El Congreso pide transparencia al Gobierno por las "inconsistencias" del 'caso Pegasus'

Moncloa ha dado la vuelta al relato de sus socios independentistas sobre el 'caso Pegasus'. En plena campaña de desgaste dentro del bloque de investidura y la misma semana en que estaba agendada la comparecencia de la titular de Defensa y la celebración de la primera sesión de la llamada comisión de secretos, el foro parlamentario que controla la labor del CNI, lanzó un anuncio "urgente": tanto Pedro Sánchez como Margarita Robles también han sido víctimas del software Pegasus. Según fuentes gubernamentales, se han detectado dos 'pinchazos' al teléfono del jefe del Ejecutivo, en mayo de 2021, y una "intrusión" en el de la ministra en junio del mismo año. Se trata de un caso similar al que vienen denunciando los independentistas por el escándalo de las escuchas a decenas de líderes nacionalistas, con el importante matiz de que para el Gobierno no hay "ninguna duda" de que, en su caso, sí se trata de una acción "ilegal" que no ha contado con el aval del CNI.

Pero las "pocas" explicaciones del Ejecutivo respecto a este asunto ha despertado suspicacias en un amplio espectro del arco parlamentario. Y si la presión contra Sánchez por el escándalo del presunto espionaje se centraba los grupos independentistas -con el respaldo adicional de Unidas Podemos-, las fuerzas de la derecha han decidido subirse al barco tras las "difusas" explicaciones de Moncloa sobre el robo de datos personales al presidente del Gobierno. No pinta una semana fácil para el Ejecutivo. A la amenaza de acciones judiciales -la CUP ya ha presentado una querella por el 'Catalangate'- y la presión para abrir una comisión de investigación parlamentaria -a lo que el PSOE se opone-, se sumará una batería de iniciativas, entre proposiciones no de ley y registro de preguntas y comparecencias, que ya perfilan en PP, Vox y Ciudadanos. Aunque con matices, hay un objetivo unánime en la Cámara Baja: que el Gobierno aporte "transparencia" sobre un caso que amenaza los resortes de la seguridad del Estado. También lo consideran otras fuerzas como el PNV o Bildu.

En el primer partido de la oposición, y al margen de lo sostenido en público -el presidente Feijóo reiteró el "apoyo inequívoco" del PP al Gobierno para esclarecer las escuchas fuera de la ley-, existen fuertes recelos sobre la verdadera motivación del Gobierno respecto a la decisión de hacer público este dos de mayo -festivo en la Comunidad de Madrid y uno de los días grandes de Isabel Díaz Ayuso- el ataque a los terminales de Sánchez y de Robles. "Es una casualidad no menor", sugería el propio presidente, Alberto Núñez Feijóo. Los populares exigen "más información" al Ejecutivo, dado que aún no ha facilitado ni qué tipo de contenido se extrajo de los teléfonos móviles ni cuál puede ser el objetivo de tales intervenciones.

Diferentes voces autorizadas del PP deslizan, además, lo "sospechoso" que resulta que, en un momento de alta tensión dentro del Ejecutivo por la guerra declarada de sus socios, el Gobierno escoja justo este lunes para hacer públicos unos hechos que ocurrieron hace un año. "Si el Gobierno lo sabía y lo ha utilizado en el momento que mejor les convenía, es grave. Pero si no lo sabían, es una negligencia. Algo ha fallado si no se han dado cuenta de la infección del teléfono del presidente del Gobierno en un año", sintetiza una fuente de la dirección nacional del PP, que denuncia las "inconsistencias" del discurso del Gobierno en torno a esta cuestión.

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"La ministra más atacada pasa ahora a ser una víctima", añade otro alto cargo de los populares, que también insiste en pedir explicaciones "extensas" y "transparentes" al Ejecutivo para descartar que el sorpresivo anuncio de Moncloa este lunes se deba exclusivamente a un intento de "cambiar el relato" del 'caso Pegasus' y convertirlo en favorable para el Gobierno. A primera hora de la mañana del lunes, el Gobierno convocaba a los medios de comunicación a una rueda de prensa urgente del ministro de Presidencia, Félix Bolaños; y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la que, en plena tormenta política por el presunto espionaje a decenas de líderes independentistas, situaban a Margarita Robles y a Pedro Sánchez como víctimas del software israelí. "La secuencia parece orquestada por Iván Redondo", ironizan en el PP.

En todo caso, en las filas populares aseguran que evitarán pedir "responsabilidades" políticas hasta que no se esclarezca el caso, pero sí plantearán diversas iniciativas parlamentarias en los próximos días para forzar las "explicaciones" del Ejecutivo en la Cámara Baja, más allá de la propia comparecencia a petición propia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, prevista para este miércoles en la comisión del ramo. El PP seguirá orientando su estrategia de oposición contra la decisión de Sánchez de "retorcer" el reglamento del Congreso para permitir la entrada de Bildu, ERC o la CUP en la comisión donde se discuten "secretos de Estado", en un intento por calmar los ánimos de los socios de los que depende el resto de legislatura.

