La Fiscalía del Supremo cambia de criterio y pide investigar a Puigdemont por terrorismo

La junta de fiscales de lo penal del Tribunal Supremo ha acordado pedir al alto tribunal que abra una causa contra Carles Puigdemont por terrorismo. El fiscal Álvaro Redondo acudió este martes a la junta semanal para defender la postura contraria al considerar que no existen indicios suficientes contra el expresidente catalán en Tsunami Democràtic, pero la mayoría de sus compañeros ha rechazado sus argumentos y ha acordado elaborar un nuevo informe. La reunión se ha prolongado durante más de cuatro horas y su resultado evidencia que el criterio mayoritario no es el que defiende el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La junta ha contado con los 15 fiscales de penal del Supremo y ha sido presidida por Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa. Fuentes fiscales apuntan a El Confidencial que 12 de ellos han defendido que sí existen indicios de terrorismo en la causa de Tsunami y 11 que hay que investigar tanto a Puigdemont como al otro aforado, el diputado de ERC en el Parlament, Ruben Wagensberg. Como desveló El Confidencial, este último ya se ha marchado a Suiza para esquivar la investigación.

El criterio que ha acordado la junta no es vinculante para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pero complica el futuro de Puigdemont en plena negociación con el PSOE sobre la ley de amnistía. La argumentación fiscal cuenta con un peso evidente que tendrá que ser valorado por los magistrados. Las fuentes consultadas apuntan a que la encargada de redactar el nuevo informe será la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que es la número dos del propio García Ortiz.

Según apuntan desde la Fiscalía General del Estado, Sánchez Conde asumirá la ponencia como superior jerárquica del Supremo "ante las discrepancias entre los dos fiscales jefes de la junta y conforme al criterio de los cuatro fiscales jefe de lo penal". Su intervención ya ha levantado sospechas de "maniobra" entre algunos de los presentes en la junta, que temen que se fuerce una decisión contraria a la votada y recupere el dictamen inicial.

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Álvaro Redondo defendía en este primer informe que no hay "indicios racionales de criminalidad en este momento procesal". "Resultan demasiado abiertos", afirmaba. "No permite su incardinación en el tipo de terrorismo, al exigir este la comisión de un delito grave contra la libertad". Antes de firmar su informe, Redondo llegó a comentar a algunos compañeros la posibilidad de pronunciarse a favor de abrir una causa, pero finalmente abogó por la postura contraria y la junta ha decidido rechazarla.

Lo sucedido también evidencia una fractura de criterio entre el fiscal general y buena parte de la Fiscalía del Supremo. Por apabullante mayoría, los miembros del Ministerio Público en la sección de Penal han rechazado la argumentación que contaba con el respaldo de su jefe. La discrepancia ha quedado más patente ante el choque de argumentos de los dos jefes que han presidido la junta. Mientras Cadena ha defendido tanto el terrorismo como la implicación de Puigdemont, Joaquín Sánchez Covisa se ha mostrado a favor de la decisión contraria.

Respaldo al juez García-Castellón

El resultado supone un espaldarazo a la actuación del juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que ha sufrido en las últimas semanas insultos y acusaciones permanentes. El magistrado ha indicado en sus escritos que Tsunami "fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia", dirigida por varias personas con roles diversos y que extendía su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, "cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar al Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".

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García-Castellón apunta a que su gestación se venía planificando "desde tiempo atrás" y que su lanzamiento final tuvo lugar el 28 de agosto de 2019 como respuesta a la sentencia del procés. También destaca que en las conversaciones intervenidas se hace referencia a que Òmnium informaría "directamente al presidente Puigdemont", pudiendo considerar, con base en la información facilitada por la Guardia Civil, que tanto esta fundación como el expresidente catalán podrían haber participado en la aparición de la organización, además de en el desarrollo posterior de sus acciones.