Los Veintisiete llegan a un acuerdo político para las nuevas reglas fiscales de la UE

Fumata blanca. Los Veintisiete han llegado a un acuerdo para unas nuevas reglas fiscales de la Unión Europea que darán más margen a los Estados miembros para establecer su senda de consolidación fiscal pero que mantienen intactos los dos pilares de la gobernanza económica del club, los objetivos de un déficit no superior al 3% y una deuda pública inferior al 60% del PIB. El acuerdo tendrá que ser todavía cerrado con la Eurocámara antes de que pueda ser aprobado finalmente.

Los ministros de Finanzas de la Unión se reunieron por videoconferencia este miércoles ya con muy pocos puntos abiertos después de que se avanzara mucho a nivel técnico durante las últimas semanas, después de la cena de trabajo que se celebró en Bruselas la noche del pasado 7 de diciembre. La lógica de la nueva reforma de las reglas fiscales es que la Comisión Europea establecerá una trayectoria técnica del gasto neto primario (que excluye gastos cíclicos como desempleo o intereses, y que se definirá, entre otras cosas, a raíz de un análisis de sostenibilidad de la deuda) y que los Estados miembros tendrán que trazar planes de ajuste a cuatro años, extensibles a siete en caso de que justifiquen que están haciendo reformas e inversiones, que serán negociados con los técnicos comunitarios, dando así a las capitales más control a la hora de diseñar cómo lograr la consolidación fiscal. Todo ello manteniendo los dos pilares fundamentales de la gobernanza económica de la UE, que son los objetivos de un déficit inferior al 3% y de un ratio de deuda pública inferior al 60% del PIB.

Los Estados miembros que superen el umbral del 3% de déficit tendrán que hacer un ajuste estructural de al menos el 0,5% anual hasta quedar por debajo de ese límite, pero Berlín exigió un “ancla de déficit” que evitara que el 3% se convirtiera en un “suelo”, en vez de un “techo”. Por eso, los Estados miembros tendrán que seguir reduciendo su déficit incluso cuando ya no estén en el llamado “brazo correctivo” del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y tendrán que llevarlo hasta el 1,5% a un ritmo de un ajuste estructural primario anual del 0,4% en caso de tener un plan a cuatro años y del 0,25% en el caso de tener un plazo ampliado hasta los 7 años. Además, por una salvaguardia de deuda pública exigida por Alemania, los Estados miembros en el brazo preventivo con más de un 90% del PIB de deuda pública tendrán que reducirlo en un 1% anual, mientras que los que se encuentren por debajo de ese umbral deberán hacerlo en un 0,5%.

A la reunión se llegaba con dos corchetes abiertos, es decir, dos puntos en los que todavía no había acuerdo. El primer corchete se refería a la velocidad a la que los Estados miembros deben acercarse hacia el “ancla” de déficit y el segundo tenía que ver con el control de cuentas de la Comisión Europea y el desvío anual permitido a los Estados miembros respecto a su senda técnica. En el último encuentro la presidencia española del Consejo había establecido que el desvío máximo anual pueda ser del 0,5% y el acumulado del 0,75%, a partir del cual el Ejecutivo comunitario tuviera que tomar medidas. Finalmente, el acuerdo establece que el desvío máximo anual será del 0,3%, y el desvío acumulado del 0,6%, un término intermedio en las dos horquillas que se había planteado a los ministros a principios de diciembre.

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Además, un asunto sensible que quedó abierto tras la última reunión tenía que ver con la velocidad a la que hay que hacer el ajuste estructural en el brazo correctivo durante los primeros años, ya que algunos Estados miembros, especialmente Francia, se mostraban preocupados por el impacto que los altos tipos de interés podrían tener sobre sus costes en cuestión de pagos de intereses, haciendo que el cálculo del ajuste estructural fuera bastante más duro del previsto. La presidencia española estableció una posible solución de compromiso, permitiendo a la Comisión Europea tener margen de interpretación entre 2025 y 2027 para suavizar algo los esfuerzos de los Estados miembros que afronten costes más altos por el endurecimiento de los tipos de interés, algo que finalmente ha quedado reflejado en el texto final.

Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, ha celebrado el acuerdo en una rueda de prensa posterior al encuentro. “Cada día nos hemos enfrentado a la dificultad de este expediente, y muchos, hasta ayer, creían que esto no era posible”, ha señalado la vicepresidenta, que tenía como uno de sus principales objetivos cerrar este dossier antes de final de año y de abandonar el ministerio para asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Algunas voces señalan que las exigencias de Lindner han complicado en exceso unas nuevas reglas fiscales que tenían como uno de sus principales objetivos el ser más claras y sencillas. “Si bien las negociaciones han añadido cierta complejidad a los textos en comparación con nuestra propuesta, preservan sus elementos centrales: un avance hacia una mayor planificación fiscal a mediano plazo; una mayor apropiación por parte de los Estados miembros de los planes fiscales, dentro de un marco común; y la posibilidad de aplicar un ajuste fiscal más gradual para reflejar los compromisos de inversión y reformas”, ha celebrado Paolo Gentiloni, comisario de Economía.

Una última reunión en París

"Me alegro de que, tras un largo debate y duras negociaciones, hayamos llegado a un buen acuerdo sobre las normas fiscales de la UE. Es importante que estas normas proporcionen una base sólida para los presupuestos nacionales y que todo el mundo las respete. Esto está en el interés común de todos los estados miembros”, ha señalado Sigrid Kaag, ministra de Finanzas de Países Bajos, uno de los socios duros dentro de las negociaciones.

Este martes por la noche Lindner y su homólogo francés, Bruno Le Maire, se reunieron en París con el objetivo de acudir al encuentro con una posición común. El acercamiento de las posturas de ambos ministros, que hace medio año defendían posiciones contrarias en muchos aspectos, adelantaba que este miércoles se podría alcanzar un acuerdo, ya que ambos países representan a los dos grandes campos del debate, aquellos que creen que las reglas deben ser más flexibles y dejar más espacio para las inversiones, más alineados con París, y aquellos que ven como una prioridad una consolidación fiscal rápida, alineados con Berlín.