Llarena da el primer paso para implicar a la Justicia de la UE en la entrega de Puigdemont

El instructor de la causa del 'procés', el juez del Supremo Pablo Llarena, ha consultado a las partes sobre la posibilidad de trasladar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para adelantarse a los tribunales belgas y obligarles a entregar al 'expresident' Carles Puigdemont. La maniobra, que fuerza a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado a pronunciarse al respecto, llega después de que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo votara este martes a favor de retirar la inmunidad a Puigdemont, como solicitaba España. Esta propuesta en principio se elevará el 8 de marzo al pleno de la Eurocámara para que sus 705 diputados voten de forma secreta la decisión final, pero Llarena busca dejar el caso en manos del TJUE antes de que Bélgica pueda volver a rechazar la extradición.

El simple traslado de la cuestión prejudicial a Luxemburgo ya obligaría a Bruselas a paralizar el procedimiento hasta que este se pronuncie. Los roces entre la Justicia belga y española se remontan a 2018, cuando rechazaron por primera vez la entrega de los 'exconsellers' huidos. Desde entonces, han respondido con una negativa tras otra ante las peticiones de extradición, la última en enero: la Fiscalía se negó entonces a recurrir la decisión del tribunal de Apelación de Bruselas, que denegó en segunda instancia la extradición del 'exconseller' Lluis Puig por un presunto delito de malversación. Ante la posibilidad de que la historia se repita con Puigdemont, al que España pide entregar por sedición y malversación, Llarena quiere que el TJUE se pronuncie contra la interpretación que ha hecho hasta ahora la Justicia belga de las euroórdenes.

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Además del 'expresident', el magistrado busca que su consulta se extienda a Lluis Puig, Antoni Comín y Clara Ponsatí, tratando así de aclarar el alcance de las posibilidades de petición y las razones de denegación de una entrega europea. Todo ello con la finalidad de poder establecer criterios estables que le permitan mantener, retirar o emitir nuevas órdenes de detención contra todos o algunos de los procesados por el 'procés'. En la providencia, notificada este jueves, explica que la autoridad judicial de ejecución belga le ha comunicado oficialmente el 1 de febrero de 2021 su decisión de denegar la entrega de Puig, por lo que considera que hace falta que el TJUE se pronuncie sobre la interpretación del Derecho de la Unión y las normas establecidas en torno los procedimientos de entrega entre Estados miembros.

La decisión de Bélgica “discrepa de la que sostiene este Tribunal Supremo", y "la interpretación definitiva de la norma no solo afecta a las decisiones de entrega que deban tomarse en un futuro y a su eficacia procesal, sino que condiciona la subsistencia de unas medidas que impactan directa y permanentemente en el derecho a la libertad de los afectados, no solo respecto a su libertad de movimientos en el actual país de ejecución, sino todos aquellos otros Estados de la Unión donde hoy opera su orden de detención y que puedan restringir su libertad en un futuro”, explica Llarena. Apoyándose en este razonamiento, pide a las partes personadas en la causa del 'procés' que se pronuncien al respecto en los próximos tres días debido a que la larga tramitación de las euroórdenes ha facilitado su conocimiento sobre las mismas.

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No sería la primera vez que el Supremo lanza una cuestión prejudicial a Luxemburgo en relación al 'procés'. En julio de 2019, el alto tribunal atendió la petición de Oriol Junqueras y trasladó al TJUE la consulta sobre el alcance de su inmunidad y, en concreto, sobre la concesión del permiso extraordinario de salida de prisión que solicitó para cumplir con los trámites de eurodiputado. En diciembre de ese mismo año, el órgano dio la razón al líder de ERC: “Una persona que resulta elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de dicha institución por el hecho y desde el momento de la proclamación de los resultados electorales, de modo que goza de las inmunidades”. Para entonces, Junqueras ya había sido condenado a 13 años de prisión y su excarcelación quedó descartada.

Pero esa misma inmunidad como eurodiputado es la que ahora discute el Parlamento Europeo en relación a Puigdemont. Si el órgano le levanta esta especial protección, los tribunales belgas volverán a examinar la petición de entrega lanzada por España, y Llarena no quiere llevarse un nuevo varapalo: confía en que el traslado de una cuestión prejudicial lleve al TJUE a pronunciarse contra resoluciones como la de Puig. Aunque se trate de un tribunal distinto, Bélgica ya ha sido criticada anteriormente por no colaborar con España en las extradiciones: en julio de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al país por no cumplir "con la obligación de cooperar" con España al pedir este la entrega de la etarra Natividad Jáuregui Espina. Con esa resolución como telón de fondo, Jáuregui fue entregada a España en noviembre.

Euroorden tras euroorden

Tras notificarse la sentencia del 'procés' el pasado 14 de octubre de 2019, Llarena activó una nueva orden europea e internacional de detención y entrega contra Puigdemont y Comín por los delitos de sedición y malversación. El juez recordaba para ello que la simple imputación de los líderes independentistas propició su fuga en 2017, por lo que las condenas a Junqueras y el resto de miembros del Govern conllevaban el riesgo de que buscasen reforzar su huida y se refugiasen en países que no forman parte de la Unión Europea. Su argumentación, sin embargo, no convenció a la Justicia belga.

El 18 de octubre, coincidiendo con la entrega voluntaria del 'expresident' ante las autoridades belgas, el juez que estudiaba la euroorden ya evidenció las dudas que le suscitaba la elección como eurodiputado de Puigdemont. De madrugada, remitió una consulta urgente a España y pidió aclarar lo que apreció como un fleco respecto a la euroorden de España contra el 'expresident' por su elección como parlamentario. Entonces, Llarena remitió un nuevo escrito en el que remarcaba que el líder independentista no gozaba de la misma inmunidad, afirmación que desde Bélgica consideran que queda desmentida con la mencionada sentencia del TJUE sobre Junqueras. La situación ha quedado así congelada mientras el Parlamento Europeo estudia si levantar la inmunidad al expresidente catalán.

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Antes de esta última euroorden, la Justicia española ya había emitido otras dos contra Puigdemont. La primera solicitud la firmó en noviembre de 2017 la entonces jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, pero el propio Llarena decidió retirarla tras asumir la instrucción de la causa en diciembre: temía que Bélgica se negara a entregar al político por rebelión, situación que cerraba la puerta a juzgarle por ese delito en España. Este miedo terminó por confirmarse con la segunda euroorden, que propició que Puigdemont fuera detenido en Alemania en marzo de 2018. Llarena consideró que era el país más propicio para solicitar la extradición del expresidente catalán por rebelión, pero la Justicia alemana solo aceptó extraditarle por malversación, lo que llevó al magistrado a retirar su solicitud y a mantenerla suspendida hasta octubre.

Tras estos dos intentos fallidos, el Tribunal Supremo confió en que la tercera euroorden terminara con Puigdemont en el banquillo. A diferencia de las anteriores, en esta ocasión no se solicitaba su entrega por rebelión, por lo que Llarena no tenía que entrar a explicar el uso de la violencia en el proyecto independentista. Pese a ello, la sentencia del TJUE del 19 de diciembre de 2020 cayó como un jarro de agua fría sobre el alto tribunal. Con este pronunciamiento sobre la inmunidad de los europarlamentarios, la Justicia belga suspendió la tercera euroorden contra Puigdemont. En el caso de que ahora se levante su inmunidad, retomarían el análisis de la misma, pero Llarena no quiere volver a correr ese riesgo: el magistrado busca una resolución del TJUE que impida a Bruselas responder con un nuevo 'no'.