La Comisión Europea se alinea con España en la prejudicial de Llarena ante el TJUE

La vista que ha tenido lugar este martes en la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido larga, maratoniana, de unas seis horas. En el orden del día, la cuestión prejudicial que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena le remitió en 2021 para que se pronunciara sobre el alcance de las euroórdenes contra el 'expresident' Carles Puigdemont y otros 'exconsellers' fugados. El juez instructor envió la cuestión al alto tribunal de Luxemburgo después de que Bélgica rechazara la orden de arresto y entrega contra el 'exconseller' Lluís Puig, el único que no contaba con inmunidad europarlamentaria, al considerar que el Supremo no era competente para emitir dicha orden, además de señalar que no tenía garantizados sus derechos.

La pregunta central de Llarena al TJUE es clara: ¿pueden las autoridades del país receptor de la euroorden cuestionar las competencias de la autoridad emisora y denegar la entrega sobre dicha base? El caso ha sido multitudinario, con la defensa de Puigdemont y el resto de fugados a un lado, y las autoridades españolas al otro; pero también con la participación de la Comisión Europea y de otros Estados miembros, entre ellos la aludida, Bélgica, además de la presencia de Polonia o Rumanía. “Es ilógico y absurdo que el país de ejecución controle la aplicación de las normas de competencia del país emisor”, ha señalado Fidel Cadena, fiscal del Tribunal Supremo presente en la Sala.

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La defensa de los líderes del ‘procés’ se ha centrado en la idea de que estos no deben ser entregados a España porque no tienen la garantía de un juicio justo. Se trata, en realidad, del argumento central de la defensa, liderada por el abogado Gonzalo Boye. “Mis representados no tienen garantías de tener un juicio justo en España. Esto tiene que acabar y tiene que acabar aquí”, ha asegurado.

Pero la Comisión Europea, que también ha estado presente en la vista, ha rechazado las tesis de Boye. Julio Baquero, del Servicio Jurídico del Ejecutivo comunitario, ha señalado que “no hay deficiencias sistémicas o generalizadas”, como recoge Europa Press, y que, por lo tanto, no se puede alegar que haya un “riesgo futuro” para los políticos reclamados por la Justicia española. “Confianza mutua quiere decir confianza mutua entre sistemas equivalentes. Si no hay problemas sistémicos, la confianza debe mantenerse”, ha señalado Baquero, atacando el pilar central de la defensa de los líderes del ‘procés’ y uno de los principales argumentos de las autoridades belgas para negar la entrega de Puig.

El argumento de Boye

Boye ha asegurado que Llarena “ha ido emitiendo y retirando las euroórdenes por motivos estratégicos y políticos”, lo que “suscita dudas sobre el derecho de libertad y libre circulación”. Este argumento tiene especial colmillo, porque en septiembre Carles Puigdemont fue detenido en Cerdeña (Italia) después de que las autoridades españolas aseguraran que la euroorden seguía activa, lo que provocó un choque entre la Abogacía del Estado y el Supremo. El TJUE aclaró que los efectos de la orden europea de arresto y entrega se encontraban suspendidos, corrigiendo así a Llarena.

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Las relaciones entre Bélgica y España han pasado por momentos muy tensos en los últimos años desde que Puigdemont decidiera quedarse en el país tras huir de Barcelona en 2017 después del referéndum ilegal y la fallida declaración unilateral de independencia. En la cuestión de cooperación judicial ya había relaciones tensas desde hacía años por casos como el de la etarra Natividad Jáuregui, ‘la Pepona’, que vivió durante años en Gante mientras las autoridades belgas negaban su extradición a España. Estas cuestiones se abordaron por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando su homólogo belga, Alexander de Croo, visitó Madrid en octubre de 2021 durante una larga conversación en la Moncloa.

Las autoridades españolas esperan ahora que, cuando el TJUE responda a estas cuestiones prejudiciales, se pueda desbloquear la situación. Eso ocurrirá en los próximos meses. Antes de que la alta corte de Luxemburgo emita su opinión, tendrá que escuchar el análisis del abogado general, que en este caso será el francés Jean Richard, que ha anunciado que la emitirá el próximo 14 de julio.