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Expertos internacionales desacreditan el informe del espionaje a independentistas

El organismo que hizo el informe 'Catalangate' ayudó a ocultar webs del referéndum, y el Govern ayudó a confeccionar el montaje

Foto: Sesión de control del Senado con una pancarta referente al 'Catalangate'. (EFE/Zipi)
Sesión de control del Senado con una pancarta referente al 'Catalangate'. (EFE/Zipi)
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El informe del laboratorio canadiense Citizen Lab sobre el presunto espionaje a líderes independentistas ya tiene quien le contradiga. Varios informes internacionales desacreditan el estudio por parcial, manipulado y poco riguroso. El propio Gobierno catalán ayudó a preparar el montaje, y la organización que difundió la 'investigación' trabajó para la Generalitat de Carles Puigdemont en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La maquinaria propagandística ‘indepe’ queda al descubierto. Algunas fuentes consultadas por El Confidencial apuntan incluso a conflictos internos dentro de la propia Universidad de Toronto, de la que depende el laboratorio. A nivel internacional, los responsables de Citizen Lab han quedado con las vergüenzas al aire.

Uno de los informes que ponen en duda las investigaciones realizadas desde Canadá es el del investigador Jonathan Scott, de la Northcentral University de Arizona, que acusa a Citizen Lab de trabajar desde el año 2017 para el independentismo y de haber realizado un informe más político que científico. Su conclusión es tajante: "El informe 'Catalangate' se ha presentado al mundo como un descubrimiento científico factual de una amenaza mundial. Así como los informes médicos exigen prueba de reclamación que puede ser verificada por profesionales, lo mismo se aplica a las acusaciones de infección por ‘spyware’. Es evidente que la presión política para la publicación del 'Catalangate' ha dejado de lado la verificación y validación de la ciencia", dice Scott en su informe.

Foto: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. (EFE/Marta Pérez)
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Señala, asimismo, que "más del 55% de los supuestos catalanes contagiados no tienen fechas de compromiso asociadas con ellos. Al denunciar un delito, el investigador siempre preguntará: '¿Cuándo ocurrió esto?'. (…) Personas a las que se les ha dicho que están infectados con ‘spyware’ viven todos los días creyendo que han sido violados, cuando en realidad este no es el caso. Es hora de que la gente sepa la verdad".

Para el investigador norteamericano, "el 100% de las presuntas víctimas dicen que han sido víctimas del Gobierno español, pero no disponemos de datos asociados a la demanda. Citizen Lab no presenta datos verificables y no logra proporcionar pruebas para sustentar su reclamación". Scott sostiene que el relato del laboratorio canadiense puede ser desmantelado examinando el contexto de sus afirmaciones, que evidencia más "una masiva campaña de ‘phishing’ enviada a personas de todo el mundo", al haber sido infectados por varios virus, que una operación política orquestada por un Gobierno, el español, que es a quien se quiere criminalizar.

Mala praxis

La Fundación Hay Derecho, en la que participan prestigiosos catedráticos de Derecho, notarios y empresarios, ha sido la última en sumarse a las críticas. En su blog ha hecho públicas las conclusiones de José Javier Olivas, profesor de la UNED, que el pasado 20 de mayo envió un informe de 22 páginas al vicerrector de la Universidad de Toronto sobre los defectos de la investigación de Citizen Lab. El 7 de julio, remitió otro documento con "nuevas pruebas sobre malas praxis, surgidas en las últimas semanas". Junto con el informe, solicitaba que se abriese una investigación independiente sobre posibles infracciones del código de integridad profesional de la propia Universidad". "En Toronto no saben dónde meterse y hay voces que han criticado abiertamente la filtración de la noticia al periodista Ronan Farrow, hijo de Mia Farrow, en una operación con tintes políticos mediatizados. Han visto que las cosas no son tal y como se las han dibujado", señalan a El Confidencial fuentes académicas del ámbito internacional.

En su informe, Olivas pone de manifiesto que algunos académicos habían mostrado en las últimas semanas "que la investigación de Citizen Lab tiene demasiadas anomalías como para que el informe 'Catalangate' o sus autores sean considerados como fuentes periciales neutrales". En primer lugar, el profesor destaca "la falta de transparencia en algunas cuestiones metodológicas muy relevantes. Del informe no se puede deducir ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni por quién fueron llevados a cabo los análisis forenses", datos que se facilitan en cualquier investigación académica.

Foto: La empresa israelí propietaria de Pegasus. (Reuters/Amir Cohen)

Además, señala que "el informe no ha sido sometido a una revisión de pares (‘peer review’) y no pone a disposición los datos necesarios para poder replicar los resultados. Extrañan más aún las reticencias que Ronald Deibert, el director de Citizen Lab, mostró frente a los europarlamentarios del Grupo Renew Europe y a la prensa cuando se le solicitaron detalles sobre la investigación". Añade también que "las pruebas para incriminar a España son ‘circunstanciales’ (como el mismo informe admite)", pero, al mismo tiempo, "no se reportan grados de confianza de ningún indicador, ni se consideran falsos positivos o explicaciones alternativas".

