A TRAVÉS DE UNA WEB DE UN PARAÍSO FISCAL

Carles Puigdemont pide donativos en bitcoins para que no se puedan rastrear

La petición de realizar los donativos en bitcoins se hace desde la página web defensaexili.org, ubicada en el paraíso fiscal caribeño de San Cristóbal y Nieves

Foto: Imagen: EC.
Imagen: EC.

Las finanzas de la imaginaria república catalana que impulsa Carles Puigdemont desde Waterloo son cada día más oscuras. Tanto, que ahora ha bajado a las cloacas de la red: el expresidente de la Generalitat pide, a partir de este mes de octubre, las donaciones en bitcoins, la criptomoneda que no se puede rastrear.

Fuentes conocedoras de la situación explican a El Confidencial que la creación de un fondo opaco y la recaudación de los donativos en bitcoins “solo se sostiene desde la necesidad de ocultar el rastro del dinero. El bitcoin es una criptomoneda que no depende de ningún Estado o Gobierno y que no se puede rastrear. Las transacciones se registran anónimamente, sin datos personales, por lo que es un refugio tanto de dinero negro como de operaciones muy opacas”. Con esta moneda se pueden realizar transacciones que no quedan registradas en ningún lado y los fondos pueden ser intercambiados por dinero contante y sonante, como euros o dólares, en el momento en que su propietario lo decida.

Las fuentes consultadas por este diario señalan, además, que “una recaudación pretendidamente transparente no permitiría que se realizasen transacciones en bitcoins. El diseño de esta red recaudatoria suena más a afán de lucro que a financiación de una operación política”.

Bitcoins. (Reuters)
Bitcoins. (Reuters)

La petición de realizar los donativos en bitcoins se hace desde la página web defensaexili.org, ubicada en el paraíso fiscal caribeño de San Cristóbal y Nieves (Saint Kitts and Nevis), el país más pequeño de América. Esta web y el sistema de cobro fue diseñado por el sueco-finlandés Peter Sunde, un pirata que ya fue condenado a un año de cárcel y una multa de 30 millones de coronas suecas (más de 2,7 millones de euros) junto a otros activistas.

Sunde registró las webs defensaexili.org y governrepublica.org en la pequeña isla del Caribe en el mes de marzo pasado. Después de que El Confidencial publicara la noticia de la ubicación de la fantasmagórica web y de la cuenta corriente que solicitaba donaciones para Puigdemont, sus creadores intentaron borrar las huellas digitales eliminando todos los datos de los registros en la red. Pero hay uno que no pudieron borrar: el código del país de San Cristóbal y Nieves, que continúa evidenciando el tortuoso camino que siguen los negocios de Puigdemont y los suyos en el extranjero.

Las excusas

Después de la noticia aparecida en este diario, además, los responsables de la web colgaron un escrito en el portal con el que trataban de justificar la apertura del mismo y la petición de dinero anónimo. “Es un fondo que se nutre de las contribuciones y donaciones privadas de personas, empresas y organizaciones que quieran apoyar la construcción de la república catalana desde el exilio como consecuencia de la represión y persecución a las personas por parte del Estado español”, dice el escrito.

Los beneficiarios de ese fondo opaco “serán principalmente el 130 presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont i Casamajó, consejeras, consejeros u otras personas que hayan sido obligadas a abandonar Cataluña perseguidas por las causas penales relacionadas con el referéndum del 1 de octubre de 2017, la declaración del Parlamento del 27 de octubre y la actividad del Gobierno en el exilio, así como por razones penales contra sus derechos y su libertad de expresión, de organización y participación política”. La generalización de las causas que pueda haber pendientes da lugar a sospechas. Por otra parte, la denuncia de atentados contra la libertad de expresión, organización y participación política es una excusa sin base jurídica, puesto que son derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

La web aclara que el dinero “sirve para cubrir las necesidades de estas personas en diferentes ámbitos, como son la defensa jurídica, que incluye gastos como abogados, traducciones y trámites; seguridad; soporte técnico, logístico, y el mantenimiento de las personas en el exilio”. Llama la atención la justificación del gasto en seguridad, un tema que preocupa especialmente a Puigdemont.

La web prometía que los responsables de la administración del fondo “serán los miembros del Gobierno en el exilio”. Y añadía: “La gestión técnica del fondo se regirá por los principios de eficiencia, eficacia, austeridad y transparencia. Periódicamente, se publicará información de seguimiento del fondo, sobre la evolución de los ingresos y el destino de los recursos”.

Una transparencia que no existe

También señalaba que “de manera regular, se ejecutará un control externo de la buena administración por parte de un consejo formado por personas independientes y ajenas a las actividades financiadas por el fondo, que velarán para que los recursos recaudados se destinen a las actuaciones y finalidades previstas y publicitadas. Asimismo, anualmente se hará una auditoría externa por parte de una empresa profesional y sus resultados se harán públicos”.

A pesar de alardear de transparencia, han pasado ya más de seis meses y no se ha presentado informe alguno sobre la gestión de los fondos

Sin embargo, lo que cuenta la web es retórica, ya que, a pesar de alardear de transparencia, han pasado ya más de seis meses y no se ha presentado informe alguno sobre la gestión de los fondos ni se hizo pública la composición del consejo de personas independientes.

A través de la misma web existe también la posibilidad de realizar una aportación mensual fija para la “defensa de la acción en el exterior”, pero independiente del fondo opaco que recauda dinero para Puigdemont.

Cataluña

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