La Generalitat rastrea Pegasus en 115 móviles de altos cargos para añadir pruebas a la causa

La Generalitat está rastreando el programa espía Pegasus en otros 115 teléfonos móviles cuyos titulares son altos cargos de la Administración, según han confirmado fuentes de Presidencia. El objetivo es poder aportar nueva pruebas tanto a la comisión del Parlamento Europeo —de cara a su informe definitivo— como en las causas judiciales abiertas, incluyendo la querella del presidente Pere Aragonès, que ahora ha acabado en la Audiencia Nacional. La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña lleva ocho meses trabajando en el tema por encargo de la Generalitat.

El objetivo es esclarecer los hechos y respaldar al gabinete jurídico en aquellas acciones legales que considerara iniciar. También cubrir algunas lagunas que tiene el caso Pegasus, entre otras, la facilidad que ofrece la metodología del estudio de Citizen Lab de la Universidad de Toronto para dar falsos positivos; el que uno de los investigadores, el activista independentista Elías Campo, fuese también una de las víctimas, o la colaboración que durante meses tuvo la propia Agencia de Ciberseguridad con la elaboración del trabajo, lo que lo convierte en la práctica en un informe de parte.

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Solo se analizan los dispositivos de titularidad de la Generalitat que cumplen dos requisitos: ser altos cargos de 2019 y 2020 y que puedan haber sido infectados por el programa espía israelí y, en aquellos casos en los que el alto cargo actualmente continúe en activo, tener acceso a su dispositivo móvil. Eso deja fuera algunos terminales, como el de Carles Puigdemont u otros independentistas de Waterloo. Puigdemont siempre ha evitado entregar su móvil para el estudio.

Una vez finalizados los análisis, se detallará la información de las personas afectadas y será la Generalitat quien decida su política comunicativa al respecto. En este momento, ni siquiera hay acuerdo sobre los móviles a los que se infectó con el programa de rastreo Pegasus. Según el Gobierno español, que forzó el cese de la directora del CNI Paz Esteban por este caso, solo se investigó a 18 independentistas, entre ellos Aragonès mientras negociaba el Gobierno de coalición con JxCAT. En cambio, Citizen Lab elevaba la cifra hasta los 65 afectados.

En la actualidad, se han analizado un total de 115 dispositivos y se está planificando la revisión en el resto de altos cargos incluidos en el programa de protección. Con esta información se elaborará un informe para remitirlo al gabinete jurídico. Está previsto que la Agencia de Ciberseguridad comunique estos resultados a sus órganos de gobierno, primero, y luego entregue el informe a la Generalitat.

El papel de los Mossos

Si se considera necesario desde el gabinete jurídico —un cuerpo de 137 abogados—, se harían las notificaciones pertinentes al Cuerpo de Mossos d’Esquadra o a la Agencia de Protección de Datos, según proceda. La Generalitat, sin embargo, no explica cuántos nuevos positivos han aparecido en los móviles de la Administración catalana durante este proceso y hasta ahora. Ni tampoco facilita los nombres de nuevos afectados, si los hubiere.

La Generalitat evita aclarar cuántos nuevos positivos han aparecido en este proceso

El caso Pegasus fue promovido por la propia Generalitat el pasado mes de abril y desde entonces ha sido una piedra en el zapato en las relaciones entre el Govern y la Moncloa. Se quiere que sean buenas, pero al mismo tiempo se desea dar dimensión e importancia a un caso en que el independentismo puede volver a aparecer como víctima. Así, esta misma semana ha coincidido la indignación de la Generalitat por el caso Pegasus con la satisfacción por la reforma de la sedición. En los dos casos se orquestaron comparecencias ante los medios para dar relevancia a los asuntos, pero mediáticamente son fuerzas contrapuestas. Pegasus obliga a romper con España. La reforma del delito de sedición, a seguir sentados a la mesa de diálogo. Como soplar y sorber al mismo tiempo.