Puigdemont confía en quedar libre gracias a la protección de la Justicia europea

Carles Puigdemont confía en recuperar la libertad en cuestión de horas. Según informan a El Confidencial fuentes de su entorno, el expresidente de la Generalitat y su defensa consideran irregular la detención de este jueves en Cerdeña y apuntan a que el Tribunal General de la UE (TUE) ya determinó que la euroorden por la que se ha ejecutado se mantiene suspendida: por mucho que la alerta que provocó la intervención de la Polizia di Stato italiana a su llegada a la isla continuara activa en sí misma, la viabilidad de la entrega es cuestionable si se atiende a la última decisión de la Justicia europea, defienden los más cercanos al dirigente catalán.

La defensa de Puigdemont, con el abogado Gonzalo Boye al frente, se muestra tajante. La orden "se encuentra suspendida" y, según agrega, en caso de que España considere lo contrario, "habría engañado al TUE". El Supremo, por su parte, defiende que la orden de detención europea sigue en vigor desde que se dictó en 2019 tras la sentencia del 'procés' y únicamente perdió sus efectos durante el periodo en que el 'expresident' mantuvo su inmunidad parlamentaria. La decisión final depende de la Corte de Apelación de Sasser, que será la encargada de decidir cuál de las dos partes tiene razón.

Los próximos días serán fundamentales para determinar de qué lado cae la balanza. Puigdemont permanece en prisión a la espera de una vista ante los jueces sardos que se celebrará a las dos de la tarde de este viernes y en la que comparecerá por vía telemática. Su defensa ya ha anunciado además que pedirá al TUE cautelarísimas para frenar la extradición y espera una respuesta en 72 horas. De forma paralela, este mismo viernes, el juez del Supremo Pablo Llarena enviará a Italia un resumen de los hechos por los que le reclama y los delitos que se le atribuyen, informan fuentes jurídicas.

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El nudo de esta historia se encuentra en la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Allí fue donde se cocinó la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont, y también de los eurodiputados y exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, solicitada por el Supremo y que después fue también aprobada por el pleno de la Eurocámara el 9 de marzo.

Desde el primer momento, el expresidente de la Generalitat denunció que el proceso no había sido justo para él, y su círculo cercano adelantaba que agotaría todas las vías para recurrirlo. Y esas vías llevaban a Luxemburgo, al Tribunal General de la Unión Europea. Puigdemont y los dos 'exconsellers' denunciaron esas supuestas irregularidades a la Justicia europea y solicitaron la anulación del proceso del suplicatorio así como medidas cautelares para recuperar su inmunidad ante el riesgo de detención en sus actividades parlamentarias, ya que una de las sedes de la Eurocámara se encuentra en Estrasburgo (Francia).

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El mismo día en que el pleno aprobaba el suplicatorio, el 9 de marzo, el juez Llarena trasladó entonces una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para adelantarse a los tribunales belgas y obligarles a entregar a Puigdemont: aprovechando que ya no gozaba de inmunidad, preguntó a este tribunal sobre el alcance de las euroórdenes dictadas contra el 'expresident' para que fijara las líneas rojas. Esa consulta se admitió a trámite y todavía no se ha resuelto.

El motor que provocó que se presentara esa petición de decisión prejudicial fue la postura de las autoridades belgas de negarse a entregar al 'exconseller' Lluís Puig, cuyo proceso de euroorden había seguido su curso al no disfrutar de inmunidad parlamentaria. Estos dos casos se irán cruzando a partir de este momento.

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Pero mientras tanto, Puigdemont y los dos 'exconsellers' ya habían jugado sus propias cartas, recurriendo la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad ante el Tribunal General de la Unión Europea (TUE). En un primer momento, ganaron la mano y, el 2 de junio, este tribunal suspendió de manera cautelar el levantamiento de esta especial protección, dejando así el caso congelado: por un lado, Llarena quedaba a la espera de que el TJUE aclarara el alcance de las euroórdenes y, por otro, el TUE mantenía la inmunidad de los tres.

