Bruselas estrena contra Hungría el mecanismo que abre la puerta a cortar fondos europeos
La Comisión Europea va a enviar a las autoridades húngaras la carta de notificación formal que da inicio al mecanismo de condicionalidad que podría cortar la llegada de fondos europeos
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Ante un Parlamento Europeo ansioso tras meses pidiéndolo, llegando a denunciar a la Comisión Europea a los tribunales de Luxemburgo por su inacción, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha anunciado que Bruselas va a enviar a Hungría la carta de notificación formal que da inicio al mecanismo de condicionalidad que permite cortar la llegada de fondos europeos a países que violan el Estado de derecho de manera que ponga en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea.
La carta es el pistoletazo de salida de un proceso largo que permite cortar la llegada de miles de millones de euros a Hungría, pero para lo que antes el Gobierno húngaro tendrá entre uno y tres meses para responder a la carta de la Comisión Europea y sugerir cambios que permitan resolver la situación. En caso de que Bruselas no esté convencida con la respuesta, tendrá un mes para proponer al Consejo la congelación de fondos. Allí hará falta que una mayoría cualificada de los Estados miembros de la Unión (es decir, 15 de 27 países que representen al menos el 65% de la población de la UE) apoye el corte de fondos europeos.
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Durante el procedimiento del artículo 7, otra cláusula sancionadora que permite, en última instancia y con unanimidad del resto de capitales, dejar a un país sin derecho a voto en el Consejo, los Estados miembros han demostrado su falta de apetito a la hora de enfrentarse unos a otros hasta el punto de que fuentes diplomáticas acabaron calificando el artículo 7 como “papel mojado”, a pesar de que su alcance es mucho más amplio.
El estreno de la herramienta
La Comisión tiene este nuevo mecanismo a su disposición desde principios de 2021, pero permitió que Hungría y Polonia, los dos países que se oponían a él, llevaran el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que este aclarara si la herramienta estaba o no en línea con el derecho de la Unión. Budapest y Varsovia se oponían al mecanismo porque ambos saben que son los principales candidatos a sufrirlo, tras años de pulso con la Comisión Europea por la cuestión del Estado de derecho.
En febrero el alto tribunal de Luxemburgo aclaró que, como se daba por hecho en Bruselas, el mecanismo era legal. Sin embargo, en la capital comunitaria se señaló que no era el momento de activar la herramienta: las elecciones húngaras, que se celebraron este 3 de abril, estaban demasiado cerca y se creía que poner en marcha el mecanismo podría beneficiar al Gobierno húngaro en la campaña.
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Pero el domingo 3 de abril el primer ministro de Hungría, el autoritario Viktor Orbán, arrasó de nuevo en las elecciones ante una oposición que se presentaba unida. El silencio en Bruselas ante unos comicios que expertos y analistas han calificado como “libres, pero no justas” ha sido total. La felicitación a Orbán por su victoria electoral ha llegado en forma de carta de notificación formal sobre la activación del mecanismo de condicionalidad.
Johannes Hahn, comisario de Presupuesto de la Comisión, ha estado en contacto con las autoridades húngaras y ha sido el encargado de anunciar a Budapest que el Ejecutivo comunitario enviaría dicha carta, que da inicio al mecanismo. Este paso llega después de que en Bruselas hayan “analizado cuidadosamente” la respuesta húngara a una carta informal enviada por el Ejecutivo comunitario el pasado mes de noviembre. “Nuestra conclusión es que tenemos que dar el siguiente paso”, ha explicado Von der Leyen ante una Eurocámara que ha roto en aplausos.
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Orbán, un líder de la oposición liberal contra el yugo soviético, cambió de actitud cuando llegó por segunda vez al puesto de primer ministro, en 2010. Desde entonces no ha abandonado el cargo y la oposición, organizaciones internacionales y analistas señalan que Hungría ha descendido por una pendiente autoritaria.
Durante la última década, Orbán ha ido tejiendo a su alrededor una red clientelar de amigos, familiares y empresarios bien colocados en el que los fondos europeos han jugado un papel central. También ha ahogado a la prensa crítica con el Gobierno, ha establecido una nueva constitución, una reforma electoral que favorece a Fidesz, y ha ido copando las instituciones, situando a sus cercanos al frente de la judicatura y otros órganos cruciales del Estado.
Ante un Parlamento Europeo ansioso tras meses pidiéndolo, llegando a denunciar a la Comisión Europea a los tribunales de Luxemburgo por su inacción, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha anunciado que Bruselas va a enviar a Hungría la carta de notificación formal que da inicio al mecanismo de condicionalidad que permite cortar la llegada de fondos europeos a países que violan el Estado de derecho de manera que ponga en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea.