Sánchez premia al 'abrasado' Marlaska con el mandato más largo de la democracia en Interior

Fernando Grande-Marlaska se convertirá en las próximas semanas en el ministro del Interior más longevo de la democracia. Tras un mandato no exento de polémicas y reprobado por el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha confirmado en el cargo tras cinco años y seis meses, por lo que superará próximamente al que hasta ahora era el ministro con más tiempo en esa cartera, el socialista José Barrionuevo. Se enfrenta al reto principal de la inmigración, la neutralidad política en las fuerzas de seguridad y la paz en las calles ante una legislatura que se prevé de marcado perfil político.

Sánchez lanzó un mensaje en su debate de investidura dirigido a Grande-Marlaska: “Tenemos un extraordinario ministro del Interior”. El presidente del Gobierno replicó así al diputado de UPN Alberto Catalán, quien le había criticado por haber pasado de ser “un juez admirado a un ministro despreciado”. La defensa de Sánchez levantó los aplausos de la bancada socialista y el ministro reaccionó con un gesto entre sorprendido y abrumado. En su equipo no sabían si interpretarlo como un anticipo de su continuidad o todo lo contrario: “Como cuando un presidente confirma a un entrenador y eso es el primer paso para echarlo”. La dificultad para anticiparse a Pedro Sánchez obligaba a pasar un fin de semana pendientes del teléfono para salir de dudas.

Muchas cosas han pasado desde que Grande-Marlaska se presentó ya como ministro ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Corría el mes de julio de 2018 y se definió como "un técnico en un Gobierno socialista". Tras una dilatada carrera como juez en la Audiencia Nacional jalonada por investigaciones antiterroristas, su nombramiento moldeaba un gabinete efectista que contó incluso con el primer español astronauta que viajó al espacio para dirigir la cartera de Ciencia. La presencia de Grande-Marlaska era un golpe de efecto, más si cabe atendiendo al perfil conservador que había cultivado en la carrera judicial. Cinco años y medio después, el otrora técnico sobrevive en un nuevo gabinete de marcado perfil político, tal y como lo ha descrito el propio Sánchez.

Grande-Marlaska evolucionó a leal soldado sanchista. Ha llevado a cabo algunos de los trabajos más incómodos de la primera era de Pedro Sánchez. Uno de ellos fue terminar con un cuarto de siglo de estrategia de dispersión de reclusos de ETA. La transferencia de Prisiones al Gobierno vasco en octubre de 2021 fue acompañada de un goteo semanal de traslados de terroristas que culminó el pasado marzo, un año y medio después. Todos los etarras están ya en cárceles de Euskadi y Navarra, como siempre habían pedido. “Si para sacar a los 200 presos hay que votar los presupuestos, pues votamos", dijo el líder batasuno Arnaldo Otegi a las bases de su partido para explicar por qué Bildu se había convertido en un apoyo para el PSOE en Madrid.

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Ahora son las instituciones bajo la dirección del Ejecutivo nacionalista autonómico del PNV las que impulsan los beneficios penitenciarios y la Audiencia Nacional ha revocado múltiples excarcelaciones al entender que no están justificadas. Las víctimas se opusieron frontalmente a esta política de acercamientos que apenas supuso un coste político para el Gobierno. La banda terrorista se autodisolvió en 2018 y su último asesinato lo llevó a cabo en 2010.

Todos los órdagos del ministro

Fernando Grande-Marlaska ha mostrado un perfil poco dado a los focos que se ha combinado con una gestión interna. El ministro ha visto todos los órdagos que le han lanzado con una suerte desigual. El más significativo por su trascendencia fue el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como responsable de la comandancia de Madrid. Excolaborador del exministro Alfredo Pérez Rubalcaba, De los Cobos fue destituido por no informar a sus superiores políticos del desarrollo de una investigación que estaba judicializada y afectaba al Gobierno. El Tribunal Supremo decretó que fue un cese ilegal y Grande-Marlaska tuvo que restituir al coronel. Este varapalo en los tribunales le sirvió al PP para pedir la dimisión de un ministro “abrasado por los escándalos”.

Diego Pérez de los Cobos integró una larga lista de salidas que incluye a la primera secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, una persona del partido. Su presencia en Interior se interpretó como el vínculo político del ministerio con el PSOE, pero Grande-Marlaska la sustituyó por su jefe de gabinete, el también juez Rafael Martínez, de su entera confianza. El ministro también cesó al poco de llegar al director general de la Guardia Civil, Félix Azón, un hombre del entorno de la ministra de Defensa, Margarita Robles. A diferencia de épocas pasadas, los máximos responsables de la Policía Nacional y el Instituto Armado lucen un perfil bajo ante los medios de comunicación.

