Junts amenaza con tumbar la amnistía si no hay cambios para salvar a Puigdemont

Junts amaga con votar en contra de la ley de amnistía que se debate este martes en una sesión extraordinaria en el Congreso si no se acepta su demanda de más cambios. La razón es la presión de Carles Puigdemont, que se siente engañado, según fuentes de la formación, porque no contemplaba el avance de las actuaciones judiciales contra él, como la investigación por terrorismo del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que le sitúa como impulsor de Tsunami, o la reactivación en Barcelona del sumario sobre los vínculos de su entorno con Vladímir Putin.

Precisamente este martes, JxCAT confirmó tras una reunión de la ejecutiva del partido de que no votará a favor de la proposición de ley si los socialistas no aceptan nuevas variaciones para blindarla ante posibles intentos de "boicot" por parte de "diversos estamentos judiciales". "Junts siempre ha defendido que la ley de amnistía debe incluir a todos y ha de ser de aplicación inmediata. La propuesta de amnistía que se vota hoy no garantiza estos dos objetivos, sobre todo vista la deriva de diversos estamentos judiciales para boicotear la ley y dejar a muchos independentistas fuera", han aseverado.

En el seno del encuentro de esta mañana, el secretario general, Jordi Turull, se posicionó con la línea que está marcando Puigdemont: que, si el PSOE no cambia de postura, se votaría hoy contra la ley en el pleno y se devolvería a la comisión de Justicia, con lo que la formación independentista espera ganar un mes para seguir negociando con el PSOE.

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Desde Waterloo, se aboga en estos momentos por hacer descarrilar el proyecto de ley orgánica y que sea devuelta a la Comisión de Justicia para redactar un nuevo dictamen, con los retoques que quiere imponer la formación independentista, destinados a salvar al expresident y que no se quede fuera de la amnistía. No hay precedentes de algo así en la Cámara, al margen de las consecuencias que esto tendría para el Gobierno, por la imagen de inestabilidad y de nuevo sometimiento a las pretensiones de Junts.

ERC sí apoya el texto actual, consciente de que, si decae la ley de amnistía, lo hace también la propia legislatura, ya que el independentismo ha justificado en esta concesión su apoyo a Pedro Sánchez. Pero fuentes de Junts se mantienen en que lo más probable es que el proyecto descarrile por su voto en contra. Esta amenaza aboca a una nueva votación de infarto, porque desde el Gobierno se ha transmitido que no habrá más ajustes.

El secretario general de JxCAT, Jordi Turull, había pactado con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, un marco más estable en las relaciones entre ambos partidos. Pero eso no vale nada si Puigdemont se pone a la contra. Y en el caso de la amnistía, todo depende de su principal asesor legal, el abogado Gonzalo Boye, que lleva días abogando por introducir cambios para “blindar la ley”, aunque expertos jurídicos aseguran que eso nunca será posible del todo, porque son los jueces quienes, en última instancia, deben aplicarla.

La presión sobre el grupo parlamentario de JxCAT en el Congreso viene, por tanto, directamente de Waterloo. Y la portavoz Míriam Nogueras es, según las fuentes consultadas, la correa de transmisión de lo que desean en Bélgica. El temor del PSOE, expresado desde el comienzo de las conversaciones para la investidura de Sánchez, es que la ley no pase el filtro ni del Tribunal Constitucional ni de Europa. En Junts, aseguran que les preocupa que sus votantes acaben viendo que una parte de los líderes separatistas, como Puigdemont o Marta Rovira, secretaria general de ERC, no puede volver. Pero, aunque la amnistía no les alcanzase a ellos o a otros encausados de Tsunami y de los comités de defensa de la república, se beneficiarían cerca de 400 personas.

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Los intentos de Junts de conseguir que el Gobierno transija y apoye algunas de las enmiendas que permitirían a Puigdemont sortear la investigación de la trama rusa o las acusaciones de que estaba tras las acciones violentas de Tsunami se mantendrán casi hasta el momento de la votación, según aseguraban ayer fuentes de la formación. "Negociaremos hasta el último minuto para poder votar la ley".

