Puigdemont y los indultados usarán los argumentos de Moncloa en Europa
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Ante el TEDH y el TJUE

Puigdemont y los indultados usarán los argumentos de Moncloa en Europa

Los condenados y fugados esgrimirán que la vía política ha tenido que activarse para evitar los excesos de la vía judicial. Y aprovecharán los argumentos del Gobierno para su perdón

placeholder Foto: Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras en 2017. (Reuters)
Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras en 2017. (Reuters)

La argumentación empleada por el Gobierno para indultar a los presos del 'procés' no servirá solo para exponer los motivos de la gracia. Tanto los indultados como Carles Puigdemont tienen intención de utilizarla ante los tribunales europeos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe pronunciarse en los próximos meses sobre la sentencia mientras que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene ya bajo estudio una cuestión prejudicial remitida por el juez Pablo Llarena sobre las órdenes europeas de detención.

Según informan fuentes cercanas a las dos formaciones a las que pertenecen tanto unos como otros, la concesión del indulto y la forma en la que el Ejecutivo la ha argumentado se emplearán, por un lado, contra la resolución del Tribunal Supremo que les condenó a penas de entre 9 y 13 años y, por otro, contra la instrucción que aún mantiene abierta el alto tribunal. Los argumentos de los indultos contraponen dos supuestas vías que pintan como enfrentadas: la judicial y la política. Ofrecen por ello una posibilidad que no desperdiciarán los condenados y fugados para esgrimir que la segunda ha tenido que activarse para evitar los excesos de la otra.

Foto: El presidente de la Sala Tercera del Alto Tribunal, César Tolosa. (EFE)

El Gobierno justifica la concesión de los indultos a los presos del 'procés' apoyándose de forma exclusiva en la utilidad pública que, según su criterio, supone el deber del Ejecutivo de "asegurar la convivencia libre y pacífica". La argumentación del Gobierno pone el acento en que el castigo penal "ofrece una utilidad limitada a la hora de pacificar situaciones de conflicto como la que vive la sociedad catalana" y señala su efecto contraproducente. "En ocasiones, el cumplimiento de penas privativas de libertad por parte de líderes sociales o políticos puede reforzar las lógicas de desafección, generando una falsa percepción de injusticia en quienes ven a sus representantes encarcelados y en quienes consideran que el castigo es excesivo", indica.

A lo largo de más de 30 páginas, los expedientes destacan que la convivencia democrática entre catalanes se ha visto afectada por estos hechos lo que ha condicionado negativamente las relaciones entre Cataluña y el resto de España y obstaculizado "la superación del conflicto existente". "A raíz de los acontecimientos acaecidos en septiembre y octubre de 2017 y sus consecuencias —políticos presos incluidos—, las vías de comunicación entre las fuerzas independentistas y el resto del espectro político español, empezando por el propio Gobierno, se vieron gravemente deterioradas", reconoce.

Crispación

Agrega a continuación que en Cataluña y, por extensión, también en buena parte de España, el debate público ha quedado contaminado y la actividad institucional seriamente afectada por "dinámicas de confrontación impropias de un sistema democrático como el nuestro". Para el Gobierno, "la profunda división que actualmente experimenta la sociedad catalana", irradia sus efectos sobre el conjunto de España. "La polarización del espectro político catalán en torno al eje independencia/no independencia ha alcanzado en la última década un altísimo grado de intensidad, generando una creciente crispación en la escena social y política que, desde el Gobierno vemos con preocupación y estamos dispuestos a tomar decisiones para paliarla", dice.

Por ello, indican los expedientes, mantener en prisión de los líderes de las principales formaciones independentistas no contribuye positivamente a rebajar la tensión existente. Vuelven a referirse a la ciudadanía y pone de manifiesto que el Gobierno sabe que una parte importante de la ciudadanía catalana "comparte los objetivos políticos" de los encarcelados. Todos ellos tienen —agregan— "un importante valor simbólico para el independentismo y para quienes, no siendo independentistas, consideran injusta esa situación".

El TJUE tiene que responder a la cuestión planteada por el juez para que valore las denegaciones de las euroórdenes

La vía europea siempre ha sido una prioridad para el independentismo, que ha visto en ella la posibilidad de reforzar su mensaje recurrente de que España cuenta con una Justicia represiva que ha violado de forma sistemática sus derechos. Aunque el TEDH no puede alterar el sentido de las condenas, sí puede determinar si se produjo una vulneración de dichos derechos e imponer, por ello, el pago de indemnizaciones. La decisión depende de una sala compuesta por siete jueces y puede alargarse años.

Por su parte el TJUE tiene que responder a la cuestión planteada por el juez del Supremo para que valore las denegaciones que hizo la justicia belga de las euroórdenes contra los exiliados que se han hecho hasta ahora. En concreto, quiere que la justicia europea valore el alcance y las razones de denegación con el fin de poder establecer criterios sobre si se tienen que mantener, retirar o emitir nuevas euroórdenes contra los exiliados.

La argumentación empleada por el Gobierno para indultar a los presos del 'procés' no servirá solo para exponer los motivos de la gracia. Tanto los indultados como Carles Puigdemont tienen intención de utilizarla ante los tribunales europeos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe pronunciarse en los próximos meses sobre la sentencia mientras que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene ya bajo estudio una cuestión prejudicial remitida por el juez Pablo Llarena sobre las órdenes europeas de detención.

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