El Gobierno inicia la negociación de los PGE con la oposición de sindicatos y Sumar a las reglas fiscales

El Gobierno de coalición ha comenzado las negociaciones internas para la elaboración de los presupuestos generales del Estado (PGE) para el año 2024. El año ha comenzado con la prórroga de las cuentas de 2023, pero el nuevo Ejecutivo quiere comenzar la legislatura aprobando unas nuevas cuentas que lancen una señal de fortaleza después de las dudas generadas en la votación de los tres primeros decretos del año. Fuentes del Ejecutivo confirman que las conversaciones ya han comenzado y que el objetivo es poder articular unos presupuestos expansivos que permitan reducir el déficit público al mismo tiempo. Cuadratura del círculo que se logrará con la ejecución de los fondos europeos, que va con un importante retraso.

El Ministerio de Hacienda asegura que el déficit público bajará al 3% a lo largo del año, lo que permitirá a España no entrar en el procedimiento de déficit excesivo (PDE). Sin embargo, la senda de reducción del déficit no satisface a los socios del PSOE y tanto Sumar como los sindicatos CCOO y UGT han lanzado críticas contra las nuevas reglas fiscales pactadas con el impulso de la exvicepresidenta primera Nadia Calviño, durante la presidencia española de la UE. Un informe de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) estima que estas reglas fiscales (aún no aprobadas formalmente) implicarán un ajuste de 100.000 millones de euros en toda la Unión en 2024, cifra que en España ascenderá a 14.000 millones de euros de ajuste en 2024.

Tanto Comisiones Obreras como UGT han reaccionado con dureza contra las reglas fiscales, pero no son los únicos. También Sumar ha mostrado su disconformidad con el resultado de la negociación impulsada por Calviño. "Desde Sumar, nos oponemos al acuerdo alcanzado por el Consejo de Europa sobre nuevas normas fiscales", expresó el diputado Carlos Martín, uno de los cerebros económicos del partido, en una intervención en el Congreso. Sus palabras no pudieron ser más claras: "Esperemos que el Parlamento Europeo y el Consejo terminen con el sinsentido económico al que nos quiere llevar el ordoliberalismo alemán, que quiere devolver la austeridad 2.0 y comprometer nuestro progreso y nuestro futuro".

Lluvia de críticas

A las reglas fiscales, de las que tanto presumió Calviño en la recta final de su mandato al frente del Ministerio de Economía, les llueven las críticas. Y no llegan desde la oposición, sino desde los pilares sobre los que se debe apoyar Hacienda en su negociación para la aprobación de los presupuestos. Esto es, sindicatos y Sumar.

En los últimos años, la ministra de Hacienda, ahora vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ya buscó el apoyo de los sindicatos a las cuentas públicas con reuniones previas a la tramitación de los presupuestos, para conseguir así facilitar el voto favorable de los partidos de la izquierda. En esta ocasión, el reto es doble, ya que al apoyo de ERC y Bildu ahora se añade la necesidad de contar con la aprobación de Podemos. En esa negociación, el aval de los sindicatos a los presupuestos será un activo fundamental para Hacienda.

Pero las advertencias de los sindicatos a las reglas fiscales también han sido nítidas. El secretario general de CCOO ha afirmado que "hay un riesgo importante para nuestro país: el efecto de las nuevas normas fiscales europeas". Para el sindicato, las cuentas públicas tienen una línea roja infranqueable: "España no puede ir a un proceso de consolidación fiscal que nos lleve a políticas de austeridad".

Las reglas fiscales pactadas por el Consejo de la Unión Europea mantienen las dos referencias de oro de la estabilidad presupuestaria: déficit inferior al 3% del PIB y deuda inferior al 60% del PIB. No se han modificado, porque esto exigiría cambiar los tratados europeos que, como explican Enrique Feás y Federico Steinberg, investigadores del Real Instituto Elcano, "requieren una reforma legislativa difícil en el contexto político actual". Con estas dos referencias inamovibles, las nuevas reglas fiscales permiten un ajuste algo más lento del déficit, con planes a medio plazo (cuatro años) que pueden extenderse (hasta siete años) si se pactan reformas e inversiones con Bruselas.

A España, con una deuda pública próxima al 110% del PIB, le queda un largo camino de rigor presupuestario para llegar al umbral de deuda del 60% del PIB. Y con unas tensiones evidentes sobre el gasto público por el envejecimiento poblacional, que obligarán a recortar en otras partidas para hacer hueco al gasto en pensiones y sanidad. Para Sumar y los sindicatos, este acuerdo no es razonable. "Resulta sorprendente, cuando no indignante, que los gobiernos hayan decidido volver a permitir el muy nefasto e ineficaz austericidio", ha denunciado UGT.

Hacienda defiende que los presupuestos del año 2024 permiten compatibilizar la reducción del déficit con mayores políticas de gasto

Hacienda defiende que los presupuestos del año 2024 permiten compatibilizar la reducción del déficit con mayores políticas de gasto, gracias al crecimiento económico, la inflación y los fondos europeos. Sin embargo, en los últimos meses los datos de recaudación empiezan a mostrar cierto agotamiento, como ha señalado el Banco de España, que cree que puede estar revirtiéndose el crecimiento inesperado de los ingresos tributarios de los últimos años. Si esta hipótesis es cierta (solo el tiempo lo dirá), España no habrá conseguido un incremento estructural de la recaudación de casi cuatro puntos del PIB, lo que implicaría la necesidad de realizar ajustes mayores, ya sea por la vía del gasto o de los ingresos (con subidas de impuestos o cotizaciones sociales).

"Una economía que no ha llegado al pleno empleo lo que tiene que seguir haciendo en época de bonanza es seguir gastando e invirtiendo para generar más empleo y más actividad", señaló Martín en el Congreso. España todavía está lejos del pleno empleo, con una tasa de paro aún superior al 11%, lo que significa que Sumar está reclamando a Hacienda que mantenga las políticas expansivas durante toda la legislatura. Una petición que la parte socialista del Gobierno no contempla actualmente, ya que considera que hay que construir un colchón fiscal para tener margen presupuestario en la siguiente crisis. Una discrepancia que empezará a evidenciarse en las próximas semanas, a medida que avance la negociación del proyecto de presupuestos.