El independentismo fuerza una investigación de Pegasus que puede volverse en su contra

El Parlamento catalán investigará durante un año el escándalo Pegasus, a petición de los grupos independentistas ERC, JxCAT y CUP, a los que se suma En Comú Podem (ECP). Lo que en principio debería ser un altavoz con el que poner al Gobierno español contra las cuerdas, sin embargo, puede convertirse en un infierno para el núcleo duro del soberanismo. La oposición aprovechará para investigar las manipulaciones de la campaña del denominado ‘Catalangate’ y las sospechosas vinculaciones de algunos de los informáticos que trabajaron en la sombra para materializar el referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017, las movilizaciones violentas de octubre de 2019 (tras la sentencia del 1-O) y el papel de algunos activistas en la construcción de una red financiera opaca para canalizar cuantiosos fondos económicos hacia Waterloo.

Según publica el semanario ‘El Triangle’, el grupo de informáticos que conforman ese núcleo duro independentista y que supuestamente han sido espiados ha entrado “en pánico” por las preguntas que se les puedan hacer en la citada comisión, que les pueden poner “en una situación comprometida”. El cometido de estos activistas se coordinaba con el de las organizaciones que ayudaron a Citizen Lab a redactar su informe. Es decir, con la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. De hecho, según los documentos que manejan, la ANC reservó el dominio 'Catalangate' el pasado 10 de enero y la página donde se aloja en la actualidad es propiedad de Òmnium, lo que evidencia una operación propagandística en la que han participado los principales actores soberanistas de Cataluña.

El citado semanario explica que son un total de seis los activistas comprometidos en una red que trabajó para crear webs alternativas para la participación y el seguimiento del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Esa red participó luego en el desarrollo de la aplicación con la que funcionó Tsunami Democràtic, la organización que controló las violentas movilizaciones de octubre de 2019. Son Joan Matamala (hermano de Josep Maria Matamala, el empresario que acompañó a Carles Puigdemont en sus primeros meses de huida), Elies Campo (uno de los autores del informe de Citizen Lab y, al mismo tiempo, uno de los supuestos espiados), Jordi Baylina, Pau Escrich, Xavier Vives y Josep Maria Ganyet. Todos ellos deberán responder a preguntas de la oposición sobre su papel en Tsunami Democràtic o en el negocio de las criptomonedas, por ejemplo.

Frecuentes contactos con Puigdemont

La nota curiosa es que Baylina, uno de los informáticos bajo sospecha, apuesta por la criptomoneda ethereum, en lo que coincide con Puigdemont. Ambos han dejado rastro de esa preferencia en sus perfiles de Twitter, que incluyen la abreviatura de la criptomoneda. Baylina, según el portal ‘Catalangate’, es “el desarrollador Blokchain y activista digital que defiende desde Suiza la causa catalana”. Además, realizó, al parecer, varios viajes a Waterloo para reunirse con el fugado Puigdemont, extremo por el que será interrogado por los diputados de la oposición en la comisión.

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De Josep Maria Ganyet, la web Catalangate destaca que es “ingeniero informático especializado en inteligencia artificial y activista digital”. De Xavier Vives y Pau Escrich dice que son desarrolladores de código abierto y cofundadores de la compañía Vocdoni. “Si la comisión de investigación del caso Pegasus funciona como debería, deberá permitir saber si tras Tsunami Democràtic estaban Ganyet y alguno de los otros cinco expertos supuestamente espiados, y que era por esto por lo que les manipularon sus teléfonos móviles”, añade ‘El Triangle’. Precisamente Ganyet fue un activista que después de la toma del aeropuerto de El Prat explicó a Catalunya Ràdio que “la aplicación de Tsunami Democràtic está hecha para que no se pueda saber quién está detrás”, lo que evidencia que conocía a la perfección el mecanismo con el que estaba construida.

El ‘cerebro’ de la trama, no obstante, es Elies Campo, un informático que reside en Estados Unidos y que es uno de los que firman el informe. Además de los errores técnicos que dicho informe contiene, el independentismo intentó ocultar que Campo era a la vez víctima y autor del informe, lo que pone en duda la objetividad del dosier de Citizen Lab. Pero, además, es un fervoroso y devoto admirador de Carles Puigdemont. Por si fuera poco, Campo fue uno de los ciudadanos que acudieron a votar con una urna bajo el brazo, según reconoció él mismo. En otras palabras, fue uno de los ciudadanos que ayudaron a esconder las urnas en sus casas.

Y, además de fotografiarse con Quim Torra en un viaje a Estados Unidos, replicó por las redes un vídeo de Puigdemont con una interesante y nada neutral dedicatoria: “El ‘president’ Carles nos mira directamente a los ojos. Integridad, determinación, compromiso, ternura, amor al país y a sus ciudadanos. ¡Cuántas cosas llega a transmitir una simple mirada cuando es sincera!”. La imparcialidad del informe de Citizen Lab queda aún más en entredicho.

Pero las responsabilidades del grupo de activistas pueden ir mucho más allá. Según ha podido conocer El Confidencial, la oposición les planteará que aclaren si intervinieron de alguna manera en la instauración de un sistema opaco de financiación al servicio de Carles Puigdemont, del Consell per la República o de la plataforma Òmnium Cultural Rights Europe ABSL (OCRE), la estructura creada por Òmnium en la capital europea desde 2017.

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