Fronteras SA: la industria del control migratorio

¿Quién gana con el control migratorio? El Confidencial y la Fundación porCausa han analizado todos los contratos publicados del Gobierno central relacionados con el ámbito migratorio, desde enero de 2014 hasta abril de 2022. Esta investigación abarca 2.795 contratos públicos que suman 981,8 millones de euros. Es solo la punta visible del iceberg. Esto es lo que hemos encontrado.

01.

Negocio fronterizo: ganan los de siempre

En los últimos años, el Gobierno ha reforzado todo el despliegue en materia de control migratorio, desde los buques de acción marítima de la Guardia Civil hasta la red de radares de vigilancia exterior, pasando por la modernización de las vallas de Ceuta y Melilla, equipadas con la última tecnología. En el ‘ranking’ de las compañías más beneficiadas por los contratos del Gobierno en materia migratoria, están algunas de las principales empresas españolas y del Ibex 35. El Grupo ACS (Clece, Cobra y Retevisión -hasta 2018-, entre otros), propiedad de Florentino Pérez y segundo en el ‘ranking’, tiene un porfolio diversificado que abarca desde la organización de campañas de sensibilización en centros de refugiados hasta el despliegue de guardias de seguridad privados en las oficinas de Extranjería, pasando por las luces de seguridad que rodean el puerto de Melilla o el suministro de comidas y la limpieza de centros en los que se interna a migrantes sin papeles.

¿Qué venden las grandes adjudicatarias del Gobierno?

Empresas que más destacan en el ránking tanto por dinero adjudicado por el Gobierno, como por ser conocidas para el gran público y reflejar la variedad de áreas que abarca el control migratorio.

También ocupa un puesto destacado Indra, una de las primeras en sacar provecho del emergente mercado de control migratorio. Indra no solo opera la web de Renfe o diseña aplicaciones como radar Covid, sino que, además, se ocupa del mantenimiento de la red de radares que usa la Guardia Civil para interceptar pateras, la gestión de las cámaras de vídeo de los pasos fronterizos y el suministro de escáneres de huellas y pasaportes para los aeropuertos de Barcelona y Madrid. De los 58 contratos adjudicados a Indra en el ámbito migratorio, 45 estuvieron exentos de concurso público. El grupo Indra tiene más de 52.000 empleados, pero, en varios de esos contratos públicos, figura como ‘pequeña y mediana empresa’, condición que puede favorecer la adjudicación de un contrato. En respuesta a las preguntas de porCausa y El Confidencial, Indra explica que no se postula como pyme en las licitaciones y remiten al órgano de contratación responsable: “Entendemos que se trata de un error”.

Otra empresa que sobresale en el ‘ranking’ es Eulen, enfocada en la gestión de centros de internamiento de extranjeros. También aparecen Air Europa y Air Nostrum, que se ocupan de los vuelos de deportación, o El Corte Inglés, que vende ordenadores, aires acondicionados, colchones, muebles y otros productos destinados a los centros de internamiento de migrantes, las oficinas de Extranjería y otras dependencias del Estado. Esta empresa también participa en la gestión de los ‘radares antimigratorios’ repartidos por la costa española y suministra, incluso, las impresoras de visados que usa el Ministerio de Asuntos Exteriores.

02.

Una industria opaca y desconocida

El control y gestión de las migraciones en España mueve cientos de millones de euros públicos cada año, pero sigue siendo un asunto desconocido para el gran público. Esto se debe en buena medida a la opacidad, tónica habitual en el ámbito migratorio por parte de la Administración pública: seis de cada 10 contratos analizados fueron adjudicados sin concurso público y a menudo no se publican los pliegos ni ningún otro detalle. La cifra incluye los contratos menores, que por defecto no salen a concurso, pero entre los cuales es habitual que se adjudiquen por la cantidad máxima permitida para ir por esta vía. Los periodistas pueden entrar a centros penitenciarios, cuarteles militares, hospitales y otras infraestructuras críticas, pero no a los centros de internamiento de extranjeros y otras dependencias del sistema de control migratorio.

