Fiscalía pide un año de inhabilitación para la diputada que presidirá la Comisión Pegasus

La Fiscalía ha pedido un año de inhabilitación y multa de 12.000 euros para Meritxell Serret por haber facilitado la celebración del referéndum del 1-0. La republicana estuvo durante un tiempo fugada en Waterloo junto a Carles Puigdemont, luego fue nombrada delegada de la Generalitat ante la UE y, finalmente, regresó a España y se puso a disposición de la Audiencia Nacional. La petición del Ministerio Público es por desobediencia grave, delito que no lleva aparejada pena de cárcel, y se conoció este lunes, el mismo día en el que también se supo que la diputada presidirá la comisión de investigación sobre el caso Pegasus.

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Meritxell Serret huyó a Bélgica, a finales de octubre de 2017, junto a Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí. A pesar de su condición de prófuga de la justicia española, a mediados de 2018, fue nombrada alto cargo del Govern de Quim Torra, para representar a Cataluña ante las instituciones comunitarias. El 11 de marzo de 2021, se presentó de improviso en el Tribunal Supremo, consciente de que los cargos que había contra ella eran por desobediencia y no implicaban prisión. Tras su entrega, quedó en libertad y pudo ocupar su escaño en el Parlamento catalán, para el que había sido elegida en las autonómicas del 14 de febrero como número 2 de las listas de ERC por Lleida. Su iniciativa fue seguida hace pocas semanas por la ‘cupera’ Anna Gabriel, que se encontraba fugada en Suiza.

Se da la circunstancia de que Serret será la presidenta de la comisión Pegasus que se constituirá en el Parlamento catalán este miércoles, con el objetivo de investigar el supuesto espionaje a dirigentes independentistas. Esta comisión, solicitada por JxCat, ERC, la CUP y los comunes quiere “investigar el espionaje de representantes políticos, activistas, periodistas y sus familiares por parte del Reino de España con los programas Pegasus y Candiru”. La petición de su constitución se realizó después de que el laboratorio canadiense, trabajando codo con codo con grupos independentistas, divulgase un informe (que técnicamente fue puesto en duda por la mayoría de foros internacionales) en el que se aseguraba que España había espiado a líderes soberanistas.

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A pesar de su nuevo cometido, la tarea de Serret no se verá comprometida por la petición de la Fiscalía, salvo que se adelanten acontecimientos, haya un juicio rápido y una condena para la diputada, cosa que no se prevé. Muy posiblemente cuando los trabajos de la comisión terminen todavía no haya fijado aún la fecha de juicio oral contra Serret.

La diputada republicana está acusada por la Fiscalía de desobedecer al TC y a sus resoluciones. Señala el escrito que, en 2017, Serret era consejera de Agricultura y, “en ejecución del plan acordado y plenamente consciente de la notoria ilegalidad de su proceder, intervino en la adopción de algunas de las decisiones ejecutivas necesarias para garantizar la realización del referéndum ilegal que tenían previsto realizar para dar legitimidad al ‘procés’”.

La fiscal resume que todo el Govern fue advertido por el Tribunal Constitucional de la ilegalidad de algunas medidas que estaba tomando, de tal modo que fueron anuladas distintas actuaciones e incluso las leyes de ruptura con España aprobadas por el Parlamento catalán en la madrugada del 7 de septiembre de 2017, con la asistencia solamente de los diputados independentistas.

El 9 de junio de aquel año, a pesar de las advertencias, Carles Puigdemont, acompañado de su vicepresidente, Oriol Junqueras, convocó una reunión extraordinaria del Govern para aprobar la pregunta que iba a hacer en el referéndum ilegal, lo que después hizo público en un acto en el que estuvo acompañado “por todos los miembros de su gobierno, incluida la acusada Serret, por la presidenta del Parlament, miembros de la Mesa del Parlament afines y por varios parlamentarios pertenecientes a JxS y a la CUP”.

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La fiscal recuerda que como los Mossos d’Esquadra podían frustrar su proyecto, “a mediados de julio se procedió a la sustitución de algunos consejeros: así, Jordi Jané fue sustituido por el condenado Joaquim Forn al mando de la Consejería de Interior, asegurándose así previamente que al frente de la citada consejería quedara un consejero que respaldara sin reservas la celebración del referéndum (…) En las mismas fechas fueron sustituidas las consejeras de Enseñanza, Meritxell Ruiz, así como la de Presidencia, Neus Munté, precisamente porque ambas eran conscientes y no querían asumir las responsabilidades personales que podían derivarse en caso de continuar una actuación unilateral manifiestamente delictiva, pasando a ocupar sus cargos el hoy condenado (y también indultado) Jordi Turull, y la procesada rebelde Clara Ponsatí”.

Como miembro del Govern, Serret también firmó el decreto 139/2017 en el que se convocaba oficialmente el referéndum ilegal. A ella, como al resto de miembros del ejecutivo catalán, se le notificó personalmente la ilegalidad de tal actuación y de que “se le requería su deber de impedir o paralizar estas iniciativas”, pero aún así lo firmó. Lo mismo ocurrió con las leyes del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica, que dictaban abolir la Constitución y el Estatuto de Cataluña estableciendo un nuevo régimen sin separación de poderes.

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“La acusada -indica la fiscal- conocía perfectamente la ilegalidad de las decisiones que se estaban tomando, que las mismas ignoraban por completo los mandatos del Tribunal Constitucional y que se estaban destinando fondos públicos a unos fines manifiestamente delictivos. No en vano ya le habían sido notificados personalmente unos meses antes, con idénticas advertencias incluidas, varias providencias y autos del TC acordando la suspensión y la nulidad de resoluciones dictadas por el Parlamento de Cataluña”. Por todo ello, pide al tribunal que Serret sea condenada a un año de inhabilitación para empleo público y a una multa de 12.000 euros.