Aragonès abraza la estrategia de JxCAT y viaja a Cerdeña para apoyar a Puigdemont

El presidente catalán, Pere Aragonès, ha abrazado este viernes el discurso de JxCAT tras la detención del expresident fugado Carles Puigdemont este jueves en Cerdeña. Aragonès tuvo que convocar una reunión extraordinaria del Govern, después de que su vicepresidente, Jordi Puigneró, convocase por su cuenta a los consejeros de Junts per Catalunya (JxCat) para estudiar la situación de crisis. Tras la reunión de todo el Govern, la actitud de Aragonès ha cerrado filas con sus socios de Gobierno. Incluso ha anunciado un viaje por sorpresa en la tarde de este viernes a Cerdeña para solidarizarse sobre el terreno con el ‘expresident’ detenido en Alguer. “Quiero estar a su lado en esta situación, tan grave para él y para el país”, dijo el ‘president’.

La reunión extraordinaria del Govern, de casi dos horas, ha servido para que el republicano saliese de la misma con ánimo combativo y denunciase que existe “una causa general contra el independentismo”. Sin embargo, ha dicho que, “en primer lugar, exigimos la puesta en libertad del ‘president’ Puigdemont y de todos los presos políticos, así como el retorno de todos los ‘exiliados’. Que vuelvan todos”. Ha insistido varias veces en la prioridad de que su antecesor quede libre “porque la represión del Estado no se para”. Y aseguró que el deseo de su liberación “es el clamor de una mayoría de la sociedad catalana, del Govern y también el mío”.

Aragonès ha admitido que la detención de Puigdemont “no contribuye a generar las condiciones que favorezcan la confianza entre las partes”, en alusión a la mesa de diálogo, aunque evitó dar por rotas las negociaciones. En cambio, admite que este viernes había mantenido contacto con el presidente español, Pedro Sánchez, al que le trasladó que “la solución del conflicto pasa por la celebración de un referéndum de independencia y por la amnistía, pero primero se ha de poner en libertad al ‘president’ Puigdemont”. Curiosamente, Aragonès ha empleado el catalán y el inglés en su discurso tras la reunión del Govern, pero no el castellano.

El mandatario catalán ha exigido también que se retiren las euroórdenes contra Puigdemont “y contra el conjunto de personas represaliadas y, de paso, que pare la represión. La solución del conflicto pasa por la amnistía y la autodeterminación”. Asegura, asimismo, que “lo que vemos hoy reafirma nuestra convicción democrática” y reiteró la necesidad “de avanzar hacia amnistía y autodeterminación como forma de solución del conflicto político”.

Una gran marcha el domingo

Mientras, la ANC, que ya se había propuesto como meta convertirse en el referente independentista de referencia tras el verano, ha convocado una “gran manifestación” para este domingo en Barcelona (que también es apoyada por Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia) bajo el lema ‘Plantemos cara al estado. ¡Movilización y más movilización!’.

El fugado 'excconseller' de Cultura Toni Comin también ha anunciado en nombre del Consell per la República la convocatoria de una manifestación el domingo a la misma hora, pero en un lugar distinto: si la de la ANC la convocó en la plaza de Cataluña, al inicio del paseo de Gràcia, el Consell la convocó en el cruce de esta vía con la Diagonal, es decir, en el extremo opuesto, aunque esa convocatoria está pendiente de consensuarse con otras entidades.

"Es una manifestación que tiene tres mensajes: denunciar la detención ilegal del ‘president’ Puigdemont, exigir su liberación inmediata y reivindicar que no nos rendimos. El proceso de independencia es irreversible, es imparable y, después de estas últimas horas, sigue adelante con más fuerza que nunca. Queremos trasladar un mensaje a la comunidad internacional y a la UE: ¿cómo se puede negociar con un estado que vulnera de manera sistemática y descarada el Estado de derecho, que hace caso omiso de las decisiones del Tribunal de la UE, que ignora de manera sistemática el derecho europeo?", ha explicado Comin.