Con la información disponible, a partir de los datos analizados, se puede afirmar que el Ministerio del Interior es el que más dinero adjudica para control migratorio (cinco de cada 10 euros). Pero sabemos que no está todo, por lo que este análisis no puede ser exhaustivo. Con frecuencia, Interior impone el sello ‘confidencial’ a estos contratos alegando razones de seguridad nacional. El ministerio no ofrece cifras estimadas sobre el gasto que destina a control fronterizo. Además, en los últimos años, el Gobierno ha adjudicado contratos millonarios a empresas o entidades privadas que después subcontratan a otras sociedades, lo que se traduce en una capa más de opacidad.

La ley de transparencia reconoce el derecho a solicitar información a cualquier institución pública, pero no a organizaciones privadas. Por ejemplo, las últimas reformas de las vallas de Ceuta y Melilla recaen en Transformación Agraria S.A. (32 millones de euros mediante), que a su vez trabaja con subcontratistas. Transformación Agraria S.A. (Tragsa) no facilita información sobre estas obras ni está obligada a hacerlo. Es la misma lógica que aplicó el Ministerio de Migraciones cuando firmó un convenio con Cruz Roja para que se ocupara del dispositivo de acogida humanitaria y emergencia en el muelle de Arguineguín. Ni Interior, ni Migraciones, ni Cruz Roja facilitan los pliegos de estos contratos.

03.

España, laboratorio del control migratorio

El negocio del control migratorio se hace internacional. España funciona como un laboratorio en el que se prueban nuevas tecnologías, desde drones hasta detectores de pasos, que posteriormente son adquiridos por Estados extranjeros. Cuando el Gobierno de Zapatero decidió instalar concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla, el fabricante de estas alambradas de cuchillas de acero, la malagueña Mora Salazar, apenas era una empresa provincial. Actualmente, Mora Salazar es una multinacional con oficinas en Berlín y exporta concertina a una treintena de países, entre ellos Hungría, Polonia, Turquía y Sudán. Otro de los productos de control migratorio ‘made in Spain’ con amplia proyección internacional es el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), diseñado por Indra y operado por la Guardia Civil. Este sistema ya ha sido adquirido por un amplio número de países, desde Portugal y Rumanía hasta Hong Kong. Interior no facilita los pliegos de contratos del SIVE y asegura que “no ha realizado contratación alguna con la empresa Indra en el ámbito migratorio”.

Lo que comenzó siendo un negocio nacional ha ido creciendo hasta convertirse en una gran industria que atrae a numerosas compañías extranjeras. Ya hay tres empresas foráneas en el top 10 de este mercado. La primera es Babcock, una empresa británica que opera el servicio aéreo de Salvamento Marítimo por 271 millones de euros. Babcock mantiene un modelo de negocio ‘low-cost’ que se traduce en conflictos habituales con su plantilla, según las denuncias de los sindicatos.

En 2019, una investigación publicada en ‘elDiario.es’ reveló que los tres aviones que usa Babcock para realizar rescates en el Mediterráneo estaban volando con los radares rotos. Durante al menos cinco meses, los profesionales de Salvamento Marítimo solo tuvieron sus ojos para localizar pateras a la deriva. El radar tiene un alcance de 30 millas náuticas, mientras que la vista humana solo logra otear dos millas en condiciones de máxima visibilidad. Ese año, murieron al menos 552 personas tratando de alcanzar la costa española a través del Mediterráneo, según datos de la OIM.

Fuentes del ámbito de la seguridad que acceden a hablar bajo anonimato expresan su preocupación y argumentan que Francia es el mejor aliado de Marruecos. Las mismas fuentes coinciden en que existe riesgo de que estas empresas francesas, estrechamente vinculadas al poder político de su país (algo habitual en el sector de la defensa), podrían usar la información de que disponen a favor de terceros Estados, contraviniendo los intereses de España. Thales, ATOS, Inetum y Eiffage no responden a las preguntas formuladas por este medio.

04.

