Nadie sabe qué más competencias se pueden ceder a Cataluña en materia de inmigración

Junts anunció a última hora de este miércoles una serie de compromisos arrancados al PSOE a cambio de su abstención sobre la bocina en la caótica votación de los decretos del Gobierno. El partido de Carles Puigdemont incluyó en su comunicado “la delegación de las competencias sobre inmigración”, un campo de gestión estatal, al menos en su vertiente policial. Esta cesión se produce después de que los independentistas catalanes hayan endurecido sus mensajes en los últimos meses contra los extranjeros en Cataluña. Hace solo unas semanas, la dirección de Junts mostró su apoyo a alcaldes de su partido que defendieron en un acto público la expulsión de los inmigrantes delincuentes reincidentes.

La noticia sobre el acuerdo descolocó a los dos ministerios principales en la materia, como son Interior y Migraciones, que no fueron consultados previamente. “No tenemos la información”, dijo a El Confidencial un portavoz del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska al ser preguntado. “Es un acuerdo que se ha alcanzado entre partidos, aún no sabemos los detalles”, dijeron en la misma línea desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a preguntas de este periódico. A la hora de interpretar el alcance de este pacto se suceden las hipótesis y las dudas.

Por lo pronto, fuentes policiales no ocultan su malestar ante el riesgo de un nuevo paso atrás en su presencia en Cataluña. Junts explicó en su escueto comunicado que este acuerdo con el PSOE se basa en “el artículo 150.2 de la Constitución Española a través de una ley orgánica específica para Cataluña”. “La delegación de esta competencia irá acompañada de los recursos necesarios y permitirá a Cataluña realizar una política integral, para que sea el Gobierno y el Parlamento de Cataluña quienes determinen una política propia, adecuada a las necesidades ya la realidad de nuestro país”, añaden los independentistas.

El citado artículo de la carta magna contempla, efectivamente, que “el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal”. Pero matiza la Constitución “que la Ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado”. Eso quiere decir que el Gobierno tendrá la última palabra sobre el alcance de esta cesión de competencias, lo que aboca el asunto a otra negociación futura entre los dos socios parlamentarios.

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La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, detalló este jueves por la mañana, en una entrevista en el programa El món de RAC1, que también se traspasarán competencias en materia de flujos migratorios y cuestiones lingüísticas para hacer del catalán "un elemento de integración".

Nogueras incidió en que "deberá confirmarse en la ley orgánica", aunque ha detallado que el traspaso "será en materia de documentación o permisos de residencia". "Cataluña debe poder decidir los flujos migratorios. Es importante que la lengua sea un elemento de integración para las personas que llegan a nuestro país", manifestó.

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Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, defendió que Cataluña tenga la capacidad de decidir sobre la expulsión de migrantes multirreincidentes en situación irregular. En una entrevista en Catalunya Ràdio afirmó que "la ley no discutirá qué política migratoria se hará, sino qué instrumentos tendrá la Generalitat para la gestión integral de la migración, [...] con capacidad de decisión en cuestiones como los flujos migratorios o las políticas de integración y lengua", agregó.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, también dijo que este acuerdo se tendrá que materializar con una ley orgánica. "El pacto en esa materia es que vamos a desarrollar una ley orgánica para delegar las competencias en materia de inmigración", reconoce Bolaños en declaraciones a TVE. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habló sobre este pacto asegurando que todavía se tiene que ver "cuál es el alcance". "Hay muchas cuestiones que tienen mucho interés y tendremos que verlo paso a paso", manifestó. Pilar Alegría recalcó en Antena 3 que el compromiso del Gobierno es "trabajar" en una ley orgánica para hacer esta transferencia en inmigración, que tendrá que contar con 176 votos —mayoría absoluta— para ser aprobada, y "ahí veremos los detalles".

