El independentismo prepara un alud de querellas por el espionaje de Pegasus

Los políticos catalanes afectados por el espionaje de Pegasus ultiman desde este martes decenas de denuncias que presentarán de forma simultánea en distintos juzgados de España y de otros países de la Unión Europea. En ellas, acusan a la compañía israelí NSO Group, propietaria de la herramienta, y a sus creadores, Niv Karmi, Shalev Hulio y Omri Lavie, de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, pero avisan de que cabe ampliar la investigación contra "cuantas personas más resulten responsables".

Según informan fuentes cercanas a las defensas de los afectados, los escritos compartirán argumentación jurídica, aunque quedarán diferenciados en función de cada uno de los espiados. En el caso de Carles Puigdemont y el resto de huidos de la Justicia española, las querellas se presentarán en sus lugares de residencia, es decir, Bélgica y Reino Unido. Los afectados apuntan a una responsabilidad de las autoridades españolas por reprimir distintos derechos de los líderes independentistas catalanes.

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Las querellas, conocidas por El Confidencial, aseguran para ello que "diversos estamentos" del país y "especialmente las altas instancias jurisdiccionales" y "sectores radicales dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" emplearon Pegasus para coartar y controlar a las 65 personas cuyos dispositivos fueron contagiados con el 'software' espía "a partir del año 2017 —y posiblemente también desde el año 2015—".

Para confirmar esta sospecha, piden que se solicite al Banco de España "cualquier transferencia de dinero que se haya realizado desde el sistema bancario español" a favor de los creadores de la herramienta, así como a las empresas relacionadas con la misma. También solicitan el "desplazamiento de una comisión judicial a Israel" para acceder a dicha información bancaria y toda la "que dispongan de viajes a España" de los querellados, entre otras cuestiones. Su petición de colaboración internacional se extiende a su vez a Luxemburgo, donde los denunciados cuentan con una empresa "subsidiaria".

Los afectados piden además que "se aporte la hoja histórica penal de los querellados" y que se remita oficio al Parlamento Europeo para que aporte los vídeos de un evento organizado por el Partido Popular Europeo el pasado 22 de febrero. En el mismo, el investigador Bill Marczak destacaba los riesgos de esta herramienta israelí durante un discurso: "¿Hacia dónde exactamente va esa información? Claramente, esa información llega a los clientes de Pegasus que iniciaron el monitoreo de los dispositivos móviles atacados bajo el 'software' de que se trata, pero también esa información podría estar siendo enviada a algún otro lugar", advirtió en el Parlamento Europeo.

Fechas clave a nivel político y judicial

La capacidad de intervención del sistema permitía la interceptación de las llamadas entrantes y salientes, de los mensajes de texto (SMS) y de la mensajería instantánea de aplicaciones como Skype, WhatsApp, Viber o Facebook. Los afectados también apuntan a la probable grabación de escuchas telefónicas ambientales y la captura de imágenes desde la cámara del dispositivo. Estas operaciones —dicen las querellas— se destinaron a vigilar ilegalmente "los procesos políticos catalanes".

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Aseguran además que esta forma de actuar no habría podido llevarse a cabo sin la existencia de una agrupación estructurada de personas que, de manera organizada y concertada, y con carácter estable en el tiempo y una distribución de roles jerárquicos al efecto, lograron ese cometido. Concluyen así que el espionaje se estructuró y dirigió desde una organización criminal que se concertó a tal efecto y de la que formarían parte tanto la empresa israelí NSO Group como los tres creadores de Pegasus.

Esto se debe a que, según los querellantes, los datos captados se almacenan en los servidores de NSO y desde ahí son administrados y remitidos, total o parcialmente, a sus clientes, que son, en definitiva, quienes hacen uso de los mismos. La compañía puede hacer uso de esos datos o cederlos y venderlos a terceros, deslizan los querellantes. "Esta cuestión resulta el foco central que sustenta la ilegalidad de este 'software' de inteligencia cibernética", argumentan.

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Los escritos también confirman que los pinchazos coincidieron con momentos clave a nivel político o de estrategia judicial. En el caso del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, las entradas a su teléfono móvil se produjeron horas después de la detención del jefe de la oficina del 'expresident', Josep Lluís Alay, o de distintas reuniones de preparación de la estrategia de defensa de los huidos o de otros de sus clientes, como el rapero Josep Miguel Arenas, más conocido como 'Valtònyc'. Las infecciones de su móvil ascienden a 18 entre enero y mayo de 2020, "sin que se descarte que durante todo el periodo analizado el sistema de espionaje haya estado activado".

Según describen, Pegasus tiene la capacidad de penetrar los dispositivos basados en Android, BlackBerry, iOS, Symbian y Windows, así como también los dispositivos protegidos con contraseña. La instalación del 'software' se realiza de forma remota, no deja rastro y no requiere ninguna acción ni interacción con el objetivo. En caso de que por alguna razón no pueda instalarse de forma remota, también tiene la capacidad de introducirse mediante un mensaje de texto con un enlace 'malicioso'. Una vez aceptado por el objetivo, despliega automáticamente la instalación del 'software' y permite el acceso ilimitado, actuando como si de una réplica del mismo se tratase.