La 'operación retorno' de empresas a Cataluña abre otro frente territorial al PSOE

La posibilidad de habilitar un plan específico de apoyo al retorno a Cataluña de empresas que mudaron su sede social por el procés soberanista en 2017 va camino de abrir otro frente de desgaste territorial al PSOE. La presión de Junts para que el Gobierno tome medidas que faciliten el retorno, incluso recurriendo a sanciones o multas, y la respuesta del Ministerio de Industria, que apuesta por la vía de los "incentivos" y no "las coacciones", han tenido una enérgica respuesta por parte de los presidentes de autonomías que fueron receptoras de esas sedes.

Tanto el jefe del Consell de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, como su colega en Aragón, Jorge Azcón, ambos del PP, han anunciado la interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional si el gabinete de Pedro Sánchez pone en marcha medidas que puedan privilegiar el trasvase de empresas de unos territorios en favor de otros. La Comunidad de Madrid, presidida por la también popular Isabel Díaz Ayuso, está a la espera de conocer el contenido del posible plan para anunciar eventuales medidas ante lo que ya califican de "despropósito".

Las tres autonomías fueron las principales receptoras de sociedades que optaron por mudarse en busca de un entorno más favorable a sus intereses durante el momento más álgido de la reivindicación independentista. Madrid fue el destino más elegido por las cerca de 1.500 sociedades que cambiaron de domicilio social, aunque no necesariamente operativo o de unidad productiva.

Allí recalaron firmas como Gas Natural, Agbar, Servihabitat, Zurich, Abertis, Colonial, Cellnex o Catalana Occidente, todas con gran parte de su negocio fuera de Cataluña. Las dos principales entidades financieras de raíz catalana, las muy emblemáticas CaixaBank y el Banco de Sabadell, eligieron Valencia y Alicante, respectivamente, sedes originales de entidades como el Banco de Valencia o la Caja del Mediterráneo, absorbidas durante el proceso de consolidación forzado por la crisis de las hipotecas subprime. Pangea Oncology o MGS Seguros prefirieron marcharse a la más cercana Zaragoza.

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Algunos de estos cambios de domicilio han tenido efectos más simbólicos que reales. Pero han sido interiorizados social y políticamente por los territorios receptores, que recibieron con los brazos abiertos a las empresas en aquel momento. Madrid estaba entonces, como ahora, gobernada por el PP. Tanto la Comunidad Valenciana como Aragón, fronterizos con Cataluña, contaban en esas fechas con gobiernos de coalición de izquierdas liderados por los socialistas.

Las urnas dictaron un cambio político el pasado 28 de mayo en favor de nuevas mayorías del Partido Popular con apoyo de Vox. Mazón y Azcón no han tardado en salir al ruedo a defender la permanencia de las sedes y anunciar posibles recursos ante el Tribunal Constitucional. “Querer primar unas comunidades sobre otras es ilegal”, advertía el presidente aragonés el martes en declaraciones recogidas por Heraldo. “Los servicios jurídicos harán todo lo posible para que se cumpla la legalidad y que esas empresas puedan elegir libremente dónde se instalan”, avanzaba.

En la misma línea se expresaba este miércoles Carlos Mazón, que aseguraba haberse puesto en contacto con los responsables de las principales corporaciones y que había recogido su impresión de que no deseaban modificar sus razones sociales. "Todas las grandes entidades trasladan la satisfacción y la confianza en la Comunidad Valenciana y el deseo de mantenerse", señaló, acusando a Junts de "extorsión" a las empresas con su propuesta de habilitar sanciones si se niegan a regresar. El barón popular anunció además un plan de ayudas y "estabilización" para contrarrestar el que prepara el Gobierno para incentivar los retornos.

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Los movimientos del PSOE y el ministro de Industria, el catalán Jordi Hereu, buscan contentar a sus muletas parlamentarias y, probablemente, también puedan beneficiar electoralmente al PSC, pero van camino de tener un efecto político negativo para los intereses de las siglas socialistas fuera de Cataluña.

Esto explica la posición frontal de rechazo a las medidas de presión a las empresas que expresa el presidente de la Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. "Nosotros no tenemos culpa de que el independentismo espante a las empresas", señalaba el dirigente socialista de un territorio que apenas recibió traslados de compañías, pero que ejerce de detector de alertas en votantes potenciales del PSOE contrarios a las cesiones a los nacionalistas.

Aunque tiene lógica que en un escenario de normalización indefinida en Cataluña pudiera darse el contexto para la vuelta de las empresas, la percepción en autonomías fronterizas como la Comunidad Valenciana o Aragón es la de introducción de un nuevo elemento de agravio en los pactos del Gobierno con las formaciones independentistas. Desde Valencia, Sevilla o Murcia, se miran con lupa los pasos que el Ministerio de Hacienda está dando en los acuerdos con ERC o Junts en materia de condonación de deuda con el Estado, financiación autonómica o traspasos de competencias. Y eso que todavía no ha comenzado formalmente la negociación de los presupuestos generales del Estado (PGE).

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Un plan específico que favorezca la implantación de empresas en un territorio con respecto a otros, además de generar muchas dudas sobre su legalidad, tendrá una respuesta contundente de los barones del PP. En el caso valenciano, también las formaciones de la oposición de izquierdas de PSPV-PSOE y Compromís han cerrado filas en favor de la permanencia de las sedes, al igual que la patronal CEV y la Cámara de Comercio de Valencia, que apelan a la libertad de movimiento de capitales y piden que no se presione a los empresarios.

Lo cierto es que ninguna de las grandes empresas que decidieron mudar sus sedes sociales o fiscales fuera de Cataluña en busca de mayor seguridad jurídica e imagen de estabilidad para sus clientes ha hecho por ahora un pronunciamiento sobre un posible regreso. Al contrario, el mensaje que se traslada es que no hay necesidad de cambio. Las más emblemáticas, las entidades financieras CaixaBank o el Banco de Sabadell, que eligieron la Comunidad Valenciana, han interiorizado ya el nuevo statu quo societario. Tampoco otras entidades y empresas como Banco Mediolanum, Idilia Foods y MRW Pirelli Neumáticos, en el caso valenciano, han expresado la intención de corregir su decisión de 2017. Lo mismo vale para Catalana Occidente, Colonial, Bimbo, Abertis o cualquiera de las sociedades que eligieron Madrid. Nadie ha hecho amago de moverse por ahora.

La posición coercitiva de Junts, pese a no ocupar ninguna responsabilidad de gestión en la Generalitat catalana, que preside el republicano Pere Aragonès, puede tener justo el efecto contrario al que buscan. El artículo 9 de la ley de sociedades de capital indica que las empresas deben tener su sede en el lugar donde se ubica la mayor parte de su negocio. Los de Carles Puigdemont quieren una reforma de la norma que refuerce esa idea, introduciendo incluso posibles sanciones. Pero fuentes empresariales consultadas por El Confidencial coinciden en que el mensaje punitivo que trasladan los posconvergentes no es precisamente business friendly ni favorable a la reconciliación. Esa posición imperativa es justo lo que menos gusta a los empresarios y explica el alejamiento cada vez más patente del grueso de la burguesía catalana representada por Foment del Treball o el Cercle d'Economia con las posiciones de Junts y el independentismo más irredento.