Llarena dice a Italia que la orden de entrega sigue "en vigor" pese a la consulta ante el TJUE

El instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha enviado un oficio a la Justicia italiana en el que sostiene que la orden de entrega contra Carles Puigdemont sigue "en vigor". El magistrado contradice así a la defensa del 'expresident', que mantiene que su arresto en Cerdeña fue ilegal porque el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) todavía no ha resuelto la consulta que el propio Llarena le trasladó el pasado marzo sobre el alcance de las euroórdenes: mientras no responda a esta cuestión prejudicial, considera que las mismas están suspendidas y, por tanto, no cabe su entrega a España.

"Adjunto acompaño orden europea de detención y entrega, librada el 14 de octubre de 2019 contra Carles Puigdemont i Casamajó, actualmente en vigor, en base a la resolución dictada en esa misma fecha, para su remisión al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia)", explica el oficio remitido por Llarena al representante de España en Eurojust, el magistrado José de la Mata, quien se lo enviará a su vez a Italia.

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"Asimismo, y con igual finalidad, le acompaño la cuestión prejudicial planteada en su día ante el TJUE, cuya tramitación no modifica la situación en que se encuentra actualmente el procedimiento, sin perjuicio de que deba acomodarse en su día a la interpretación que del derecho europeo, y sobre las estrictas cuestiones suscitadas, realice el TJUE", argumenta. Esta segunda afirmación es la que explica el choque entre el magistrado y la defensa del 'expresident'.

La resolución que marca la disputa

La defensa de Puigdemont, con el abogado Gonzalo Boye al frente, considera que la detención de Puigdemont ha sido ilegal porque la euroorden de 2019 "se encuentra suspendida" y, según agrega, en caso de que España considere lo contrario, "habría engañado al TUE". Su postura se remonta a lo ocurrido el pasado 9 de marzo, cuando el Parlamento Europeo levantó la inmunidad a los tres eurodiputados independentistas requeridos por la Justicia española: el propio Carles Puigdemont y dos de sus 'exconsellers', Toni Comín y Clara Ponsatí.

La clave pasa por que ese mismo día, el juez Llarena trasladó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para adelantarse a los tribunales belgas y obligarlos a entregar al 'expresident' Puigdemont: aprovechando que ya no gozaba de inmunidad, preguntó a este tribunal sobre el alcance de las euroórdenes dictadas contra el 'expresident' para que fijara las líneas rojas, consulta que se admitió a trámite y todavía no se ha resuelto.

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Pero Puigdemont y los dos 'exconsellers' también jugaron sus cartas y recurrieron la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad ante el Tribunal General de la Unión Europea (TUE). El 2 de junio, este tribunal suspendió provisionalmente el levantamiento de esta especial protección, dejando así el caso congelado: por un lado, Llarena quedaba a la espera de que el TJUE aclarara el alcance de las euroórdenes y, por otro, el TUE mantenía la inmunidad de los tres.

La situación se mantuvo así hasta el 30 de julio, cuando el TUE emitió una nueva resolución en la que finalmente seguía la línea del Parlamento Europeo y retiraba la inmunidad a Puigdemont y los dos 'exconsellers'. En cualquier caso, su decisión tenía letra pequeña, pues basaba la misma en el hecho de que, por mucho que ya no gozaran de esta especial protección, las órdenes de detención estarían suspendidas hasta que el TJUE resolviese la consulta traslada por Llarena.

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El vicepresidente del TUE concluyó entonces que el líder independentista no había conseguido probar que la pérdida de esta especial protección le expusiese a un “perjuicio grave e irreparable”: mientras el TJUE no respondiera a la cuestión prejudicial trasladada por el juez del Supremo, consideró que la posible detención y entrega del 'expresident' a España quedaba descartada. Esta postura se refleja en los puntos 52, 53 y 54 del fallo del 30 de julio:

• "Como se desprende de la cuestión prejudicial planteada y como confirman las autoridades españolas, el proceso penal en cuestión fue suspendido por dicha solicitud. Además, dicha suspensión está prevista en las Recomendaciones del Tribunal de Justicia a los juzgados y tribunales nacionales(...): la presentación de una cuestión prejudicial requiere que el procedimiento nacional quede suspendido hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie".
• "Dado que la cuestión prejudicial planteada se refiere a la ejecución de las órdenes de aprehensión dictadas en el proceso penal en cuestión, se podrá considerar que la suspensión de esos procedimientos requiere la suspensión de la ejecución de esas órdenes".
• "Las autoridades españolas también manifestaron expresamente que dicha solicitud requería la suspensión de las órdenes de detención nacionales dictadas contra los demandantes y supuso la suspensión de cualquier procedimiento para la ejecución de una orden de detención europea que pueda haber sido iniciada. También manifestaron que ningún tribunal de la Unión Europea podría ejecutar las órdenes de detención europeas en litigio hasta que el Tribunal de Justicia se haya pronunciado".

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De esta manera, por mucho que hubiera perdido la inmunidad parlamentaria, Puigdemont podía seguir moviéndose por la Unión Europea sin temor a ser detenido, una situación que se extendía a los 'exconsellers' Toni Comín y Clara Ponsatí, quienes también cuentan con un escaño en el Parlamento Europeo. ¿Por qué se le detuvo entonces este jueves en Cerdeña? Según Llarena, porque la orden de detención y entrega cursada en 2019 nunca llegó a suspenderse pese a la consulta en el TJUE.

Esa es la postura que refleja en el oficio remitido este viernes a Italia, en el que afirma que "el procedimiento judicial del que deriva la euroorden está activo y pendiente de la captura de los procesados en situación de rebeldía". Con ambas posturas sobre la mesa, la decisión queda ahora en manos de los jueces italianos del Tribunal de Apelación de Sassari, que este viernes tomaron declaración a Puigdemont de forma telemática desde prisión y optaron por dejarlo en libertad con la condición de que permanezca en Cerdeña.

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De forma paralela, la defensa del 'expresident' ya ha maniobrado para que el caso vuelva a depender de la Justicia europea y, en concreto, del TUE: este mismo viernes presentará una petición de cautelarísima ante la alta corte europea para que recupere su inmunidad parlamentaria. Al fin y al cabo, la resolución del pasado 30 de julio del TUE ya advertía sobre esta posibilidad en su punto 60:

• "Si, una vez dictado el presente auto, parece con suficiente grado de probabilidad que el perjuicio alegado pueda surgir, en particular en el caso de una detención de los demandantes por una autoridad de ejecución de un Estado miembro o la ejecución de un procedimiento para su entrega a las autoridades españolas, podrían presentar una nueva solicitud de medidas cautelares en las condiciones previstas en el artículo 160 del Reglamento de Procedimiento".

El pulso entre Llarena y Puigdemont se disputa así en tres frentes: en el TUE, que ahora tendrá que decidir si atiende las cautelarísimas solicitadas por Puigdemont y le permite recuperar su inmunidad; en el TJUE, que todavía analiza la cuestión prejudicial sobre el alcance de las euroórdenes contra los líderes independentistas, y en el Tribunal de Apelación de Sassari, que debe decidir si entrega al 'expresident' a España o, por el contrario, lo deja en libertad.