África, la frontera subcontratada

Desde las playas de Senegal es posible vislumbrar el amplio despliegue de la Guardia Civil española en ese país. Los barcos y helicópteros de la Benemérita barren el litoral senegalés día y noche para impedir que zarpen cayucos con destino a Canarias. Esta misma dinámica se extiende también a Mauritania. En el aeropuerto de Dakar, capital de Senegal, es un agente de la Policía Nacional, y no un gendarme senegalés, el que revisa la documentación de los pasajeros antes de embarcar.

El empeño del Gobierno por impedir la llegada de migrantes no se limita a las fronteras físicas españolas, sino que llega a los países de origen y tránsito migratorio. España despliega agentes y efectivos militares para combatir la migración desde África. Además, cada año, el Ejecutivo español gasta grandes sumas de dinero en subcontratar a una larga lista de gobiernos africanos y recompensar a los que más se emplean en reprimir los flujos migratorios. Esta investigación pudo localizar y analizar 236 contratos relacionados con la externalización de control fronterizo por más de 93 millones de euros. Este gasto se hace principalmente a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica (FIIAPP), adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque también participan los ministerios del Interior y de Defensa. A cambio, esos gobiernos africanos, entre ellos varios regímenes autoritarios, ejercen de guardianes fronterizos. La externalización del control migratorio es cada vez más profunda.

Esta investigación pudo localizar y analizar 236 contratos relacionados con la externalización de control fronterizo por más de 93 millones de euros.

Defensa responde que no destina recursos a "proyectos y contratos directamente relacionados con el ámbito migratorio", pero reconoce que, "en determinadas situaciones", las Fuerzas Armadas prestan "apoyo operativo y logístico" en emergencias "de carácter migratorio". Por su parte, Exteriores no facilita los pliegos de 28 contratos solicitados y explica que los proyectos en materia de migraciones de la FIIAPP en Marruecos y otros países de África están financiados por fondos de la Unión Europea. Además, no detalla si España cuenta con mecanismos para evitar que estos productos sean empleados para violar los derechos fundamentales de los migrantes, pero asegura que el país “vela por la garantía y respeto de los derechos fundamentales en el ejercicio de su acción exterior”.

Entre las prebendas y ayudas del Gobierno español a los países que cooperan en la lucha contra la migración irregular hay de todo: vehículos todoterreno, camiones, motocicletas, gafas de visión nocturna, drones, pasamontañas, ordenadores, equipos para interceptar comunicaciones, programas de reconocimiento biométrico, radares, cámaras de vídeo, cascos militares, chalecos antibalas, hangares desmontables, generadores y hasta calcetines. España también suministra entrenamiento, formación y otros servicios para habilitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de esos países en el uso de estas tecnologías.

Los 236 contratos de externalización analizados por El Confidencial y porCausa muestran que Marruecos es uno de los principales receptores de estos productos y servicios. Algunas de las donaciones más costosas de Madrid a Rabat coinciden con momentos de crisis en los que las autoridades marroquíes relajaron el control migratorio.

España emplea una lógica similar con una larga lista de países africanos, entre los que destacan Senegal, Mauritania, Gambia, Mali, Burkina Faso, Argelia, Ghana, Costa de Marfil y Níger, país situado en la encrucijada de las rutas migratorias que atraviesan el 90% de los migrantes de origen subsahariano que tratan de llegar a Europa. Desde 2015, Níger persigue por la vía penal a cualquier persona que esté relacionada directa o indirectamente con los migrantes y restringe el movimiento de personas dentro del país, una medida aplaudida por la Unión Europea.

A finales de los 90, el Gobierno de José María Aznar dio instrucciones al CNI de crear una red de espías e informadores en África que siguieran de cerca el movimiento de migrantes irregulares y las redes de trata. Uno de los agentes del CNI que participó en el diseño de esta red de espías, principalmente en países del Sahel y del África subsahariana, reconoce que, a menudo, las autoridades locales usan la tecnología suministrada por España para perseguir y reprimir a grupos opositores, activistas y ciudadanos críticos con el poder. La misma fuente, que dirigió varias células de informadores durante más de 15 años, asegura que las autoridades españolas están al tanto del doble uso que dan algunos gobiernos africanos a este tipo de dispositivos y productos supuestamente destinados a combatir la inmigración irregular. Un agente de la Guardia Civil con varios años de experiencia en Senegal y Mauritania corrobora la información del agente del CNI. Ambas fuentes piden anonimato para hablar en el marco de esta investigación.