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El exconsejero ha afirmado que la protesta es secundada por todos los partidos independentistas y es “una convocatoria conjunta” en la que también participa ERC. “No me consta que haya ningún debate sobre que haya la participación de algún representante institucional en ella”. Ha calificado la detención de Puigdemont como “ilegal, porque el Estado español reconoció formalmente ante el tribunal de Luxemburgo que la euroorden estaba suspendida” y subrayó que, “hoy, Italia, arrastrada por el Estado español, tiene un preso político, que es un preso ilegal”.

El equipo jurídico de Puigdemont, señala Gonzalo Boye por su parte, ha abierto dos vías de actuación: por un lado, una acción ante la propia justicia italiana y la apelación al tribunal de Luxemburgo. “Estamos tramitando un escrito de medidas cautelarísimas ante el Tribunal General de la UE y nos basamos en la resolución del 30 de julio de 2021, en la que el vicepresidente de ese tribunal dice que el Estado español le comunicó que los procedimientos están suspendidos y que ningún Estado miembro ejecutará esta orden [de detención]”.

Reunión previa de Junts

En algunos círculos de JxCAT se juega con la posibilidad de una ruptura en el Govern, aunque es poco probable, habida cuenta que, en caso de fractura, varios cientos de altos cargos tendrían que abandonar el poder con la pérdida de peso en las administraciones que ello supondría, al tiempo que significaría una sangría para las arcas de Junts teniendo en cuenta que cotizan entre un 3 y un 5% de sus salarios al partido. Para templar la situación, Aragonès ha convocado una reunión extraordinaria del Govern a mediodía.

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La consejera de Exteriores, Victoria Alsina (de JxCAT), viajó esta mañana a Cerdeña, aunque ya estaba previsto, puesto que en su agenda figuraba un encuentro con Puigdemont y con la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en la isla mediterránea, para asistir a unas jornadas. También la portavoz de ERC, Marta Vilalta, se ha desplazado a Cerdeña para solidarizarse con el detenido, lo mismo que Diana Riba, la esposa del exconsejero de Exteriores (y recientemente indultado) Raül Romeva y eurodiputada de la formación republicana.

Pero la reacción de los círculos radicales no ha sido solo en los despachos: también han trasladado la tensión a la calle. La Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural o el Consell per la República han convocado una concentración ante el consulado italiano para presionar al país vecino, que la pasada noche trasladó al detenido a la prisión de Bancali. Los Mossos d’Esquadra han establecido un perímetro de seguridad que impide que los manifestantes puedan acercarse hasta la sede.

En la concentración ha cobrado especial relevancia la presencia de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium y uno de los indultados recientemente, junto a su mano derecha, el vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, es otra de las dirigentes políticas que cambió su despacho por la acera de la calle Aribau este viernes a primera hora. Por ella ha pasado incluso el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, antes de convocar a los consejeros de su partido. La concentración, que se ha iniciado con unas decenas de personas, se ha trasladado luego, vista la imposibilidad de llegar al consulado italiano, a la cercana avenida Diagonal para cortar el tráfico. Allí han llegado a concentrarse hasta unas 400 personas, convocadas por todos los partidos soberanistas, plataformas radicales y entidades independentistas a través de las redes sociales.

En un duro comunicado, el Consell per la República califica de ilegal la detención y acusa de “juego sucio” al Estado español “en su deriva autoritaria y represiva”. Anuncia que se pone “en marcha toda nuestra maquinaria jurídica para que la legalidad se imponga ante las maniobras del Tribunal Supremo español contra el derecho europeo para que el ‘president’ sea liberado de forma inmediata” y termina diciendo que “el camino hacia la República es, más que nunca, irreversible”.

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La jornada coincide con el segundo aniversario de la detención del comando de CDR que intentaba crear un grupo terrorista con el que asaltar el Parlament y cometer atentados, lo que ha sido aprovechado por algunas plataformas ultraindependentistas para caldear aún más el ambiente, maximizando la “represión del Estado”.

