Puigdemont usó el canon del agua para comprar cuadros por valor de 3,9 millones

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya comienza a labrarse un currículo propio. Comenzó como un recién llegado limpio de polvo y paja, sin relación con la cúpula de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y, lo que es más importante, sin relación con ninguna de las familias del partido. Pero enseguida comenzaron las especulaciones sobre su trayectoria: desde las empresas que había creado hasta las cuantiosas subvenciones con que fue premiado para llevar adelante sus proyectos (en los que involucró a su esposa). La mayor polémica fue cuando nombró como director de Catalunya Ràdio, la emisora pública catalana, a su antiguo socio Saül Gordillo. Juntos en los negocios privados, juntos en los públicos.

Su trayectoria, no obstante, tiene más puntos polémicos: hace dos años, Puigdemont, siendo alcalde de Girona, se gastaba una pequeña fortuna en hacerse con el patrimonio cultural del crítico de arte Rafael Santos Torroella, en el que figuran obras de Picasso, Dalí o Miró, por ejemplo.

Según el ayuntamiento, la operación de compra se estableció en 3,9 millones de euros, de los que un millón se debería pagar a los herederos de Santos Torroella en 2014. En varias ocasiones, Puigdemont justificó la compra (a la que se opusieron todos los demás grupos del consistorio) afirmando que la operación no supondría ningún gasto para los contribuyentes.

Al no cargar directamente el precio de la compra a las cuentas del Ayuntamiento de Girona, el primer edil evitaba que se le disparase el déficit

Pero en realidad el dinero saldría de las siguientes partidas: 600.000 euros, del mantenimiento de la Red de Saneamiento; 285.000, del Plan de Saneamiento, y 115.000 euros, del Servicio del Agua para pagar el primer plazo de la operación. De esta manera, el primer edil evitaba que se le disparase el déficit, al no cargar directamente el precio de la compra a las cuentas del ayuntamiento. Sin embargo, lo que se trasluce de ese reparto de cargas es que el dinero sale, al final, del bolsillo de los contribuyentes. En 2015, los pagos serían de 700.000 euros, que bajarían a 600.000 euros en 2016 y 2017 y a 500.000 euros en 2018 y 2019, fecha en que se terminaría de pagar todo el fondo. Así se recoge en un acta del consistorio del 14 de febrero de 2014.

La Plataforma Aigua és Vida, una de las más beligerantes con la compra de obras de arte, apunta a que según el contrato suscrito por el ayuntamiento y los herederos, el consistorio pagaría en 2014 el millón de euros pactado, “y el dinero saldría del canon del agua, que se suele destinar a mejoras y proyectos de mantenimiento de la red de saneamiento”.

Subida del recibo del agua

Según la plataforma, el dinero del canon sale de una aportación de 3,75 millones de euros de la empresa privada (formada por Agbar, La Caixa y FCC-Aqualia) que controla el 80% de la compañía de aguas. Pero, afirman desde la plataforma, “el convenio de prórroga concedido a la empresa especifica que el precio del agua se incrementará anualmente de acuerdo con los incrementos del IPC hasta la finalización de la concesión. Por tanto, servirá para retornar este canon. Además, si los costos suben por algún otro motivo propio del servicio, también habrá este nuevo incremento adicional. De hecho, tres meses después de prorrogar el contrato, el ayuntamiento ya aplicó el primer incremento de la tarifa de acuerdo con el IPC, indicando que no podía incumplir el contrato”.

En el acta mencionada con anterioridad, se explica que para comprar los cuadros se habilitaría una partida “con la aprobación del expediente de modificación de crédito”. Y esa partida era, precisamente, la derivada del convenio suscrito con la sociedad Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA, que sirve para financiar el “ciclo integral del agua” y que “permite liberar el crédito previsto en el presupuesto municipal”.