Entre las empresas contratadas por España para suministrar estos productos a países africanos llama la atención Fieldsports Ltd., una tienda de productos de caza y deporte situada en una localidad en el norte de Malta

Entre las empresas contratadas por España para suministrar estos productos a países africanos llama la atención Fieldsports Ltd., una tienda de productos de caza y deporte situada en una localidad en el norte de Malta. Desde 2020, esta pyme ha facturado más de cuatro millones de euros al Ministerio de Asuntos Exteriores a través de 21 contratos para suministrar vehículos, uniformes militares, gafas de visión nocturna, drones, repetidores y tecnología de telecomunicaciones.

Fieldsports es una de las empresas que aparecen en los papeles del Paraíso. Su director, James Fenech, está siendo investigado en Malta por haber violado supuestamente el embargo internacional sobre Libia en plena guerra. Según los diarios ‘Malta Today’ y ‘Times of Malta’, Fenech habría suministrado, entre otros, embarcaciones semirrígidas que habrían sido utilizadas por mercenarios extranjeros afines a Gadafi para huir de Libia. En respuesta a esta investigación, Fieldsports niega trato de favor por parte del Gobierno español y matiza que su director, James Fenech, está siendo investigado por su rol en la empresa Sovereign Charterers Limited. El Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que “efectúa las comprobaciones pertinentes” antes de adjudicar contratos y destaca que Fieldsports “no se encuentra en ninguna de las Bases de Datos” de prevención de blanqueo de capitales, financiación de terrorismo y paraísos fiscales.

05.

Obsesión por la frontera sur

España cuenta con un ministerio para las Migraciones, pero la gestión migratoria es prácticamente un monopolio del Ministerio del Interior. Al igual que sus predecesores, el ministro Marlaska y su equipo conciben la migración como un problema que pone en peligro la seguridad de España. El reparto de funciones y competencias produce fricciones con frecuencia entre Escrivá y Marlaska, ambos ministros socialistas.

El Gobierno, con Interior a la cabeza, se esfuerza por reforzar el perímetro fronterizo a cualquier precio —especialmente en la frontera sur—, que consume ocho de cada 10 euros adjudicados por el Ejecutivo central para control migratorio. El dato contrasta con otra realidad: en España, ocho de cada 10 personas migrantes sin papeles proceden de América Latina y trabajan en puestos esenciales, especialmente en el sector de los cuidados, atendiendo a ancianos y a niños. Estas personas —la mayoría, mujeres— acceden al país con visado de turista, sobre todo a través de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Preguntado al respecto, Interior responde que “la idea de rodear con una frontera terrestre los aeropuertos internacionales es una insensatez”.

El Gobierno, con Interior a la cabeza, se esfuerza por reforzar el perímetro fronterizo a cualquier precio —especialmente en la frontera sur—, que consume ocho de cada 10 euros adjudicados por el Ejecutivo central para control migratorio

El 18 de mayo a medianoche tuvo lugar la reapertura de la frontera en Ceuta y Melilla tras más de dos años cerradas a cal y canto. Quienes hicieron cola para reencontrarse con sus familias pudieron ver algunas pinceladas de la llamada “frontera inteligente”, uno de los negocios más prometedores para la industria del control migratorio. La frontera del futuro toma forma en estos dos enclaves españoles. España es la avanzadilla de la Unión Europea, que a mediados de 2020, en plena pandemia, aprobó un gasto de más de 300 millones de euros para implementar estas "fronteras inteligentes" en el perímetro exterior europeo.