Los círculos más radicales de Junts, por su parte, exigen a Pere Aragonès, que ha suspendido su agenda oficial este viernes, una declaración institucional sobre la detención y que exija al presidente del Gobierno central la liberación de Puigdemont. Otros sectores aprovechan para desgastar a ERC. El exvicepresidente del Parlament, Josep Costa, ha alertado en clara referencia a ERC: “Mientras estemos dentro de este Estado: nada de lo que aprobéis en Barcelona se respetará; nada de lo que pactéis en Madrid se cumplirá. Por eso votamos independencia. Si no estáis haciendo la independencia, estáis perdiendo el tiempo y nos lo estáis haciendo perder a nosotros”.

También el expodemita Albano Dante-Fachín, hoy el mayor defensor de Puigdemont, se ha apuntado al desgaste de los rivales: “Hay unos cuantos perfiles que hace meses que hablan de ‘diálogo’ y ‘reencuentro’, pero hoy, curiosamente, no han expresado ni una sola queja por la detención de Puigdemont. Son los cómplices necesarios de Llarena y la judicatura franquista. Aunque se consideren de izquierdas”.

Los círculos más extremistas piden, incluso, que “se levante la suspensión de la declaración de independencia”, que fue aprobada en el Parlament el 27 de octubre de 2017. Esa medida es la exigida por los unilateralistas como la “única solución al conflicto” y apoyada no solo por la ANC, sino también por Òmnium, amplios círculos de JxCAT y algunos grupos minoritarios independentistas. Para esta tarde están convocadas concentraciones ante todos los ayuntamientos a las 20 horas.

Una curiosa coincidencia

La detención de Puigdemont coincide con el aniversario de la detención del comando de los CDR denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT) que pretendía convertirse en un grupo terrorista, que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2019. Este comando había comprado ingredientes para fabricar explosivos y tenía en su poder tutoriales que enseñaban cómo hacer termita a partir de determinados ingredientes. También tenían un listado de objetivos (con fotografías y vídeos de instalaciones de empresas, de edificios oficiales del Estado, de cuarteles de la Guardia Civil e incluso de dos comisarías de los Mossos) y pruebas de seguimientos a dirigentes políticos contrarios a la independencia. Entre sus objetivos también estaba asaltar el Parlament y encerrarse en él durante una semana para llamar la atención del mundo entero.

Hace poco más de una semana, el magistrado Manuel García Castellón anunció el procesamiento de los 13 activistas detenidos, acusados de pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de explosivos. La detención de Puigdemont es un elemento más, y muy importante, para una escalada de tensión que ya estaba prevista en la agenda independentista.

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“Mientras este 11 de septiembre el pueblo volvía a la calle para exigir la independencia de Cataluña, la injusticia española preparaba la confirmación de un nuevo ataque al independentismo y a la autoorganización popular”, explicaba un escrito de la cúpula de los CDR hace tan solo unos días, después de conocerse que la Audiencia Nacional procesaba por terrorismo a los 13 activistas.

El escrito de la cúpula de la organización radical acusa a los partidos “autodenominados independentistas” de practicar un “inmovilismo servil, repiten las mismas promesas incumplidas, preparan jugadas maestras imaginarias, diseñan hojas de ruta hacia la nada y se sientan en mesas de diálogo sin interlocutores”. Califica estos hechos de “escenificaciones” y advierte que eso solo garantiza “el desgaste del pueblo”. La organización extremista subraya que, por ese motivo, “anunciamos una nueva ola de acciones con la voluntad de agrietar los cimientos de un estado fascista y liberarnos como pueblo”.

En estos momentos, la operatividad de los grupos de CDR es limitada, tras una crisis sanitaria que redujo el suflé separatista y tras una década de movilizaciones masivas sin atisbar resultados positivos. Sí se han detectado, no obstante, algunos activistas que juegan a ser ‘comandos’ operativos, que calientan las redes sociales con propuestas de alto riesgo y que, en su vida privada, toman precauciones de seguridad para evitar ser detectados por la Policía. Pero son solo un puñado de ‘iluminados’ los que tendrían capacidad operativa para causar problemas serios. Lo que es más preocupante es la capacidad de movilización de jóvenes extremistas a través de redes sociales que puedan tener no solo los CDR, sino algunas plataformas radicales que preconizan incluso la violencia contra el “invasor”.