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El Govern adjudicó 490.000 € a la oficina de la ONU que hizo el informe sobre Pegasus
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Presunta vulneración de derechos

El Govern adjudicó 490.000 € a la oficina de la ONU que hizo el informe sobre Pegasus

Los relatores de Naciones Unidas emitieron un dictamen que se ajusta a las tesis de ERC sobre el espionaje, pero justo antes fueron regados con dinero público. Ya se han embolsado más de un millón y medio

Foto: La nueva dirección de ERC, encabezada por Pere Aragonès (i), Oriol Junqueras (d) y Marta Rovira (en la pantalla). (EFE/Quique García)
La nueva dirección de ERC, encabezada por Pere Aragonès (i), Oriol Junqueras (d) y Marta Rovira (en la pantalla). (EFE/Quique García)
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El último informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre el caso Pegasus, aireado a bombo y platillo por ERC esta semana, parece hecho a medida de los intereses de la formación. Reproduce milimétricamente las teorías y acusaciones de los republicanos sobre el espionaje y defiende a capa y espada el argumentario independentista sobre esta cuestión. La presunta conexión de los firmantes con el mundo nacionalista está más que confirmada: el año pasado, este organismo recibió a fondo perdido 490.000 euros del Gobierno catalán, precisamente presidido por Esquerra, a través de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD). Y no solo eso. La secretaria general del partido soberanista, Marta Rovira, fugada en Suiza, fue quien llevó la denuncia del caso a ese negociado.

La inyección económica no es una novedad. La oficina ha sido regada con millones de euros los últimos años. No deja de resultar paradójico que el informe a favor de ERC se haya confeccionado con mimbres ideológicamente retorcidos y con sesgos que evidencian su parcialidad, después de recibir el mayor pellizco económico de su historia: casi medio millón de euros en efectivo.

Así consta en el último memorándum de la OACNUDH, que abarca desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2022. Las aportaciones voluntarias llegadas desde España suman 521.122 dólares (superando a países como Australia, India, Italia, Irlanda, Kuwait, Japón, México, Austria, Chile, Brasil o Nicaragua, entre otros). De esa cifra, "20.000 euros llegaron desde el Gobierno Vasco y 490.000 euros desde la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo". Los 510.000 euros de las dos instituciones autonómicas se convirtieron, al cambio, en los 521.122 dólares citados en la memoria de la oficina.

Foto: Fotografía de archivo del 19 de febrero de 2018 de la líder independentista catalana, Marta Rovira. (EFE/Javier Lizón)

Los tres firmantes son Fernand de Varennes, Irene Khan y Clement Nyaletsossi Voule. El primero es el relator especial sobre cuestiones de las minorías, un espacio donde los independentistas catalanes quieren introducirse para presentarse ante la opinión pública internacional como un colectivo étnico dentro de España. La segunda es la responsable de la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. El tercero es el relator sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Derechos todos ellos reconocidos y practicados en España.

El dinero que el Govern ha aportado a esta oficina en un lustro es de 1.580.000 euros

Varennes se vio con el presidente catalán el pasado 1 de diciembre en Suiza, por lo que Pere Aragonès ya sabía lo que había antes de que el informe trascendiera esta semana. Es más: el relator fue quien se llevó al país helvético al catalán como invitado especial en el Foro de las Minorías de las Naciones Unidas, para que reafirmase en un discurso sus tesis de que los catalanes son una minoría nacional. Solo si esa denominación cala en el discurso político internacional pueden intervenir en el conflicto los organismos supranacionales. La intervención de Aragonès allanaba el camino para, posteriormente, hacer público el escrito que el propio Varennes había acabado en octubre y donde alimentaba esa teoría.

Es una persona partidaria del independentismo y ha escrito siempre sus conclusiones sin haber atendido a otras partes. Así, en un viaje que hizo a Cataluña entre el 14 y el 25 de enero de 2019, se negó a reunirse con representantes de Ciudadanos, que en aquel momento era el partido más votado en Cataluña. Tampoco accedió a recibir a plataformas y organizaciones constitucionalistas. Sí lo hizo con la ANC y Òmnium Cultural, además de otras entidades soberanistas. Su informe posterior fue tendencioso, a favor de las tesis independentistas.

Maniobra de la Generalitat

Para evitar problemas, la Generalitat articuló el regalo al organismo a través de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, en vez de a través de la Consejería de Exteriores, como había hecho en otras ocasiones. En realidad, si el Ejecutivo catalán financia a un organismo internacional, debe solicitar permiso al Ministerio de Exteriores. Así lo manifestó el Tribunal de Cuentas en un informe sobre los gastos exteriores del Govern.

Foto: Pere Aragonès, en la sesión de control a la Generalitat en el Parlament. (EFE/Andreu Dalmau)

La cifra sorprende, además, porque las cantidades manejadas hasta ahora habían sido sustancialmente más pequeñas que la destinada el pasado ejercicio. En 2016, regaló a la oficina un total de 100.000 euros. En 2018, la cifra subió a 200.000 euros, mientras que en 2019 se elevó 150.000 euros y en 2020, a 350.000 euros. En 2021, en cambio, ascendió a 290.000 euros. El dinero que el Govern ha aportado a esta oficina en poco más de un lustro es de 1.580.000 euros.

Las generosas contribuciones a esta entidad tienen una particularidad: son aportadas por gobiernos autonómicos, un caso singular en el planeta, puesto que está sufragada con fondos de los países miembros; de algunos organismos internacionales (como la Unesco); asociaciones como Silatech (organización de Qatar presidida por la esposa del exemir, Sheika Mozah bin Nasser), The Schmidt Family Foundation o The Carter Center, e incluso empresas como Cisco Systems. Pero no existen ejecutivos que contribuyan a aportar fondos desinteresadamente.

