Sánchez lanza un señuelo a Junts con la promesa de poner topes a los jueces

Si Carles Puigdemont se empeña en que la ley de amnistía incluya los delitos de terrorismo y de alta traición y el PSOE persiste en que no, la única salida factible es buscar una solución. Y el Ejecutivo considera que podría servir introducir cambios en la prerrogativa de los jueces para prolongar las instrucciones judiciales.

Se trataría de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que, explican fuentes socialistas, los sumarios "no se eternicen". El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó ayer en La Sexta a esta vía porque, señaló, hasta los fiscales han cuestionado la dilación de las investigaciones. "Creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas".

Porque por más que el expresidente de la Generalitat lo pida, es inviable hacer que se extingan las causas contra él. Pero sí contribuir con fórmulas alternativas a que se cierren definitivamente. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, justo después de que el PSOE y Junts comenzaran a negociar la amnistía, vio indicios contra Puigdemont de un posible delito de terrorismo como impulsor de la organización Tsumani Democràtic. Y el juez Joaquín Aguirre, del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, ha prorrogado seis meses más el sumario de la trama rusa —el caso Voloh— sobre los contactos de su entorno con Vladímir Putin. Estos son los dos asuntos que traen de cabeza al expresident.

El independentismo, por supuesto, pero también el Gobierno y el PSOE ven en estos movimientos judiciales un intento de frenar la amnistía. Y, precisamente, el temor a no ser amnistiado es lo que la semana pasada llevó a Puigdemont a imponer a su grupo parlamentario que votara en contra para devolver así el dictamen a la Comisión de Justicia, que tiene ahora hasta el día 21 para emitir uno nuevo.

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Junts pide buscar una salida intermedia, que haga "compatibles" sus exigencias de una amnistía integral e inmediata con la seguridad jurídica que reclama el Gobierno, para que la ley pase el filtro del Tribunal Constitucional. Pero es que las opciones son limitadas. Solo se puede trabajar sobre las enmiendas que los independentistas mantienen vivas y que son de máximos. No se pueden presentar más, como mucho, transaccionar las ya existentes. "Los caramelos hay que buscarlos en otros lugares", indican fuentes cercanas a la crisis de la amnistía.

"Como por ejemplo que una causa esté en un cajón esperando el momento idóneo para reactivarla y así incidir en el debate político", sostienen en referencia a las últimas actuaciones judiciales y al sentido de un cambio en la LECrim. Fuentes socialistas hacen la misma reflexión: "Es objetivo que las instrucciones no pueden dormir en un cajón mientras los afectados no tienen información ni saben qué va a pasar con ellos". Estén ligadas, añaden, al procés o a cualquier otra causa.

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Esto significa que el señuelo que Sánchez lanza a Puigdemont para que acepte la amnistía en los términos acordados es poder frenar, a través de la LECrim, la duración de los sumarios. No afectaría directamente a la amnistía, porque se trataría de una modificación global, pero sí tendría un efecto colateral para el expresident.

El problema para el PSOE es que cuando en 2015 el PP reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poner coto a las macrocausas y estableció que los jueces tendrían seis meses para llevar a cabo todo el proceso de investigación y 18, prorrogables, en los asuntos de especial complejidad, los socialistas se opusieron. Y en 2020, con ellos ya en la Moncloa, variaron la ley para elevar el tiempo de seis a 12 meses, pero con la posibilidad de acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses. Y esta decisión, el poder ilimitado otorgado así a los magistrados, es justo lo que ahora está en discusión.

Porque aunque Junts, ERC y la Moncloa ven que existen una relación de causa-efecto en el recorrido de la amnistía y los autos de García-Castellón, lo cierto es que la investigación por supuesto terrorismo contra Tsunami está abierta desde los altercados de 2019 que se produjeron tras la sentencia del procés, aunque ha sido ahora cuando el juez la ha elevado al Tribunal Supremo al tratarse de un aforado.

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Por eso, si finalmente la salida es modificar la LECrim, las fuentes consultadas sostienen que no tiene que ser necesariamente poner un "tope" temporal a la instrucción, sino hacer que la Justicia actúe de manera más rápida. En definitiva, tranquilizar a Puigdemont con la promesa de que la investigación de García-Castellón tendrá, a la mayor brevedad posible, punto y final.

Aunque de manera oficial en JxCAT no hacen declaraciones sobre la posibilidad de acortar este proceso para que afecte a las causas vinculadas con el expresidente, fuentes del partido están esperando una "solución creativa" por parte del Gobierno que les permita votar a favor de la ley de amnistía cuando vuelva a presentarse a votación en el pleno del Congreso. Sobre el texto, admiten que no esperan grandes cambios. La clave, corroboran, se encuentra en el paquete legal que lo acompañe.

En todo caso, Junts tendrá un margen de decisión limitado. Porque la opinión final que se adopte dependerá de Carles Puigdemont y de su principal asesor legal, Gonzalo Boye, que son quienes mueven los hilos desde Bruselas.