Esa primera acción de la guerra sucia contra la organización terrorista ETA fue emprendida, autorizada y respaldada por los responsables del Ministerio del Interior de aquella época. Tiempo después, en julio de 1998, el Tribunal Supremo condenó a José Barrionuevo, exministro; a Rafael Vera, exsecretario de Estado, y a Julián Sancristóbal, ex gobernador civil de Vizcaya, a 10 años de cárcel; a Ricardo García Damborenea, ex secretario general del PSOE en el País Vasco, a siete años y a José Amedo, subcomisario de Policía, a nueve años. Todos ellos habían participado en la organización, planificación y ejecución de un segundo secuestro en Hendaya (Francia), el de Segundo Marey (4 diciembre 1983), que no tenía nada que ver con ETA.
Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) nacieron en 1983 para llevar a cabo la “guerra sucia” contra ETA. Y se formaron tres secciones: El GAL Verde, que estaba compuesto por guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián); el GAL Azul formado por policías de la Comisaría de Bilbao y mercenarios contratados para atentar y secuestrar. Estos dos dependían directamente del Ministerio del Interior. El tercero, el GAL Marrón, estaba formado por militares agregados al Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), que eran los servicios de inteligencia de aquella época, y todos ellos estaban adscritos al Ministerio de Defensa.
Los sellos de los GAL se hicieron en el propio Cesid y corrieron a cargo de los agentes Ribera y Martín. Uno se envió al GAL Verde a través del general Andrés Casinello y el otro, al GAL Azul, por medio de Francisco Álvarez.