El Gobierno ofrece la mano en el caso Pegasus, pero ERC quiere el brazo entero

El aplazamiento forzado de la declaración como imputada de la exdirectora del CNI Paz Esteban ante el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona ha removido las aguas del caso Pegasus, pero no tanto como busca ERC. La antigua responsable del centro debía declarar como investigada tras la admisión a trámite de una querella presentada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Una cascada de recursos en los que se señalaba que está obligada a guardar reserva hasta que el Ejecutivo no desclasifique la información que maneja ha provocado el aplazamiento de su comparecencia y ha generado que los ministerios de Defensa e Interior abran la puerta a levantar, en parte, el secreto. No se aceptará, sin embargo, el acceso a todos los datos que quiere Esquerra.

El titular del juzgado aceptó las diligencias reclamadas por el presidente catalán sobre el espionaje a los teléfonos de personas vinculadas al independentismo. La querella interpuesta por Andreu van den Eynde, el que fuera abogado del líder de ERC Oriol Junqueras durante el juicio del procés, se dirigía contra OSY Technologies, la firma con sede en Luxemburgo que es propietaria de la israelí NSO Group, responsable de la tecnología. El juez ordenó remitir una comisión rogatoria a este país para recabar información que aún está en tramitación.

En un auto al que tuvo acceso El Confidencial, el magistrado ordenó una batería de diligencias, todas ellas solicitadas por ERC, a las que aún no se ha dado respuesta. Tras apreciar "la posible existencia de infracciones penales, entre otras, de la intercepción ilegal de comunicaciones y espionaje informático", reclamó al CNI información precisa sobre las escuchas a Aragonès.

La parte dispositiva del escrito se alarga durante varias páginas. En relación concreta con la actividad del CNI, el magistrado requería, previa solicitud de la pertinente desclasificación, "información relativa a la compra y posible uso del programa Pegasus". Buscaba saber si el centro dispone de licencia de uso, si cuenta en exclusiva con las facultades de autorización de su utilización en el territorio español o si otros organismos tendrían licencia. También qué entidad mercantil adquirió la licencia y qué personas concretas actuaron en nombre del CNI.

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El juez iba aún más allá, en la misma línea de la querella de ERC. Exigía que se aporten los documentos relativos al encargo, compra, instalación y pago, que informaran si han hecho uso del software Pegasus en relación con Aragonès y acceso completo a cualquier registro de eventos o incidencias, información o datos vinculados al uso del programa Pegasus sobre cualquier dispositivo vinculado al presidente de la Generalitat.

Respecto a la autorización judicial de la intervención, el juzgado se dirigía al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, responsable del control judicial del CNI, para que confirmara si había autorizado el uso del software de intervención de las comunicaciones y la intimidad de Aragonès. "Caso afirmativo, que remita testimonio de las resoluciones judiciales por las cuales se ha autorizado la injerencia", agregaba. El magistrado está obligado por ley a guardar secreto de sus actuaciones.

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El problema es que la cumplimentación de la recopilación de esos indicios requiere el visto bueno del Consejo de Ministros. Y el Gobierno está dispuesto a dar la mano, pero se niega a que ERC le agarre el brazo entero. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dejó caer este lunes que el Gobierno desclasificará algunos informes siempre que "se entienda que es oportuno, razonable y conforme a la ley". Defensa cree "bastante probable" que el Ejecutivo acceda a desclasificar algunos extremos del caso. De momento, lo único para lo que se tiene visto bueno es para entregar aquello que demuestra que las escuchas tuvieron el visto bueno judicial y se realizaron en pleno cumplimiento de la legalidad. Muy lejos de lo que busca ERC.

Las escuchas

Ante la Comisión de Secretos del Congreso, en mayo de 2022, Esteban reconoció que se realizaron escuchas a 18 dirigentes independentistas con esta tecnología ante la sospecha de presuntas actividades ilícitas, pero con previa autorización judicial. Entre los espiados por el CNI, estarían Aragonès; los diputados Míriam Nogueras, Albert Botran y Carles Riera; el portavoz de Ómnium Cultural, Marcel Mauri; los tres ingenieros de Tsunami Democràtic, Elies Campo, Jordi Baylina y Pau Escrich, y personas del entorno de Carles Puigdemont.

A puerta cerrada, Esteban ya mostró entonces las autorizaciones judiciales del Tribunal Supremo para espiar a todos ellos. El CNI se desvincula del resto de escuchas, más de 60, que publicó The New Yorker con base en información ofrecida por Citizen Lab.

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La causa judicial transcurre de forma paralela al impulso de la comisión de investigación parlamentaria sobre el mismo caso. ERC cuenta con obtener también respuestas a través de esta vía y se centrará en tratar de averiguar cuántos organismos estatales operan con Pegasus y qué uso han llegado a hacer de él. El Ministerio del Interior ha reiterado en los últimos años que ningún cuerpo de la policía ha utilizado nunca este software espía.