El juez de Voloh rastrea un supuesto soborno de un capo ruso a jueces de la Audiencia Nacional

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el presunto desvío de fondos públicos al 'procés' en la llamada operación Voloh, ha localizado una conversación de la que se desprende que uno de los capos más peligrosos de la mafia rusa, el georgiano Zakhar Knyazevich Kalashov, habría pagado una importante suma de dinero a jueces de la Audiencia Nacional para lograr que le condenaran a menos años de cárcel de los que teóricamente le correspondían, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a las pesquisas.

Las comunicaciones sobre el supuesto soborno fueron localizadas por la Guardia Civil en el teléfono móvil de Josep Lluís Alay, mano derecha de Carles Puigdemont e investigado por presunta malversación de fondos. Según consta en el sumario, Alay intercambió el 28 de agosto de 2020 varios mensajes a través de la aplicación Signal con el abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, sobre Kalashov y otro prominente mafioso ruso, Vasily Khristoforov.

Los investigadores sospechan que el interés de Alay y Boye en estos dos criminales se enmarca en las maniobras del secesionismo para abrir un canal de financiación clandestina y lograr la adhesión de Rusia al 'procés'. Khristoforov y Kalashov son precisamente conocidos, además de por su peligrosidad, por tener hilo directo con las más altas esferas del Kremlin. Además, Kalashov está conectado con la petrolera rusa Lukoil, con la que Alay y su supuesto socio, Alexander Dmitrenko, embajador de la Cámara de Comercio de Barcelona, hacían operaciones de intermediación de venta de combustible.

Los agentes y el juez Aguirre han puesto el foco sobre una parte muy concreta de ese diálogo entre Boye y Alay. En un momento de la conversación, el abogado de Puigdemont revela a su interlocutor que Kalashov, detenido en mayo de 2006 en Emiratos Árabes y entregado a España un mes después por el blanqueo de dinero de actividades criminales, habría utilizado a su abogado, el exjuez Javier Gómez de Liaño, para conseguir supuestamente que el tribunal que finalmente lo juzgó en 2010 rebajara considerablemente la pena que la Fiscalía Anticorrupción pedía para él.

A las 12:23 del 28 de agosto de 2020, Alay escribió a Boye que “[José] Grinda”, el representante del Ministerio Público en el caso, hizo declaraciones en 2010 en las que relacionaba “Kremlin con mafia”. El abogado de Puigdemont contestó un minuto después con el mensaje que ha hecho saltar las alarmas. “Sí, eso es así, pero a través de Gómez de Liaño y pagando mucho, mucho dinero, consiguen que la sentencia sea justo algo menos de la mitad, por lo que le dejan en libertad mientras recurre... ese era el trato. A las pocas semanas, llega una nueva orden de extradición y le vuelven a meter preso y terminan extraditándole, con lo que K [Kalashov] queda jodido y Gómez de Liaño y su socio judicial ganan mucho dinero y se lo quitan del medio”, escribió Boye.

El juez Aguirre planea deducir testimonio de esta parte de la causa, ante la posible revelación de un delito que no está vinculado con el objeto central de Voloh. Según las fuentes consultadas, los investigadores han hecho indagaciones para averiguar si la acusación del abogado de Puigdemont tiene alguna base.

Kalashov fue juzgado en los primeros meses de 2010 por los entonces magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal: Julio de Diego, miembro también del tribunal de la pieza de Gürtel relacionada con la visita del Papa a Valencia y que fue denunciado por uno de los investigados por dormirse aparentemente durante el juicio; Ángel Hurtado, nombrado hace un año magistrado de la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo y autor de un voto particular contra la parte de la sentencia de Gürtel que provocó la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, y Enrique López, actual consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid y portavoz nacional del PP en materia judicial.

El 2 de marzo de 2010, al término del juicio, el abogado de Kalashov, que era efectivamente Gómez de Liaño, consiguió que dejaran a su cliente en libertad condicional bajo fianza de 300.000 euros hasta que se conociera la sentencia. El dictamen llegó el 1 de junio e impuso al capo georgiano una condena de siete años y medio de cárcel por un delito continuado de blanqueo de capitales, tras descartar un segundo delito, el de asociación ilícita, que también le atribuía la Fiscalía Anticorrupción, representada en el procedimiento por el fiscal José Grinda, tal y como comentaron Boye y Alay.

La pena impuesta por la Audiencia Nacional habría permitido a Kalashov solicitar pronto el tercer grado penitenciario porque ya había cumplido casi cuatro años de cárcel antes del juicio, pero el 7 de junio de 2010, solo cinco días después de la sentencia y como apuntó en la conversación intervenida Boye, fue arrestado nuevamente por una petición de entrega de Georgia. Kalashov se opuso a la extradición a su país, pero sí aceptó, cuatro años después, su traslado a Rusia, en respuesta a otra petición de Moscú.

Gómez de Liaño se ha puesto en contacto con este diario para rechazar cualquier tipo de irregularidad. "Las afirmaciones que Gonzalo Boye hace en el curso de la conversación telefónica mantenida con su interlocutor el 28/08/2020 son falsas imputaciones que, aun cuando sean privadas, aparte de impropias de quien dice ser y ejercer de abogado, merecen ser calificadas de calumniosas", sostiene el letrado.

El hallazgo de esta conversación entre Boye y Alay provocará previsiblemente que los mensajes sea remitidos a los juzgados de plaza de Castilla, en Madrid —el lugar donde supuestamente se habrían producido los hechos— para que sea esta instancia judicial la que profundice en las afirmaciones del abogado de Puigdemont.