La Guardia Civil acusa a Alay de conocer de antemano todo lo que hacía Tsunami

La mano derecha de Carles Puigdemont y jefe de la Oficina del 'expresident', Josep Lluís Alay, "era conocedor de la campaña —acciones subversivas— que Tsunami Democràtic pretendía realizar ante la sentencia del Tribunal Supremo [por el juicio del 'procés'] y antes de que se anunciase a través de las redes sociales". Esta acusación se formaliza en un informe de la Guardia Civil entregado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que dirige el magistrado Joaquín Aguirre. La entidad fue la encargada de organizar y planificar, en 2019, las más duras protestas que se recuerdan en Cataluña contra el Estado. Además, el alto cargo de la Generalitat sondeó montar un servicio secreto alrededor de Puigdemont con policías de su total confianza.

Sin embargo, el hecho de que un alto cargo del Govern tuviese conocimiento de que se iban a producir altercados en Cataluña a raíz del fallo del Supremo es la acusación más grave, políticamente hablando, que contiene el informe. En otoño del 2019, cuando se hizo pública la sentencia contra la cúpula del Govern y los Jordis (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart), Tsunami Democràtic propició varias acciones violentas, como el intento de ocupación del aeropuerto de Barcelona, los cortes en autopistas a la altura de La Junquera y de Girona o las manifestaciones diarias en la plaza Urquinaona (donde grupos violentos se dedicaron durante semanas a sembrar el terror en la capital catalana a través de duros ataques a las fuerzas policiales, la quema de contenedores, el asalto y saqueo de tiendas y el destrozo de mobiliario urbano).

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Entre la documentación que incluye en sus informes la Guardia Civil destaca un correo dirigido a Josep Lluís Alay el 12 de agosto de 2020. "Buenas tardes. Soy Josep Campmajó de Girona. Nos hemos conocido 'de refilón' en lugares extraños. El jefe me ha dado tu teléfono y me ha dicho que te lo pida a ti. Tengo un colaborador que el 26 de septiembre viaja hacia el norte y quiere pasar a saludar al 'president'. Son él y 7 más. ¿Se le puede dar hora? ¡Mil gracias!", decía el mensaje.

Los términos del correo, con los "lugares extraños" y la incógnita de "el jefe" invita a suponer que el interlocutor no quiere dar muchos detalles de su actividad ni de las circunstancias en que coincidió con el hombre de confianza de Puigdemont. Pero Alay obvia ese detalle y le da las indicaciones para que el colaborador al que hace referencia y su grupo puedan entrevistarse con el 'expresident' en Waterloo. "Necesitamos saber quiénes son, por favor. El colaborador y los 7. Miramos hora", le responde el alto cargo del Govern, para luego insistir: "Necesitamos saber quién viene".

'Canalla' para los activistas

El nombre de Campmajó, no obstante, coincide con el de Josep Campmajó Caparrós, conocido como 'Canalla', empresario de Girona y uno de los 'capitanes' de Tsunami Democràtic que estaba a las órdenes de Xavier Vendrell, exsecretario de Organización de ERC y 'exconseller' de Gobernación de la Generalitat. Estos dos y Alay fueron detenidos el 28 de octubre de 2020 en el marco de la Operación Voloh.

Según los informes de la Guardia Civil, Vendrell era el jefe de Tsunami Democràtic y 'Canalla', uno de sus más estrechos colaboradores. El auto señala que Campmajó había colaborado con el primero "en las acciones convocadas por Tsunami Democràtic, algunas de las cuales provocaron graves desórdenes públicos, como la invasión del aeropuerto de El Prat de Llobregat, y esas acciones se enmarcan en una estrategia mucho más amplia que persigue una desestabilización del Estado de derecho para lo que los máximos responsables habrían incluso buscado el respaldo de Rusia".

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"Josep Campmajó (alias Canalla), junto a Marta Molina forman parte del núcleo de confianza de Xavier Vendrell colaborando con él en las obras y los eventos que se están acometiendo en Villa Bugatti [parcela en la que el exdirigente republicano pensaba dar un pelotazo urbanístico]. A los tres se les había visto juntos el 20 de noviembre de 2019 a las 14.01 horas en el restaurante Senyor Parellada, sito en la calle Argenteria 37 de Barcelona, siendo aquellas fechas de altísima tensión en las calles de Cataluña", señala el auto judicial que provocó su detención. Campmajó colaboró estrechamente con Vendrell en la gestión de residencias, que le habían encomendado a este con el visto bueno de la Generalitat (en aquellos momentos, la pandemia estaba en plena expansión) y mantuvo reuniones con Xavier Vinyals, presidente de la Plataforma Pro Seleccions Catalanes, también detenido en la misma redada.

Un mosso como topo

El informe de la Guardia Civil acusa también a Alay de un posible delito de revelación de secretos. "Por los mensajes que mantiene con X. M., mosso d’Esquadra, se desprende un uso de información reservada, como es el acceso a los ficheros policiales para facilitar información a Alay sobre la existencia o no de requisitorias y controles específicos contra él", explica el informe de la Benemérita. El 17 de julio de 2020, Alay enviaba un mensaje al 'mosso': "Necesitaría un pequeño favor. Ya sabes, mirar si se mantiene efectivo el control específico que hay contra mí. Me iría bien un pantallazo también, por favor. ¿Podrías? Esto es una losa que tengo encima para viajar. Gracias. Muchísimas gracias", decía el texto. Luego, el agente le respondió que estaba de vacaciones, pero que lo gestionaría con alguien de su confianza, para lo que el hombre de confianza de Puigdemont le facilitó su número de DNI. El control fue negativo, por lo que el alto cargo pudo viajar, con la promesa que a la vuelta el control lo haría personalmente su policía de confianza.

Su preocupación por la seguridad, además, se hacía extensiva a Puigdemont, ya que al abogado Gonzalo Boye, que lleva casos judiciales que afectan tanto al 'expresident' como a su mano derecha, le manifestó "su preocupación por la seguridad de Puigdemont y la posibilidad, ante una noticia sobre el servicio de seguridad que le prestan los Mossos d’Esquadra. Ello, evidentemente, trasciende de sus funciones, por las que percibe de la existencia de un topo, ofreciéndose a montar un servicio de inteligencia a sueldo".

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Recuerda a este respecto el texto de la Guardia Civil que Alay "percibe un sueldo como director de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, pero que, por el análisis efectuado de su terminal móvil, su dedicación se extralimita de esa función, se utiliza a un empleado público para funciones ajenas a su cargo, entendiendo que existe una lesión al patrimonio público, pudiendo ser constitutivo de un delito de malversación de caudales públicos".

En esas actividades fuera de sus responsabilidades, los investigadores sitúan algunos de los viajes al extranjero de Alay, que consideran de naturaleza política para captar apoyos a favor de la independencia de Cataluña. "Esta actitud no es novedosa —añade el texto—. El juzgado de instrucción 28 de Barcelona incoa diligencias previas 314/2020 por los delitos de malversación y prevaricación contra esta persona, en los que el fiscal entiende que 'no cabe que puedan ser atendidos con dinero público aquellos (los actos) en los que la finalidad perseguida es la de internacionalizar el conflicto catalán'".