"El Gobierno está cada vez más solo", sentencian fuentes populares, que lamentan que, conforme vayan acercándose las elecciones, "el independentismo subirá aún más el precio de su apoyo". En la dirección del PP insisten en la necesidad de aumentar los cauces de comunicación entre Gobierno y oposición, más tratándose de "asuntos de Estado" como el de las escuchas al teléfono del presidente del Gobierno. Reconocen, no obstante, que el Ejecutivo informó a Génova del caso este mismo lunes, pero sólo un poco antes de darlo a conocer los medios de comunicación. "No es suficiente", insisten.

Por su parte, Ciudadanos ya ha registrado una batería de preguntas en la Cámara Baja y una proposición no de ley para esclarecer un asunto tratado "con la máxima opacidad", lamentan en el partido 'naranja'. "Que el Gobierno no detecte 'infecciones' de software en un año es inverosímil", denunciaba el portavoz parlamentario de la formación, Edmundo Bal, en línea con las sospechas del PP. Tampoco en Vox descartan acciones contra el Ejecutivo, que darán a conocer en los próximos días. Otra tesis común en las fuerzas de la derecha es la "difícil" situación en que deja las supuestas escuchas a la "impecable labor" de la directora del CNI, Paz Esteban, y temen incluso un movimiento oculto por parte del Gobierno para desbancarla y contentar así a sus socios.

Podemos mantiene la presión sobre Robles

El anuncio de Moncloa ha servido al ala morada del Ejecutivo para exigir con mayor contundencia la apertura de una comisión de investigación en el Congreso -en línea con las exigencias de los independentistas- e "ir hasta el final" para "depurar responsabilidades". Sin nombrarla, fuentes de Unidas Podemos no dudaban la pasada semana en poner el foco sobre Margarita Robles por el escándalo de las escuchas a líderes independentistas. "La ciudadanía merece respuestas", escribía en Twitter la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En un tono más duro se expresaron la ministra de Igualdad, Irene Montero; y la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, que insistían en el mensaje de que "los responsables políticos no pueden quedar impunes" por la "profunda brecha en la seguridad del Estado". En todo caso, piden investigar del mismo modo tanto la infección del teléfono móvil del presidente del Gobierno como el de los dirigentes independentistas, sin quitar la presión sobre Margarita Robles. "Su situación es insostenible", declaraba este lunes el exlíder de la formación morada, Pablo Iglesias, que hacía extensible su crítica al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El independentismo cuestiona al Gobierno

Por su parte, el independentismo ha puesto en tela de juicio la denuncia del Gobierno respecto al ataque a los terminales de Sánchez y Robles con el mismo software que se utilizó para ejecutar las escuchas a los líderes independentistas, en este caso, y según la versión de Moncloa, con aval judicial. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, fue el primero en denunciar el intento del Ejecutivo de extender una "cortina de humo" para esquivar la "asunción de responsabilidades" por parte del Gobierno en el escándalo 'Pegasus'. "La credibilidad del Gobierno es escasa", suscribía el líder republicano.

En la misma línea, el portavoz de Junts, Josep Rius, ha insistido en la necesidad de "explicaciones", más tras conocer la intrusión en los teléfonos de Sánchez y Robles. "El Gobierno ha pasado de negar el espionaje al independentismo a presentarse como víctima del mismo", ha ahondado, en alusión a unas palabras que pronunció la titular de Defensa la pasada semana en el Congreso, en las que "justificó" las escuchas a los líderes independentistas en el marco del procés. "Cuando el espionaje masivo es contra las instituciones catalanas, silencio y excusas", denunciaba también el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a través de las redes sociales.

El mensaje en el que coinciden las distintas fuerzas independentistas es que el anuncio del Gobierno no cambia nada, y seguirán adelante con su ofensiva parlamentaria para que el Ejecutivo aporte claridad al asunto, sin renunciar a su máxima: que rueden cabezas por el escándalo. ERC, Junts, Bildu o la CUP prometen arrinconar este miércoles a la ministra de Defensa y advierten que la convocatoria de la comisión de secretos, cuyas deliberaciones son confidenciales por ley, es un gesto del todo insuficiente. ERC, que cuenta con trece votos vitales para la continuidad del bloque de investidura, advierte que mantendrá la ruptura con el Gobierno, al menos hasta la apertura de una comisión de investigación.

El independentismo catalán sumará las fuerzas del nacionalismo vasco, que también ha puesto el foco en la asunción de "responsbilidades" como única vía para aclarar el asunto. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha llamado este lunes a subsanar el "descontrol" del Ejecutivo mediante una comisión de investigación, que "urge más que nunca" después de trascender que el espionaje ha afectado no sólo a más de 60 personalidades independentistas, también al propio presidente del Gobierno. Los nacionalistas vascos no participaron en la declaración conjunta que firmaron Podemos, ERC, Junts, la CUP, Bildu BNG, Más País y Compromís la semana pasada contra el Ejecutivo, pero sí participará en la presión parlamentaria que vuelve a situar a Sánchez en el disparadero. "Estamos ante un escándalo que debe ser aclarado. Nos falta mucha información", reclamaba también Oskar Matute, diputado de EH Bildu.