La clave, el 30 de julio

El 2 de junio, el TUE admitió entonces de manera provisional las medidas cautelares solicitadas por Puigdemont, Comín y Ponsatí. No era una decisión final sobre las medidas cautelares, solamente una decisión provisional para que no afectara a su labor como eurodiputados.

La situación se mantuvo así hasta el 30 de julio, cuando el TUE emitió una nueva resolución en la que finalmente seguía la línea del Parlamento Europeo y no aceptaba medidas cautelares, por lo que la inmunidad a Puigdemont y los dos 'exconsellers' quedaba retirada a la espera de una decisión final sobre la anulación o no del suplicatorio. ¿Su razonamiento? Se basaba en dos ideas. Por un lado, los eurodiputados seguían sin poder ser detenidos en sus desplazamientos a la sede de Estrasburgo incluso habiendo perdido su inmunidad. Por otro, no existía un riesgo inminente de detención.

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El vicepresidente del TUE concluyó así que el líder independentista no había conseguido probar que la pérdida de esta especial protección le expusiese a un “perjuicio grave e irreparable”: mientras el TJUE no respondiera a la cuestión prejudicial trasladada por el juez del Supremo, la posible detención y entrega del 'expresident' a España quedaba descartada. Esta postura se refleja en los puntos 52, 53 y 54 del fallo del 30 de julio:

• "Como se desprende de la cuestión prejudicial planteada y como confirman las autoridades españolas, el proceso penal en cuestión fue suspendido por dicha solicitud. Además, dicha suspensión está prevista en las recomendaciones del Tribunal de Justicia a los juzgados y tribunales nacionales (...): la presentación de una cuestión prejudicial requiere que el procedimiento nacional quede suspendido hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie".
• "Dado que la cuestión prejudicial planteada se refiere a la ejecución de las órdenes de aprehensión dictadas en el proceso penal en cuestión, se podrá considerar que la suspensión de esos procedimientos requiere la suspensión de la ejecución de esas órdenes".
• "Las autoridades españolas también manifestaron expresamente que dicha solicitud requería la suspensión de las órdenes de detención nacionales dictadas contra los demandantes y supuso la suspensión de cualquier procedimiento para la ejecución de una orden de detención europea que pueda haber sido iniciada. También manifestaron que ningún tribunal de la Unión Europea podría ejecutar las órdenes de detención europeas en litigio hasta que el Tribunal de Justicia se haya pronunciado".

En otras palabras: las órdenes de detención estarían suspendidas hasta que el TJUE resolviese la consulta trasladada por Llarena, y eso dejaba sin sentido las medidas cautelares. El TUE se mostraba muy tajante al respecto y también manifestó que ningún tribunal de la Unión Europea podría ejecutar las órdenes de detención europeas en litigio hasta que el tribunal de Justicia se hubiera pronunciado. Es decir, incluso sin inmunidad parlamentaria, en aplicación de esa decisión, Puigdemont podía seguir moviéndose por la Unión Europea sin temor a ser detenido. Lo ha estado haciendo con total libertad. Hace solo unos días, por ejemplo, viajó a Francia sin ningún incidente.

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Además, la decisión del 30 de julio abre otra puerta a Puigdemont en caso de que persistiera su detención en Cerdeña: el TUE señala que en caso de riesgo real de detención por parte de las autoridades de algún Estado miembro, los eurodiputados en cuestión podrían volver a pedir cautelares a la corte de Luxemburgo, tal y como ha anunciado su defensa que hará este viernes.

"Cabe agregar que si, una vez dictado el presente auto, parece con suficiente grado de probabilidad que el perjuicio alegado pueda surgir, en particular en el caso de una detención de los demandantes por una autoridad de ejecución de un Estado miembro o la ejecución de un procedimiento para su entrega a las autoridades españolas, podrían presentar una nueva solicitud de medidas cautelares en las condiciones previstas en el artículo 160 del Reglamento de Procedimiento", señala el texto. La batalla jurídica vuelve a jugarse en el corazón de Europa.