La Confederación Española de la Policía (CEP) es uno de los sindicatos históricos del cuerpo y ya ha reaccionado al anuncio mostrando su oposición. Con todo, apuntan a la posibilidad que “podría limitarse a la parcela social y laboral y no a otras con mayor afectación a la actividad policial”. Es decir, que no sería, por ejemplo, sustituir a la Policía Nacional por los Mossos d’Esquadra en la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), sino reconocer otras partidas en materia de integración. “Desde CEP queremos dejar claro que defendemos que el Estado mantenga el ejercicio exclusivo vinculado al estatuto jurídico del inmigrante, especialmente en todo lo relativo a las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador”, sostienen los agentes.

Opinión

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El anuncio también dio pie a todo tipo de especulaciones entre abogados especializados en Extranjería en Cataluña. Si hubiese que tomar como referencia un mínimo denominador entre la multitud de opiniones, sería el que alerta de que esta cuestión “no estaba sobre la mesa hasta ahora porque Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene cedidas competencias en inmigración y su gestión es un caos por falta de recursos, personal e interés”. Apuntan a que puede tener que ver con avanzar en agilizar la burocracia sobre arraigos o reunificaciones. Este campo, al menos en lo que afecta a la parcela laboral, ya fue transferido durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Sin embargo, los resultados más de una década después no son para presumir, según estas fuentes jurídicas consultadas. Advierten de que en Cataluña no hay suficientes funcionarios especializados en Extranjería, ni un presupuesto adecuado, y los trámites son más caros que en el resto de España. La opinión generalizada, como apuntaba la CEP, es que el acuerdo tendrá más que ver con paliar estas carencias que una cesión en la gestión de fronteras o el control sobre la expulsión de los migrantes.

En ocasiones anteriores, desde Cataluña se había pedido ampliar las categorías laborales por las que puede ser aceptado un ciudadano extranjero, pero las fuentes consultadas no obvian que el mensaje de los independentistas, sobre todo los neoconvergentes, ha sido más restrictivo que expansivo en los últimos tiempos. Basta escuchar las palabras hace solo un mes del secretario general de Junts y hombre de confianza de Puigdemont, Jordi Turull. En una entrevista concedida a RAC1 dio su apoyo a los alcaldes de su partido en el Maresme que reclaman al Gobierno español que expulse a los recién llegados que son delincuentes reincidentes.

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"Entiendo perfectamente el llamamiento que hacen estos alcaldes. Están desesperados. Tienen una presión de los vecinos brutal (...). Si alguien da el paso de venir a Catalunya tiene unos derechos y unos deberes", remachó. Se centró en el caso de la localidad de Calella (Barcelona), donde dijo que el problema se centra en las 11 personas recién llegadas que han sido más de 200 veces detenidas y no en los más de 3.000 migrantes que existen en la ciudad.

El partido de Puigdemont ha pasado en tres años de pedir que se cerrasen los centros de internamiento de extranjeros (CIE) a abogar por la expulsión de los inmigrantes. Este giro radical se explica en el miedo a la pérdida de la identidad de buena parte de la Cataluña interior a medida que crece el número de inmigrantes. Entre los expertos en Extranjería consultados no descartan que tras este acuerdo surja un endurecimiento en los criterios de admisión, como el conocimiento de la lengua catalana.

Otro argumento que explica este giro en materia migratoria es que la seguridad en algunos municipios se ha convertido en una bandera política que ha llevado a los partidos independentistas a revisar algunos mensajes. “Si gobernamos en esta ciudad, las funciones propias de seguridad serán de la alcaldía, serán del alcalde", dijo un candidato al bastón de mando por Santa Coloma de Gramanet, Gabriel Rufián.

El portavoz de ERC en el Congreso de los diputados no comparecía con traje y camisa como en Madrid, sino que acudía a sus mítines electorales luciendo un look de estilo militar más parecido al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Prometía "más iluminación y sí, cámaras, cámaras de videovigilancia en los puntos más sensibles de nuestra ciudad, porque, repito, nadie va a jugar con el miedo de nuestra gente", proclamaba. Tanto JxCAT como ERC dan sensación de haber interiorizado que en algunos puntos de Cataluña tiene más fuerza la mano dura que las esteladas.