del CNI al mundo independentista por haber intervenido su teléfono y el de otras personas de su entorno con orden judicial, omitiendo su participación en Tsunami. ERC exigió a Pedro Sánchez la cabeza de la directora de los servicios de Inteligencia, Paz Esteban, y el presidente del Gobierno accedió a la petición de su socio de referencia en mayo de 2022.

Además del liderazgo político de Marta Rovira, alias Matagalls, el sumario de la Audiencia Nacional también ubica al frente de Tsunami a otros políticos y empresarios de la órbita de ERC, como Oriol Soler Castanys, alias Rigoberto, que se encargó de la comunicación y propaganda; Oleguer Serra Boixaderas, alias Pare Carbasser, actual consejero ejecutivo de Òmnium Cultural, que asumió la movilización de las bases, y Xavier Vendrell, alias Índigo y Escobar, exconsejero de Gobernación y exmiembro de Terra Lliure, que también sacó a miles de personas a las calles y coordinó la colocación de escenarios, altavoces y cartelería con la empresa Iniciatives Events SL.