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Otro alto cargo que sufrió la falta de confianza del ministro fue el responsable de la Unidad Central Operativa (UCO), el coronel de la Guardia Civil José Manuel Sánchez Corbí. Grande-Marlaska entendió como un desafío la orden de este mando de parar algunos de sus trabajos mientras Interior no remitiera el dinero de los fondos reservados a las unidades investigadoras. De nada le sirvió a Sánchez Corbí haber colaborado mano a mano en la lucha antiterrorista con el exjuez de la Audiencia Nacional. La UCO que dirigía es la unidad de élite en la lucha contra la corrupción política, al igual que la UDEF cumple esa función en la Policía Nacional. Ambas unidades hace ya tiempo que no gozan del protagonismo de antaño.

Los menores de Cueta y la valla de Melilla

Pero el campo que más ha marcado el mandato de Fernando Grande-Marlaska es la inmigración. El Gobierno que arrancó en 2018 con el gesto de acoger a los migrantes rescatados en el Meditarréneo por el buque Aquarius acabó expulsando de manera ilegal a Marruecos a decenas de menores que llegaron en una entrada masiva a Ceuta en mayo de 2021. El momento más crítico se produjo en junio de 2022, cuando decenas de subsaharianos murieron en un intento de salto masivo a la valla de Melilla. En aquel suceso intervinieron las fuerzas de Marruecos, pero la avalancha de personas que provocó la tragedia alcanzó territorio español. El ministro siempre negó este extremo y cualquier responsabilidad pese a los testimonios de supervivientes, los agentes, las críticas de la oposición y el informe del defensor del pueblo.

Cuando se produjo la tragedia en Melilla, España y Marruecos habían reconducido sus relaciones diplomáticas y el Gobierno no pidió tampoco ninguna explicación a Rabat. A día de hoy, casi un año y medio después, no hay siquiera una cifra oficial sobre cuántas personas murieron ese día. La llegada de migrantes seguirá siendo su patata caliente, toda vez de que está en cifras récord, sobre todo impulsada por la inmigración irregular en Canarias, que ha recibido un 118% más de personas en pateras que el año pasado.

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Entre los socios parlamentarios de Sánchez no ha gustado la continuidad de Grande-Marlaska. Eso incluye a ERC y Junts, los partidos independentistas que han propiciado este nuevo mandato del presidente socialista. Eso a pesar de que en Cataluña ya no resisten los principales responsables de la Guardia Civil que intervinieron e investigaron el procés. El negociador entre Junts y el PSOE Jaume Asens considera que “es una mala noticia mantener a Marlaska al frente de Interior. Un Gobierno progresista merece alguien con una trayectoria mucho más comprometida en la defensa y promoción de los derechos humanos”.

Grande-Marlaska ha resistido a todo, incluso a los índices de valoración del CIS, que le ubican en los puestos más bajos de la tabla de ministros. A la hora de hacer balance, fuentes de Interior ponen en valor “una política migratoria efectiva” que redujo las llegadas hasta 2022, evitando en origen el 40%. También destacan la apuesta contra la violencia de género a pesar de que los datos de víctimas mortales se mantienen en términos similares. Su primer año de mandato se saldó con 53 mujeres muertas y este 2023 presenta 52 feminicidios. El ejercicio de 2022 se cerró con 50 fallecidas, en 2021 hubo 49, en 2020 se registraron 50 y en 2019, su primer año completo, fueron 56 mujeres muertas.

Las violaciones y los homicidios consumados subieron un 11% en el primer semestre de 2023, según los últimos datos oficiales recogidos por Europa Press. Interior defiende que España es uno de los países más seguros, con una tasa de criminalidad “muy por debajo” del Reino Unido, Bélgica o Alemania. Otro de los puntos que exhibe Interior es un incremento en las plantillas de las fuerzas de seguridad y mayor inversión en salarios. Esto no ha significado los parabienes de los sindicatos y asociaciones profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Supera a Corcuera, Rubalcaba y Fernández Díaz

Mejorar las relaciones con estos colectivos es otra de las asignaturas pendientes. También salvaguardar la independencia política en el seno de las fuerzas de seguridad. Recientemente, el ministerio ha abierto expedientes a varios funcionarios al considerar vulnerado este principio tras algunas manifestaciones contrarias a la amnistía. La tensión generada por los acuerdos entre el Gobierno y las fuerzas soberanistas también ha provocado altercados en la calle. Los responsables policiales no pierden de vista la evolución de esa tensión social.

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Sería mentira negar que en el equipo de Grande-Marlaska miraban el calendario en busca de batir esa meta de los cinco años y ocho meses que registró Barrionuevo durante los gobiernos de Felipe González. El adelanto electoral fijado por Pedro Sánchez la puso en peligro ante la nada segura continuidad del juez al frente de Interior. Solo una repetición electoral le garantizaba batir la marca. Finalmente, no ha sido necesario porque Sánchez ha vuelto a regatear las quinielas que daban como segura la salida del juez del gabinete de ministros y le ha renovado su confianza.

Grande-Marlaska será el responsable de Interior más longevo de los 17 que han ocupado esa cartera desde el inicio de la democracia. Le siguen el citado Barrionuevo, José Luis Corcuera (cinco años y cuatro meses), Alfredo Pérez Rubalcaba (cinco años y tres meses) y Jorge Fernández Díaz (cuatro años y 11 meses).