Se repite así el esquema que ya usaron en la convalidación de los tres reales decretos, en que las conversaciones con el Gobierno estuvieron abiertas hasta momentos antes de que se cerrara el plazo del voto telemático. Junts solo dejó de apretar cuando la Moncloa cedió en la delegación de las competencias de inmigración. Los socialistas se encontraban este lunes metidos en el mismo infierno, sin que nadie se atreviera a asegurar qué sucederá este martes en el pleno.

El mensaje oficial estos días es que no aceptarán más cambios, pero ayer se cruzaron declaraciones confusas. La portavoz de la dirección del PSOE, Ester Peña, afirmó que "estamos satisfechos y cómodos con el texto que salió de la comisión". “No hay ahora mismo sobre la mesa ningún cambio en las enmiendas. Lo que sí hay es tiempo. Los partidos siguen hablando", añadió. En la misma línea, el líder del PSC, Salvador Illa, apuntó que se debe esperar al "diálogo entre los grupos" para ver a "dónde nos lleva”. En cualquier caso, las modificaciones “deben enfocarse a la solidez jurídica”.

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El margen para el PSOE es muy estrecho. Aceptar algunas de las enmiendas que han quedado vivas para su discusión en el pleno —de Junts, de ERC y transaccionales de las dos formaciones y de Junts con PNV— en el sentido que reclama el partido de Puigdemont significaría dejar fuera de la amnistía la mención al terrorismo —que se investiga en la causa de Tsunami y en otra sobre un grupo más radical de los comités de defensa de la república— y los delitos de traición o relativos a la defensa nacional —caso Voloh—. Aunque hay distintos modos de formularlo, el propósito de estas modificaciones es el mismo.

El problema para los socialistas es que ya dieron a entender en la fase anterior, en el debate en la comisión parlamentaria, que no tocarían el artículo sobre el terrorismo y finalmente lo hicieron, para eliminar la mención a que serían amnistiados todos los delitos de este tipo sin sentencia firme y limitarlos solo a los casos de violencia grave. En estos constantes giros y la ambigüedad de sus últimas manifestaciones radican las dudas de qué harán en esta ocasión.

Porque, además, ha aparecido un elemento nuevo. En el PSOE ya no ocultan que los sucesivos autos de Manuel García-Castellón y el de ayer del juez de Barcelona que reactiva el caso de los vínculos de Puigdemont con Rusia suponen un intento de querer evitar que se amnistíe al expresident catalán, fugado de la Justicia. "Los tiempos de la judicatura están empíricamente alineados con los del legislativo", subrayan. Algo que califican de "terrible", fundamentalmente porque la estabilidad de la legislatura depende de los votos de Junts y el Gobierno está inmerso en la negociación de los presupuestos, la siguiente bola de partido, en términos tenísticos.

Si al final Junts consumara su amenaza y la amnistía no fuera aprobada este martes porque no obtiene los 176 votos necesarios —es una ley orgánica y requiere mayoría absoluta—, regresaría a la Comisión de Justicia, que debería emitir un nuevo dictamen en el plazo de un mes, pero con la única posibilidad de negociar sobre las mismas enmiendas que permanecen vivas. Nunca ha sucedido nada igual en el Congreso. En la legislatura anterior, en la Comisión de Interior no salió adelante el texto emitido por la ponencia sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana por el desacuerdo entre los grupos de la mayoría. Pero nunca ha pasado que se tumbe un dictamen que llega al pleno.

Fuentes del mundo independentista apostaban ayer por que Junts no votará en ningún caso en contra de la ley. Entre las razones que siempre se barajaron para dar por hecho que el expresident negociaría la investidura de Sánchez está que la amnistía podría salvarle no solo a él sino a centenares de cargos más y que, por este motivo, no podía decir que no. Y siempre afirmó que no buscaba el perdón como una salida personal, de él o de su equipo más cercano. Todo esto también se pone en juego hoy.

A la espera de comprobar el alcance del órdago de Puigdemont, la única previsión que contempla ERC es que la ley salga aprobada y sea enviada al Senado. La prueba es que el presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, y la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, han anunciado que acudirán al pleno.