Interior lleva varios años destinando recursos y guarda con celo los detalles. Este sistema incorpora tecnología punta de inteligencia artificial, con lectores biométricos, cámaras de última generación e, incluso, drones con los que la Guardia Civil ya localiza y persigue a migrantes que tratan de acceder de forma irregular. Quienes asistieron a la reapertura de la frontera de Ceuta pudieron escuchar el zumbido de los drones Matrice 300 RTK que usa la Benemérita en las dos ciudades autónomas. Más de 50 colectivos alertan de los riesgos que entraña la “frontera inteligente” para los derechos fundamentales de las personas migrantes y transfronterizas. El Ministerio del Interior asegura que la puesta en marcha de la “frontera inteligente” es una decisión de la Unión Europea, que trabaja para “conjugar el respeto a los derechos individuales con la mejora de la protección del territorio europeo frente a las actuales amenazas”.

06.

Un negocio para todos

El negocio que emerge de las políticas migratorias de España no solo abarca grandes infraestructuras y tecnología avanzada. Es en los detalles más triviales e insospechados donde pequeños y medianos empresarios obtienen su mayor cuota de mercado, a veces con prácticas cuestionables.

Albie, una empresa "especialista en comidas para colegios", suministra alimentos en varios centros de internamiento de extranjeros. Es la misma empresa que prestó mantenimiento, limpieza y comida para el CIE de Fuerteventura durante varios años, hasta que una investigación de porCausa y El Confidencial reveló que ese centro llevaba vacío cinco años. Albie facturó más de medio millón de euros en ese tiempo sin prestar ningún tipo de servicio.

Tras la publicación de esta información, el Ministerio del Interior cerró el CIE de Fuerteventura. Desde entonces, esta misma empresa ha facturado a la Policía Nacional más de 13 millones por el suministro de comida para otros CIE, sobre todo en Canarias. La empresa Alonso Hipercas, mencionada al principio de este especial, vende al Estado la comida que se sirve en el CATE de Cartagena. La Guardia Civil asegura que ese CATE está cerrado y no tiene siquiera fecha de apertura prevista. El año pasado, Alonso Hipercas facturó más de 35.000 euros al Ministerio del Interior por "diversos suministros y servicios" para el CATE de Cartagena. Interior le adjudicó este contrato sin concurso público. El ministerio que lidera Fernando Grande-Marlaska no facilita los pliegos, pero asegura que este CATE está “completado y listo, pero pendiente de un trámite administrativo por parte del Ministerio de Defensa” y afirma que estos contratos “están siendo utilizados en las instalaciones provisionales habilitadas en el puerto de Cartagena”.

07.

¿Un modelo roto?

"Somos un país que siempre ha defendido la migración regular y ordenada", respondió Pedro Sánchez recientemente a preguntas sobre la última tragedia en la frontera de Melilla. Sobre el papel, la política migratoria española tiene por objetivo evitar las entradas no permitidas, facilitar la llegada segura de quienes tienen permiso para trabajar y salvaguardar la defensa de los derechos fundamentales de los migrantes. El análisis de los contratos destinados a la gestión migratoria dibuja un modelo alejado de esos intereses, en el que la gestión de las fronteras españolas queda, en ocasiones, en manos de gobiernos no democráticos y un reducido número de actores privados. Un grupo de 20 empresas recibe seis de cada 10 euros del erario público destinados a impermeabilizar fronteras, de acuerdo la investigación realizada por El Confidencial y porCausa a partir de la información pública disponible a nivel nacional [vea la metodología].

Las proyecciones de Naciones Unidas señalan que en los próximos 30 años la población en edad de trabajar en España caerá al 50%. Diversos economistas, investigadores, organizaciones patronales y ONG alertan de la necesidad de poner en marcha políticas de gestión migratoria para, entre otros, hacer frente a la baja natalidad y el envejecimiento progresivo de la sociedad española. Actualmente, residen en España unas 500.000 personas extracomunitarias sin papeles, de las que 147.000 son menores de edad. El número de migrantes que llegan a España por vía irregular —y el número de personas que mueren en el intento— sigue creciendo. En paralelo, el Ejecutivo aumenta el gasto público destinado a control migratorio, favoreciendo así la consolidación de la industria antimigratoria.

No respondieron a ninguna de las preguntas formuladas por Fundación porCausa y El Confidencial el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Fomento), Grupo ACS, Tragsa, Cruz Roja, Babcock, Thales, ATOS, Inetum, Eiffage, Alonso Hipercas y Albie.