Nueva grieta en la amnistía: el juez reactiva el caso de los vínculos de Puigdemont con Rusia

El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona ha prorrogado seis meses la investigación del caso Voloh, las diligencias en las que se rastrea el presunto desvío de fondos públicos al proceso independentista y los contactos de Carles Puigdemont con el entorno de Vladímir Putin para tratar de sumar el apoyo de Rusia a sus planes para desestabilizar España.

El auto de prórroga supone la reactivación de esta causa e introduce más incertidumbre en los efectos de la ley de amnistía pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts per Catalunya. El texto de la norma aprobado la semana pasada por la Comisión de Justicia del Congreso excluye expresamente todos los delitos "de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional", con independencia de la fase en la que se encuentre el procedimiento.

El instructor del caso, el juez Joaquín Aguirre, destaca precisamente en su auto las conexiones que el líder de Junts y su equipo establecieron con altos cargos de Moscú para intentar forjar una alianza estratégica en el corazón de la Unión Europea. También añade que se han encontrado indicios de posibles contactos del secesionismo con la extrema derecha.

"Este Magistrado ha revisado otra parte importante de la abundante documentación existente en las diferentes piezas de la presente causa, habiendo encontrado datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana, algunos de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos o relaciones con los servicios secretos rusos, otros miembros influyentes de partidos políticos de la extrema derecha alemana o italiana y con intereses en establecer relaciones de influencia política y económica con el gobierno de Catalunya, si éste se independizaba de forma unilateral de España", expone la resolución.

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Los objetivos de esa colaboración serían, añade el auto, desencadenar "una guerra entre la Unión Europea y Rusia (…), la invasión de Ucrania, y la consecuente limitación del suministro de gas a Europa el primer paso importante de la estrategia política del Gobierno ruso y su presidente Putin (de tendencia política de extrema derecha) para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea, consecuencias entre las cuales se podría producir la salida de España de la UE por causa de la independencia unilateral de Catalunya apoyada por el Gobierno ruso, mediante soporte económico y militar, ofrecimientos ambos ya conocidos en esta instrucción".

Además, el auto señala que el Juzgado de Instrucción Número 1 recibió una nota anónima el pasado diciembre en la que se aportan nuevas informaciones sobre la conexión Barcelona-Moscú. Según esa denuncia, uno de los facilitadores decisivos en el acercamiento habría sido Nikolay Sadovnikov, un antiguo diplomático ruso identificado supuestamente por los servicios de inteligencia franceses como elemento clave en las operaciones de desestabilización orquestadas por el Kremlin. El consorcio de investigación OCCRP y El Periódico publicaron abundante información sobre la intervención de este individuo en el procés.

Otro de los testimonios clave en las pesquisas fue aportado en sede judicial por el imputado Víctor Tarradellas, exresponsable de Relaciones Internacionales de Convergencia y asesor de Puigdemont durante el 1-O. Según manifestó Tarradellas, que se encontraba en Moscú unos días antes del referéndum ilegal, emisarios del Kremlin ofrecieron al Govern que entonces encabezaba Puigdemont ayuda económica, suministro energético e incluso efectivos militares para tratar de forzar la independencia de Cataluña por la vía de los hechos.

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El auto de prórroga de las actuaciones se refiere también a una conversación entre Tarradellas y otro investigado, David Madí, en la que el primero habría confesado que Rusia estaba interesada en apoyar al independentismo para que la futura república catalana aprobara una legislación favorable a las criptomonedas. Así, el juez recuerda que "en el margen izquierdo" de un documento intervenido a Tarradellas "aparece la palabra Putin [y] en el margen derecho, al parecer, la palabra Finançament ('financiación')". Con respecto a este último concepto, hay anotaciones que añaden “unificar Bitcoin, mañana (palabra tachada) del volátil y debajo al oro”, “máquina”, “Estado protector” y “legislación adecuada al nuevo modelo económico”.

El sumario también contiene decenas de conversaciones entre la mano derecha del líder de Junts, el historiador Josep Lluís Alay, y su abogado de cabecera, Gonzalo Boye, de las que se desprenden otros detalles sobre el acercamiento del secesionismo a Moscú.

Investigaciones periodísticas han aportado aún más datos. En 2021, The New York Times reveló que, solo tres días después de que Tsunami Democràtic bloqueara el aeropuerto de El Prat, Alay se reunió en restaurante de Barcelona con dos jerarcas rusos. Uno de ellos era Sergei Sumin, coronel del servicio de seguridad del Kremlin. El otro era Artyom Lukoyanov, hijo adoptivo de un asesor de Putin.

Por otra parte, El Confidencial desveló en marzo de 2022 que esos contactos se prolongaron al menos hasta febrero de 2020. Alay llegó a viajar a Moscú en tres ocasiones en busca de apoyo político, económico y mediático del círculo de Putin. Para esas gestiones, se desplazó acompañado del empresario ruso afincado en Cataluña Alexander Dmitrenko, investigado por el CNI por sus relaciones con el Kremlin.

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Este diario también informó de que, en junio de 2019, Puigdemont se reunió en un hotel de lujo de Ginebra (Suiza) con Dmitrenko y con un financiero ruso, Yuri Emelin, con el objetivo de crear una estructura bancaria en el extranjero que permitiera inyectar fondos de manera opaca en el movimiento secesionista.

Uno de los delitos contra la independencia o paz de España excluidos de la amnistía por la redacción actual de la ley es el que aparece recogido en el artículo 592 del Código Penal: "Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras". Las relaciones del independentismo con Rusia podrían encajar en este supuesto. Otros artículos del Título XXIII se refieren a conductas similares.