Carles Joan Serra, representante de la Xarxa pels Drets Socials, plataforma que agrupa a una treintena de entidades sociales, intentó evitar el gasto con una crítica intervención en el pleno. “Creemos que los gastos que comportará la adquisición del fondo, además de la posible restauración de la Casa Pastors que habría de acogerlo y los gastos implícitos en temas de mantenimiento, de personal, de seguridad, etcétera, serían de un mínimo de ocho millones, otros hablan de 10. En cualquier caso, es un picotazo, es mucho dinero. Creemos desde la Xarxa que no están justificados en los momentos de crisis, aumento de la pobreza y recortes en los servicios sociales”. Añadía que la compra de las obras de arte no era prioritaria y reclamaba ayudas urgentes a “personas y familias que viven de la caridad, sin trabajo, sin vivienda y, lo que es más preocupante, también sin esperanza”.

Para Carles Joan Serra, portavoz de la Xarxa pels Drets Socials, la compra suponía "hipotecar las cuentas de la ciudad durante algunos ejercicios"

Para Serra, lo que se estaba haciendo era “hipotecar las cuentas de la ciudad durante algunos ejercicios”. Y reclamaba que, en última instancia, se consultase a los gerundenses sobre ello.

Precisamente, la propia CUP presentó una moción para realizar esa consulta, donde desglosaba los 3,9 millones que costaba la compra y al menos cuatro millones para rehabilitar la Casa Pastors, que la había de acoger. La moción fue desestimada, pero para eso tuvo que apelar al voto de calidad del alcalde, ya que en las dos votaciones se cosecharon 12 votos a favor y 12 en contra de la moción. Jordi Navarro, portavoz de la CUP, explicó que el interés de la colección era relativo porque no se trataba del fondo de un coleccionista, sino de un crítico. “Esto quiere decir que la gran mayoría de piezas son regalos, recuerdos, muy valiosos, cierto, para entender la figura de Santos Torroella, pero que no tienen bastante entidad, insisto, para conformar una colección en museo”.

"Conectarnos con el mundo"

El alcalde Puigdemont, en cambio, defendió a muerte la compra y argumentó que la operación “nos abre puertas para conectarnos mejor con el mundo”, entre otras razones de carácter cultural que los detractores niegan. Además, aseguraba, una tasación de un experto en arte situaba el valor de ese fondo artístico en más de 4,7 millones de euros, por lo que merecía la pena. Por si fuera poco, apuntaba a que en el caso de tener que pagar el impuesto de sucesiones, los herederos del crítico estaban dispuestos a abonar ese impuesto en cuadros (dación en pago) a la Generalitat y que esta cedería luego las obras al ayuntamiento. Contaba, pues, con saldar la operación con un gasto de 2,3 millones de euros, además de la posibilidad de que tanto la Diputación como el Gobierno autonómico contribuyesen económicamente a ello.

Girona ha de ir abonando las anualidades conforme se habían descrito en el contrato de compraventa, y el dinero sale del bolsillo de los contribuyentes

Silvia Paneque, portavoz socialista en el ayuntamiento gerundense, afirma a este diario que la tasación del precio de la colección era muy subjetiva, ya que otras valoraciones rebajaban sustancialmente los 4,7 millones. “Pero lo malo es la financiación de la operación. Puigdemont decía que esto, en realidad, no afectaba directamente al bolsillo de los ciudadanos, pero la verdad es que sale del canon del agua, que se puede dedicar a una cosa o a otra y que entra dentro del presupuesto municipal”. Paneque subraya también que con la adecuación de la Casa Pastors, los gastos del consistorio llegarían a los 10 millones de euros y que los expertos señalan que la colección como tal no tiene coherencia y su importancia es más bien poca, ya que las obras provienen de regalos y adquisiciones sin ninguna conexión entre sí.

La pretendida rebaja en la venta, por su parte, está en ‘standby’: la viuda de Santos Torroella murió y sus sobrinos ofrecieron al Gobierno autonómico pagar parte del Impuesto de Sucesiones en obras de arte porque no tenían dinero líquido para poner sobre la mesa, pero el tema no ha sido aún discutido, por lo que, de momento, la ciudad de Girona ha de ir abonando las anualidades conforme se habían descrito en el contrato de compraventa. Y el dinero, efectivamente, sale del bolsillo de los contribuyentes.