El informe de Olivas destaca que una de las presuntas víctimas, Elíes Campo, "fue quien se encargó de coordinar el trabajo de campo en Cataluña", cuando había sido un "activista independentista que colaboró en la organización del referéndum de 2017". El informe del profesor de la UNED señala que “es también irregular que se le encargase en julio de 2020 una tarea tan importante cuando él no tenía experiencia previa en investigaciones científicas ni tenía titulación académica al efecto. Hasta enero de 2022 ni fue nombrado 'fellow' en Citizen Lab y, aunque no dijo la verdad sobre su situación laboral, en teoría trabajaba para Telegram, por lo que no deja de ser sorprendente su participación en un proyecto que supuestamente se había iniciado por un encargo de WhatsApp a Citizen Lab". Telegram, por su parte, desmintió que Campo hubiese sido alto ejecutivo suyo, tal y como el activista sostenía en su currículum.

El Govern, involucrado

Olivas pone el dedo en la llaga cuando involucra al propio Gobierno catalán en el montaje: "El informe omite que la Agencia de Ciberseguridad (ACC) trabajó en el análisis de los móviles con Citizen Lab y que los partidos políticos y asociaciones independentistas jugaron un papel clave en la identificación de potenciales casos sospechosos de infección". Ello supondría que el Gobierno catalán fue parte activa en el montaje del escándalo. Además, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, renunció a una entrevista con el presidente español, Pedro Sánchez, que se le había ofrecido desde la Moncloa en la primera quincena de abril, porque sabía que había una operación en marcha para hacer coincidir el escándalo con la creación de la Comisión Pegasus en el Parlamento Europeo. Si se realizaba la entrevista, estaba obligado a informar a su interlocutor de lo que se avecinaba, pero abortando el encuentro permitía que se explotase un escándalo prefabricado.

Las sospechas de montaje se refuerzan tras la publicación de un libro del expresidente del Parlamento Roger Torrent, uno de los primeros que denunció el caso: "Torrent incluso indica que Gonzalo Boye [abogado acusador en el 'Catalangate' y uno de los supuestamente espiados] hacía un inventario ya el 24 de julio de 2020 [cuando se conoció que el móvil de Torrent había sido espiado, aunque ya había un sumario abierto en EEUU identificando a los autores]. Es decir, el demandante incluye como prueba un informe que ha ayudado a elaborar”. En otras palabras, Boye había presentado como prueba 'neutral' los informes en los que él mismo había participado.

placeholder El investigador de Citizen Lab, John Scott-Railton. (Reuters)
El investigador de Citizen Lab, John Scott-Railton. (Reuters)

Pero los aromas de manipulación van más allá: "Tampoco se explica el motivo teórico o científico que les hizo ceñirse a analizar solo a personas ligadas al independentismo. La elección como título de 'Catalangate', que era una referencia propagandística que ideó Ernest Maragall y que era el nombre de una web que se había registrado en enero de 2022 por la ANC y que pertenece a Òmnium, también resulta indicador de la falta de neutralidad del informe".

En su trabajo, Olivas advierte otro aspecto relevante: Citizen Lab, al investigar el tema, alertó a determinados ciudadanos de que podían estar siendo objeto de vigilancia por parte de alguna agencia gubernamental española. "Es preciso recordar que era razonable pensar que muchas de estas personas estaban siendo investigadas por orden judicial, otras estaban fugadas y algunas incluso encarceladas. Por ejemplo, tres de los espiados se habían reunido con emisarios del Kremlin y seis trabajaban en el área de la tecnología 'blockchain' y criptomonedas y se sospechaba que habían participado en la organización de la plataforma Tsunami Democràtic. Como se ha revelado posteriormente, los servicios de inteligencia españoles estaban vigilando a 18 líderes independentistas. No sabemos si sus escuchas fueron afectadas por la investigación de Citizen Lab. Ni los autores ni el comité ético de la Universidad de Toronto han dicho cómo se aseguraron de que con su investigación no se interfería el curso de la Justicia española", dice Olivas.

placeholder Manifestación convocada por Tsunami Democràtic. (EFE/Quique García)
Manifestación convocada por Tsunami Democràtic. (EFE/Quique García)

En su informe a la Universidad de Toronto, resume que "más de 10 de los participantes estaban siendo investigados por las fuerzas de seguridad españolas debido a la participación en las acciones ilegales asociadas a Tsunami Democràtic (a finales de 2019, que costó millones de euros a España). En su momento, Citizen Lab se puso en contacto con ellos y les avisó sobre la posible vigilancia del Gobierno. Esto podría plantearse potencialmente en los tribunales como un caso de obstrucción a la justicia".

En el informe, se recoge también el hecho de que Citizen Lab había trabajado en septiembre de 2017 para el independentismo catalán, recopilando dominios para facilitar el referéndum: conforme el Tribunal Constitucional suspendía un dominio, aparecía otro… fruto del trabajo de Citizen Lab, el laboratorio ‘neutral’ que desde Canadá observa desinteresadamente el proceso catalán. En aquel Momento, Citizen Lab acusó al Gobierno español de “censurar ilegalmente sitios web violando derechos humanos”.

El informe del laboratorio canadiense Citizen Lab sobre el presunto espionaje a líderes independentistas ya tiene quien le contradiga. Varios informes internacionales desacreditan el estudio por parcial, manipulado y poco riguroso. El propio Gobierno catalán ayudó a preparar el montaje, y la organización que difundió la 'investigación' trabajó para la Generalitat de Carles Puigdemont en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La maquinaria propagandística ‘indepe’ queda al descubierto. Algunas fuentes consultadas por El Confidencial apuntan incluso a conflictos internos dentro de la propia Universidad de Toronto, de la que depende el laboratorio. A nivel internacional, los responsables de Citizen Lab han quedado con las vergüenzas al aire.

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