Sánchez y Junts se cortejan en público para reconducir la crisis de la amnistía

En solo dos días, ha comenzado el deshielo. El Gobierno y Junts se cruzaron las primeras señales de conciliación. Al margen de los canales de comunicación abiertos, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se implicó personalmente en resolver el desencuentro sobre la amnistía, que el martes llevó a Junts a votar en contra de la ley y forzar un nuevo debate en la Comisión de Justicia.

El Gobierno se mantiene en que la redacción actual de la norma es constitucional y en que las pretensiones de Carles Puigdemont de excluir de la amnistía los delitos de terrorismo y los de alta traición ponen en riesgo el aval del alto tribunal. Pero, mientras se encuentra una solución, el presidente intervino políticamente para aliviar la tensión y sentenció que todos quedarán amparados por la medida.

“Con este proyecto de ley estoy convencido, y así lo van a concluir los tribunales, de que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas”, declaró en rueda de prensa tras el Consejo Europeo extraordinario de febrero. No abre la puerta a cambios, en el sentido que le exige Junts, aunque se pone claramente de su lado.

El Ejecutivo no puede garantizar a quién afectará o no la amnistía porque su aplicación depende de los jueces. Y menos cuando hay abiertas nuevas causas judiciales que apuntan a Carles Puigdemont como impulsor de la organización Tsunami o lo sitúan al frente de los contactos con los rusos. Pero Sánchez renovó ayer públicamente su compromiso con el independentismo.

Y Junts lo entendió. Porque muy pocas horas después su secretario general, Jordi Turull, improvisó una comparecencia para transmitir que valoraba "positivamente" las declaraciones de Sánchez y abogaba por una nueva negociación "serena y tranquila". No renuncian a sus exigencias, pero su tono era mucho más pacificador. Y así lo han leído también en el PSOE.

La irrupción del presidente ha sido un intento de cambiar el paso, al margen de los sube y baja en las conversaciones que haya en los próximos días. El cabreo con Junts en la Moncloa es máximo y están convencidos de que pueden gobernar sin ellos. Desde principios de semana han estado sopesando que pueden aguantar con los presupuestos prorrogados, si al final no hay acuerdo con el partido de Puigdemont en las próximas semanas. Una vez que se convoque la Comisión de Justicia, el plazo para hacer cambios en la ley es solo de dos semanas.

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Y, como ha publicado este diario, entre las entidades y plataformas del independentismo, hay malestar con el expresidente por hacer naufragar la amnistía, porque la percepción es que prioriza sus intereses personales —los cambios que pide les favorecen a él y a su entorno— en lugar de primar la salvación judicial de los 1.600 implicados que exoneraría la ley.

Frente a las vacilaciones de Puigdemont, Sánchez se ha puesto de nuevo en primerísima fila en defensa de la amnistía. "Ellos verán, o nosotros que decimos que no son terroristas o el PP que los quiere ilegalizar", aseguran en el PSOE. Y si a alguien le quedan dudas sobre el sentido de los gestos que se produjeron ayer, la conferencia de José Luis Rodríguez Zapatero en Barcelona, en el foro de La Vanguardia, con el clarividente título de "España-Cataluña: el encuentro", lo aclaró todo.

Zapatero dio por seguro, sin ningún género de duda, que "va a haber ley de amnistía". Restó dramatismo al mazazo de Junts en el Congreso esta semana y, sobre todo, dio todo el valor posible a las palabras de Sánchez en Bruselas. "Es cualitativamente tan importante la declaración política que ha hecho como presidente del Gobierno, por la valentía que representa, por la convicción que demuestra y por la confianza que proyecta hacia quienes tienen dudas", sostuvo.

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El expresidente no ocultó que la amnistía es "una ley dificilísima de coser jurídicamente", pero demandó "calma y calma". No cayó en el discurso del independentismo contra los jueces y dijo que cree "más en el azar que en la conspiración" y el azar, apostilló con ironía, "no ha sido favorable". Pero, como Sánchez, considera que no hubo terrorismo. "Nunca se habló de eso estos años".

Sí admitió que las últimas decisiones judiciales han tenido un impacto en la fase final de la ley. Su convencimiento es que las desavenencias entre el PSOE y Junts se resolverán en la comisión, porque "el nudo es una cuestión técnico-jurídica". "Dejemos que ambos equipos trabajen, que sus técnicos aproximen posiciones y se pueda encontrar una solución".

Y no alberga dudas de que se alcanzará porque, explicó, cuando Junts dio el voto a la investidura y Sánchez dijo sí a la amnistía, "asumieron una responsabilidad". "No pueden defraudar no ya solo a sus votantes, sino a la sociedad catalana", afirmó.

Porque, al igual que el presidente del Gobierno, él también piensa que Junts se ha incorporado a la gobernabilidad. Le inquietan dos cosas, razonó, la desjudicialización del procés y saber si puede desplegar lo que llamó un "autogobierno plus", en términos económicos y de identidad nacional. "Esto es lo que les importa", remarcó, pese a que seguirán pidiendo la independencia. Si el diagnóstico de Zapatero es acertado, el camino tiene varias paradas: amnistía, pacto fiscal y mayor reconocimiento nacional de Cataluña. Legislatura, en definitiva, y no precisamente corta.