La suavización del ajuste fiscal de la UE de 2025 a 2027, el último gran escollo de la reforma

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea han pasado la madrugada del jueves al viernes intentando cerrar las futuras reglas fiscales del club, trabajando en ocho puntos que todavía estaban abiertos. El reloj está corriendo y el objetivo es cerrar un acuerdo político antes de que termine el año para lograr tener las nuevas reglas aprobadas antes de que la Eurocámara entre en receso. Durante la noche se hicieron muchos progresos, pero no fue posible cerrar el pacto. Y varias fuentes coinciden a la hora de apuntar a un asunto como el más espinoso de los pendientes: cómo afrontar el ajuste fiscal de los primeros años de las nuevas reglas con unos Estados miembros que afrontarán unos costes de financiación poco habituales debido al importante incremento de los tipos de interés en los últimos tiempos.

Los ministros están de acuerdo en que cuando un país se encuentre en un procedimiento de déficit excesivo (es decir, tenga un déficit superior al 3%) tendrá que hacer un ajuste del déficit estructural del 0,5% cada año. Al inicio de la noche el debate era si este ajuste debía ser sobre el déficit estructural o sobre el estructural primario, es decir, excluyendo los costes de los intereses de la deuda. Alemania y otro grupo de países se negaron a esa segunda fórmula que pedía Francia y que era una manera de suavizar el ajuste en los primeros años, cuando haya que afrontar una refinanciación de la deuda que saldrá muy cara. Esa división continúa después del encuentro, con Países Bajos liderando un bloque de Estados miembros que se oponen a una suavización del ajuste fiscal en los primeros años y que incluyen a Irlanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Austria y, según fuentes diplomáticas holandesas, también a Alemania.

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La fórmula por la que ha apostado la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, y que cuenta con el respaldo de Francia e Italia, es que efectivamente el ajuste sea sobre el déficit estructural, y no sobre el déficit estructural primario, y que sea del 0,5%, sin el margen de maniobra que pedía también París, que pedía que en caso de estar haciendo inversiones se permitiera que ese ajuste fuera algo menos, hasta un mínimo del 0,3%. El truco, según explican fuentes diplomáticas, está en que en el redactado sobre el que se está trabajando se establece que ese ajuste estructural del 0,5% será una "referencia". Y eso, aseguran las fuentes, dará a la Comisión "un grado de flexibilidad" a la hora de interpretar cuánto ajuste estructural debe hacer cada país dependiendo de la sobrecarga que el aumento de los tipos de interés esté generando sobre su cartera, al menos en los primeros años de la aplicación de las nuevas reglas.

Para apuntalar ese margen de interpretación, la presidencia española, con el apoyo de Francia e Italia, ha reflejado esa visión en los considerandos. "En el contexto de un entorno de tipos de interés significativamente modificado y de los retos de inversión de gran alcance en el contexto de la doble transición y los desafíos geopolíticos, la Comisión podrá, durante un período transitorio en 2025, 2026 y 2027 —para no comprometer los resultados positivos efectos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (el Fondo de Recuperación)— tener en cuenta el aumento de los pagos de intereses al calcular el esfuerzo de ajuste dentro del procedimiento de déficit excesivo", señala el texto legislativo. También lo han incluido en el artículo 17, como una provisión transitoria.

Otros puntos

Durante la noche de este jueves al viernes había otros asuntos pendientes, como por ejemplo la eliminación de un tope a la acumulación de multas en caso de incumplimiento. Hasta ahora se establecía un límite en el acumulado de multas situado en el 0,5% del PIB, y ese "tope" se ha eliminado. Las multas serán del 0,05% del PIB del año anterior durante un periodo de seis meses y se pagarán cada medio año. También se debatía la desviación de la senda de gasto neto primario, un asunto sobre el que todavía faltaba fijar cifras concretas. Ahora el texto refleja que la Comisión Europea podrá abrir un expediente a un Estado miembro que se desvíe un 0,5% en un año o un 0,75% durante el plan.

En Bruselas hay debate sobre si estas nuevas reglas fiscales, que buscaban ser más flexibles y fáciles de aplicar que las anteriores, no acabarán siendo más duras y más complejas. Nadie niega que la propuesta original de la Comisión se ha visto "parcheada" para ir cumpliendo con las exigencias de los Estados miembros más ortodoxos, los llamados halcones. Pero Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea a cargo del Euro, sí que ve una suavización, como demuestra la desaparición de la polémica norma de reducción de la deuda una veinteava anualmente, una medida poco realista.

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"No es que sean más duras o menos duras, es que son mejores. Las anteriores no se aplicaban. Queremos unas normas más realistas, que se ajusten a la situación de los Estados miembros y que, por lo tanto, consigan el equilibrio entre la disciplina fiscal, la contraciclicidad y proteger las inversiones", explica por su parte Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno español, el mismo día que ha sido elegida como la próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). "Bueno, al menos tendremos reglas", bromea otra fuente, que considera que el actual Pacto de Estabilidad y Crecimiento sencillamente no se aplicaba.

Las distintas fuentes consultadas, así como varios ministros de Finanzas o el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, se muestran optimistas respecto a un acuerdo, aunque las negociaciones no han continuado este viernes para que los Veintisiete tengan tiempo de analizar los cambios hechos durante la noche de conversaciones y estudiar cómo queda el paquete completo hasta el momento. La principal hipótesis de varias fuentes diplomáticas, pero también de la presidencia, es que hará falta una nueva reunión de ministros de Finanzas después de que se reúnan los jefes de Estado y de Gobierno la semana que viene en Bruselas.

La lógica de la nueva reforma de las reglas fiscales es que la Comisión Europea establecerá una trayectoria técnica del gasto neto primario (que excluye gastos cíclicos como desempleo o intereses, y que se definirá, entre otras cosas, a raíz de un análisis de sostenibilidad de la deuda) y que los Estados miembros tendrán que trazar planes de ajuste a cuatro años, extensibles a siete en caso de que justifiquen que están haciendo reformas e inversiones, que serán negociados con los técnicos comunitarios, dando así a las capitales más control a la hora de diseñar cómo lograr la consolidación fiscal. Todo ello manteniendo los dos pilares fundamentales de la gobernanza económica de la UE, que son los objetivos de un déficit inferior al 3% y de un ratio de deuda pública inferior al 60% del PIB. Toda la serie de reglas que se han ido acordado en el marco de esta negociación se establecen dependiendo de si un Estado miembro se encuentra en el brazo correctivo, es decir, está incumpliendo estas referencias, o si se encuentra en el brazo preventivo.