Sospechosas vinculaciones

Se da la circunstancia, además, de que el abogado de Oriol Junqueras, presidente de ERC, es Ben Emerson, un antiguo colaborador de la oficina, lo que arroja notables dudas sobre la imparcialidad de los informes. De hecho, fue el propio Emerson quien presentó denuncias internacionales ante este organismo al poco de salir de él.

Foto: El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. (EFE)

El último informe vuelve sobre los mismos tópicos que los anteriores y lanza insinuaciones contra España sin presentar ni siquiera indicios. Hay una cosa cierta. Por primera vez, ya no aparecen los nombres del expresidente del Parlament Roger Torrent y del líder republicano en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, de los que Esquerra había hecho bandera como víctimas del espionaje ilegal del CNI. Las acusaciones se mantuvieron hasta finales de 2022, pese a que los independentistas tenían pruebas de que hay un sumario abierto en Estados Unidos en que se acusa a ocho empresarios israelíes de haber pinchado sus teléfonos en 2019, sin que España hubiese tenido nada que ver.

Las contradicciones, sin embargo, son numerosas. Para empezar, el reciente informe recoge las cifras del sospechoso laboratorio canadiense Citizen Lab, que hizo el dosier del Catalangate y destaca que entre 2017 y 2020 se espió con los virus Pegasus y Candiru, al menos, a 65 personas. Entre ellas, estaban Torrent, Maragall y algunos otros, como el empresario Jordi Domingo, dirigente de la ANC. Pues bien, a pesar de eliminar a Torrent y a Maragall (los tres formaban parte del mismo grupo de chat), Domingo sí fue incluido en el último informe de Varennes.

Foto: Imagen de archivo de Félix Bolaños compareciendo en la comisión Constitucional en medio del caso de espionaje Pegasus. (EFE/Mariscal)

El escrito incorpora datos que son sospechosos y que han sido manipulados. En lo referente a la expresidenta de la ANC Elisenda Paluzie, señala que fue alertada de que estaba siendo espiada en junio de 2018 “después de llevar su teléfono a un experto en seguridad de TI”. En noviembre de 2019 y en agosto de 2020, fue alertada nuevamente. Al parecer, esas alertas provenían del laboratorio canadiense que, oficialmente, en aquellas fechas no estaba realizando ninguna investigación sobre el tema, según reconocieron sus directivos oficialmente. Por tanto, el baile de fechas hace dudar de la veracidad del relato.

Un texto desconcertante

Pero es especialmente revelador que en el informe aparezca el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, del que se dice que supuestamente fue infiltrado con un virus los días 4, 5 y 13 de enero de 2020 a través de SMS. En aquel momento, Aragonès era vicepresidente y consejero de Economía, es decir, el segundo de Quim Torra. También aparecen en el listado la eurodiputada Diana Ribas (esposa del exconsejero Raül Romeva), la actual consejera de Exteriores, Meritxell Serret, la fugada Marta Rovira y Sergi Sabrià, exportavoz parlamentario y actual director de la Oficina de Estrategia y Comunicación de Pere Aragonès.

Foto: Sesión de control del Senado con una pancarta referente al 'Catalangate'. (EFE/Zipi)

“Expresamos una preocupación muy seria, por lo que se informa como un programa de espionaje extenso y bien coordinado sobre activistas y figuras públicas prominentes de la minoría catalana que parece ser una interferencia en su derecho a tener y expresar libremente sus puntos de vista, intercambiar y difundir información e ideas, a reunirse pacíficamente y participar en asociaciones, a tener vida privada y privacidad en la correspondencia, a ser iguales ante la ley y con derecho a igual protección de la ley sin discriminación alguna”, dice el desconcertante texto de la oficina de los relatores. Un texto chocante, puesto que en España no hay censura y existe libertad de expresión, información, manifestación y reunión sin limitaciones. También muestra su zozobra “de que al menos un abogado defensor de activistas de la minoría catalana se vio afectado por el programa de espionaje”. Se refiere a Andreu van den Eynde, abogado también de Junqueras y de Romeva.

El informe relata que esa situación que describía en el párrafo anterior “da la impresión de un patrón consistente y un programa bien planificado para dirigirse a los activistas que pertenecen a la minoría catalana y sus seguidores con relación a sus puntos de vista, opiniones y actividades. Ese factor se suma a la gravedad de las acusaciones y nuestras preocupaciones”. Así, piden el Gobierno de España que proporcione cualquier información que tenga sobre investigaciones oficiales sobre los dirigentes de ERC, que aclare “la relación o conexiones entre las actividades de espionaje denunciadas y las autoridades españolas”, que explique por qué el virus Pegasus se ha utilizado contra los mencionados en el texto y que informe “sobre lo que está haciendo o tiene previsto hacer el Gobierno para garantizar la reparación de las víctimas y la no repetición de las actividades de espionaje denunciadas”.

El último informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre el caso Pegasus, aireado a bombo y platillo por ERC esta semana, parece hecho a medida de los intereses de la formación. Reproduce milimétricamente las teorías y acusaciones de los republicanos sobre el espionaje y defiende a capa y espada el argumentario independentista sobre esta cuestión. La presunta conexión de los firmantes con el mundo nacionalista está más que confirmada: el año pasado, este organismo recibió a fondo perdido 490.000 euros del Gobierno catalán, precisamente presidido por Esquerra, a través de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD). Y no solo eso. La secretaria general del partido soberanista, Marta Rovira, fugada en Suiza, fue quien llevó la denuncia del caso a ese negociado.

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