Llarena da 10 días a Puigdemont para aclarar su último recurso ante la Justicia europea

El instructor del procés, Pablo Llarena, ha dictado este martes una providencia en la que da un plazo de 10 días a Carles Puigdemont y Antoni Comín para que justifiquen la presentación de recurso de casación y le aclaren si han efectuado petición de suspensión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del acuerdo del Parlamento Europeo de conceder el suplicatorio cursado en su día por el juez, única vía para reclamar su entrega a Bélgica. Con la decisión, el instructor anticipa que reactivará la petición de extradición de forma inmediata si el TJUE no le devuelve provisionalmente la inmunidad.

El instructor toma esta decisión una vez vencido el plazo para interponer recurso de casación contra la sentencia adoptada el 5 de julio de 2023 por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que ratificó la decisión del Parlamento europeo de conceder el suplicatorio contra ambos. En una providencia del pasado 27 de julio, el magistrado estableció que resolverá sobre la reactivación de la orden de entrega europea cuando el TJUE se pronuncie sobre posibles medidas cautelares que ambos procesados pudiesen presentar, principalmente la devolución cautelar de la inmunidad.

El Tribunal General de la UE (TGUE) sentenció el pasado 5 de julio que ni Puigdemont ni Comín gozan ya de inmunidad como eurodiputados. La resolución aún era recurrible, y ese es el escenario que llevó a Llarena a rechazar la emisión de una nueva orden de forma inmediata. Si el TJUE acordara devolverles la inmunidad de manera cautelar, el nuevo intento de lograr su extradición volvería a quedar en papel mojado. Pese a ello, con la providencia notificada este martes, el magistrado opta por una vía intermedia para tratar de acelerar los plazos.

La defensa de Puigdemont recurrió como tenía previsto, la última de las decisiones de la Justicia Europea que le retiró la inmunidad como europarlamentario. El recurso se presentó el viernes. En concreto se posicionó contra el criterio del Tribunal General que determinó que el Parlamento Europeo obró correctamente al conceder el suplicatorio. "El Tribunal General desestima todos los motivos formulados por los tres diputados, en particular sus alegaciones según las cuales el Parlamento incurrió en error al concluir que el referido proceso judicial no se incoó con la intención de dañar la actividad de los diputados", afirmaba la sentencia.

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Los jueces concretaban que, para aceptar el suplicatorio, "el Parlamento se basó en diversos elementos", entre ellos que "los hechos imputados se habían cometido en 2017, mientras que los diputados adquirieron la condición de miembros del Parlamento el 13 de junio de 2019", así como el hecho de que los tres fueron procesados el 21 de marzo de 2018, "es decir, en un momento en que la adquisición de la condición de diputado europeo era hipotética".

Mientras la cuestión se dirime, el instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha decidido esperar. Ahora se ve que no demasiado. Tanto la Fiscalía como Vox, que ejerce como acusación popular, le habían pedido reactivar su captura.

"Cualquier OEDE que se emita en el estado actual del procedimiento quedará inmediatamente paralizada [antes de alcanzar su objeto] si el TJUE admite la eventual medida cautelar que se pida al tiempo del recurso, obligando a interrumpir su tramitación internacional y haciendo intrascendente el adelanto de la orden de detención a este momento", argumentaba Llarena en la providencia de julio. A falta de resolverse estas idas y venidas en los tribunales europeos, la nueva orden de detención se emitiría sobre la base del delito de malversación agravada, que contempla penas de hasta 12 años de cárcel y de entre 10 y 20 de inhabilitación.